El juez que investiga la gestión de la Generalitat Valenciana en el caso de los abusos sexuales a la menor tutelada efectuados por Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, ha pedido información sobre las personas que residían en la vivienda de la líder de Compromís en 2017.
Según consta en la documentación incluida en el sumario, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado se ha dirigido al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, municipio valenciano en el que reside Oltra, para que facilite con la mayor brevedad posible, datos del padrón municipal.
En concreto, el juzgado ha pedido "certificado de las personas empadronadas en el domicilio (...) en el año 2017". Ese año la víctima, una menor en situación de desamparo y tutelada por la Administración valenciana, denunció los abusos. La Conselleria de Igualdad ordenó la apertura de una investigación interna que concluyó que su relato no tenía credibilidad. Las acusaciones mantienen que Oltra intentó ocultar el caso y que el asunto no llegara a juicio.
Además, el juzgado también ha solicitado al centro de acogida Niño Jesús, donde residía la menor y se produjeron los hechos, "copia del expediente personal de Luis Eduardo Ramírez, quien trabajaba en dicho centro como educador".
En este caso no se investigan los abusos porque el exmarido ya ha sido juzgado y condenado a cinco años. Su ingreso en prisión está pendiente de un último recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
Esta investigación trata de determinar si el departamento de Oltra ocultó el caso y montó una investigación "parajudicial", según estimó la Audiencia de Valencia, para restar credibilidad a su testimonio. Y ahora el juzgado quiere saber si Ramírez estaba empadronado en la misma casa de Oltra mientras se instruía la investigación interna en paralelo a la del juzgado.
Durante una comparecencia en las Cortes valencianas, la dirigente valenciana afirmó que se enteró de los hechos en agosto de 2017, después de que llegase una notificación a su casa por su relación sentimental con el monitor denunciado.
El juez Vicente Ríos está dirigiendo una investigación profunda y exhaustiva para que no quede ninguna duda. Es la investigación más destacada de la legislatura en Valencia. Con una extensa y exitosa experiencia en asuntos de interés público, el instructor ha interrogado a los investigados por las tardes para agilizar las diligencias y se ha dirigido a medios de comunicación para recopilar las últimas declaraciones públicas de Oltra sobre el caso.
El juzgado abrió esta investigación tras una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la menor, Maite Tanco, representada en el procedimiento judicial por el líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto.
En un primer momento, el juez archivó las diligencias y la Fiscalía se sumó a la decisión al considerar que, al no ser firme la sentencia de los abusos por estar pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo, no era el momento de acordar las citaciones.
En cambio, la Audiencia de Valencia anuló la decisión y pidió al juez que iniciara las pesquisas sin más dilaciones. El Tribunal concluyó que los trabajadores de la Administración valenciana "victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ad hominen y ataques personales" con la investigación paralela. Vox se ha sumado como acusación popular.
Esposada a juicio
En la causa figuran 13 personas investigadas, entre altos cargos y funcionarios. El juez, con el apoyo de la Fiscalía, ha rechazado archivar las imputaciones, tal y como han solicitado varias de las defensas, entre ellas la de Carmen Fenollosa, la actual directora territorial de la Conselleria de Igualdad en Valencia.
La víctima, Maite Tanco, también se ha opuesto al archivo y por primera vez ha señalado en sede judicial a las personas que a su juicio son responsables de haber llegado esposada a la sala de vistas pese a ser la víctima.
Según afirma en su escrito de alegaciones, Fenollosa podría estar detrás de "la orden de conducción de la menor esposada al juicio". La decisión "se realizó contraviniendo las propias instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los traslados de menores", recuerda la víctima.
Extracto del escrito de alegaciones presentado por Maite.
Maite llegó engrilletada y custodiada por la Policía de la Generalitat a la Ciudad de la Justicia de Valencia pese a figurar como víctima en este procedimiento. La presidenta del tribunal, avergonzada y visiblemente molesta, tuvo que disculparse ante ella por la gravedad de los hechos.
El tribunal remitió un informe a la Audiencia que fue elevado a la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El informe se entregó a la Generalitat y se abordó en la comisión provincial de seguridad para que hechos como este no volvieran a suceder.
Los agentes formaban parte de la Policía Adscrita a la Generalitat y la consellera de Justicia y Gobernación, la socialista Gabriela Bravo, encargó un informe para esclarecer qué sucedió. La investigación interna determinó que la menor fue esposada por riesgo de fuga, pues había amenazado con marcharse en varias ocasiones.