El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha iniciado esta semana la investigación que deberá determinar si hubo responsabilidad penal en la gestión de la denuncia por abusos sexuales que presentó una menor tutelada contra el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra. Las diligencias comprometen su futuro político.
Es un caso que irá por separado y en paralelo al de la expareja de Oltra, pues la Justicia ya ha condenado a Luis Eduardo Ramírez a cinco años de cárcel y ha considerado que son hechos distintos. Es decir, por una parte están los abusos sexuales y, por otra, la actuación de la Conselleria de Igualdad, que dirigía y dirige Oltra, ante la denuncia de una menor en situación de desamparo. El ingreso en prisión de Ramírez está pendiente de un último recurso que su defensa ha presentado ante el Tribunal Supremo para anular la condena.
Luis E. Ramírez, condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor.
La vicepresidenta valenciana queda señalada por los jueces y la Fiscalía de Menores por cómo procedió su departamento ante los abusos sexuales de su exmarido. El condenado ha reconocido que le hacía masajes, pero siempre ha negado los abusos. Estas nuevas diligencias acaban de arrancar y el juzgado quiere escuchar en primer lugar a los cargos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que participaron en el expediente. Hay ocho personas imputadas en total.
Los fallos
La denuncia inicial la presentó la joven tutelada, hoy en día mayor de edad, después de que los jueces alertaran de que los informes encargados por Igualdad sobre este asunto "podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat".
En este caso todo falló desde el principio. Lo primero que quiere averiguar la Justicia es por qué llegó la niña esposada al primer juicio si era la víctima, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a EL ESPAÑOL. Y es que la menor, lejos de ser protegida o asesorada jurídicamente, llegó custodiada y engrilletada por la Policía. La presidenta del tribunal, avergonzada y visiblemente molesta, tuvo que disculparse ante ella por la gravedad de los hechos.
El tribunal remitió un informe a la Audiencia que fue elevado a la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El informe se entregó a la Generalitat y se abordó en la comisión provincial de seguridad para que hechos como este no volvieran a suceder.
Los agentes formaban parte de la Policía Adscrita a la Generalitat y la consellera de Justicia y Gobernación, la socialista Gabriela Bravo, encargó un informe para esclarecer qué sucedió. La investigación interna determinó que la menor fue esposada por riesgo de fuga, pues había amenazado con marcharse en varias ocasiones.
No obstante, dos años después del primer juicio, sigue sin aclararse por qué los responsables del centro de reforma en el que permanecía ingresada en régimen de semilibertad no avisaron de que acudía a un juicio en calidad de víctima. Y aún así, los menores solo pueden ser imputados ante juzgados especializados y nunca pueden serlo ante una Audiencia Provincial, algo que necesariamente deberían conocer los agentes que condujeron a la menor esposada.
La joven que denunció los abusos, hoy en día mayor de edad.
Durante el traslado, la niña estuvo acompañada por una trabajadora del centro que tampoco dio ninguna instrucción en este sentido. Hasta el día del primer juicio, la menor no recibió asesoramiento por parte de la Oficina de Víctimas del Delito de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Pero más allá de error policial, estas fuentes matizan que los responsables de la tutela sobre la menor, que en último término depende de la Conselleria de Oltra, tampoco ejercieron su responsabilidad informando debidamente a los agentes y dando un mejor acompañamiento a la menor, sobre todo, tratándose de una niña en situación de desamparo y gran vulnerabilidad.
La chica ha pasado prácticamente toda su vida en centros de acogida, una circunstancia que le ha hecho sentirse insegura y desconfiada, reconocen fuentes de organizaciones sociales consultadas por este periódico.
Investigación "parajudicial"
Hay un segundo aspecto trascendental que deberá determinar la investigación que ahora arranca: por qué no se dio antes traslado a la Fiscalía.
Mónica Oltra reconoció "errores" durante su comparecencia monográfica sobre este asunto en las Cortes Valencianas. La líder de Compromís lo achacó a la herencia recibida del PP. "El error era el propio protocolo. El error fue la inercia de una forma de actuar durante décadas", aseveró.
En este sentido, Oltra defendió que la dirección política de la Conselleria de Igualdad no puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía entre febrero de 2017 (cuando denunció la menor) y junio (cuando dio traslado a la Policía) porque no los conoció hasta el 4 de agosto, fecha en la que recibió una notificación judicial en su casa por la relación sentimental que mantenía con el monitor denunciado.
Pero la investigación profundizará en este aspecto tras constatar que se puso en marcha una investigación "parajudicial" desde la Conselleria que, al parecer, desmontaba el testimonio de la víctima. Por ello, han indicado fuentes de la investigación, ahora se deberá indagar en la inaplicación de los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores, así como el incumplimiento de su deber de custodia y denunciar los delitos que afecten a menores tutelados.
En un primero momento, el juzgado archivó el caso después de que la Fiscalía pidiera esperar a que la sentencia contra el exmarido de Oltra fuese firme. Pero la Audiencia de Valencia corrigió la decisión y pidió poner en marcha la investigación sin esperar a que se resuelva el recurso porque se abordan hechos diferentes.
Primeras citaciones
Por el momento, el juez ya ha citado a declarar como investigadas a ocho personas. Los investigados en estas diligencias son las directoras territoriales de la Conselleria de Igualdad en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos; una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria; una funcionaria que instruyó una información reservada sobre los abusos; y una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales. También han sido citadas la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
Las declaraciones han sido señaladas para los días 28 de febrero, 2 y 3 de marzo. Entre las personas investigadas figuran Isabel Serra, a quien Mónica Oltra fichó para su partido, Iniciativa, y figuró como candidata en la lista que presentó Compromís en Xàtiva (Valencia) en las municipales de 2019.
Isabel Serra, en el cartel electoral que presentó Compromís en Xàtiva en 2019.
La investigación marcará inevitablemente los pasos que dará a partir de ahora la líder de Compromís y su futuro como referente político. Oltra se ha defendido esta semana asegurando que se trata de una denuncia de la "extrema derecha" porque la joven está siendo asesorada por José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000. En su defensa, Oltra insiste en que es víctima de una cacería de "la extrema derecha".
Lo cierto es que el líder de España 2000 ha sido señalado en los últimos años por iniciar una persecución contra la vicepresidenta valenciana. El grupo que dirige Roberto organizó un escrache, con varias personas ataviadas con capuchas y máscaras de la película Scream, frente al domicilio de Oltra. La dirigente presentó una denuncia, pero los autores resultaron absueltos al considerar que, aunque se extralimitaron, no amenazaron a la vicepresidenta.
Al margen de la investigación penal, la víctima también pide una indemnización de 240.000 euros por los errores que la propia Administración valenciana ha reconocido. Los grupos de la oposición siguen reclamando responsabilidades a Oltra y han pedido de nuevo esta semana al presidente Ximo Puig que aparte a la dirigente de Compromís hasta que se resuelvan la investigaciones. Por el momento, Mónica Oltra cuenta con el silencio de los socialistas y el apoyo de Unidas Podemos.