Los sanitarios que trabajaron en primera línea en la pandemia de la Covid han llevado a la Generalitat Valenciana a los tribunales para exigir la indemnización que prometió el Gobierno de Ximo Puig para compensar el esfuerzo realizado. El impago de la paga prometida afecta al colectivo de enfermeros, médicos, fisioterapeutas y psicólogos clínicos.
En total, alrededor de 2.400 sanitarios están reclamando la gratificación completa o la parte que ha retirado por cobro indebido el Gobierno autonómico, según han apuntado fuentes sanitarias a EL ESPAÑOL. El Gobierno valenciano aprobó destinar hasta 43,7 millones de euros al reparto de esta paga extraordinaria, una cantidad muy por debajo, por ejemplo, de los 140 millones que percibirán los sanitarios catalanes.
El dinero iba dirigido a quienes habían estado en primera línea de contención de la pandemia en hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana. En cambio, más de dos años después del primer estado de alarma, muchos sanitarios valencianos siguen a la espera de que la Conselleria de Sanidad la abone.
El argumento de la Administración valenciana para no realizar el ingreso es que hay sanitarios que no cumplían los requisitos para cobrar la gratificación. En otros casos, la Generalitat ha reclamado parte de la paga después de ingresarla por los días en los que estaban obligadas a descansar por el plan de contingencia que estableció Sanidad para responder al crecimiento de casos que impedía encadenar turnos.
En cambio, los afectados por esta decisión aseguran que trabajaron en primera línea en 2020. Respecto a los días que descansaron, defienden que es la Conselleria la que obligaba al descanso de los profesionales para evitar contagios entre ellos y que las plantillas mermaran. Muchos sanitarios han recibido una notificación del Gobierno valenciano comunicándoles que recibieron el dinero por error.
El conflicto
El conflicto ha surgido a raíz de que la Conselleria de Sanidad determinara qué profesionales debían recibir la gratificación por trabajar durante el estado de alarma en áreas de críticos, Urgencias, Neumología, Medicina interna y los servicios de Emergencias sanitarias, además de Medicina preventiva, microbiología, Radiología o riesgos laborales. Desde el Colegio de Enfermería de Valencia ya han anunciado que apoyarán "cobren todas las colegiados que tengan derecho a ello".
Los sanitarios están impugnando ahora la resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se resuelven los recursos interpuestos contra la resolución inicial que repartió la compensación extraordinaria.
Al tratarse de un asunto que afecta a diversos partidos judiciales porque las demandas proceden de profesionales que trabajan en las tres provincias valencianas, varios juzgados pidieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que aclarase qué órgano judicial era el competente para revisar esta decisión de la Conselleria. Finalmente, el TSJ-CV ha acordado que los sanitarios puedan reclamar el dinero de manera individual ante los tribunales en cuya circunscripción tengan establecido su domicilio, según consta en el auto.
El anuncio
En 2020, Puig anunció a bombo y platillo un reforzamiento de la sanidad valenciana y una compensación económica para sanitarios y personal sociosanitario. Valencia se convertía en una de las primeras autonomías que valoraba el esfuerzo de los sanitarios que estuvieron en primera línea en la oleada inicial de la covid-19.
Puig subrayó entonces que se trataba de un "gesto, un símbolo, un acto de reconocimiento a quienes se han dejado la piel por la vida de los otros". Tras el anuncio, los sindicatos calificaron la paga de "discriminatoria" porque no preveía a empleados de hospitales concertados y privados, ni al personal de segunda línea como limpiadoras o seguridad. La izquierda valenciana destinó 43,7 millones de euros.
La cuantía que iba a percibir cada persona debía ser proporcional al tiempo efectivo trabajo durante ese tiempo y en función de cada categoría profesional y de exposición al riesgo. También se iba a computar el tiempo transcurrido en situación de incapacidad temporal a causa de la Covid-19, bien por resultado positivo o en aislamiento por contacto. Por lo tanto, la cuantía final ha sido diferente para cada sanitario.
Diversas organizaciones sindicales y colegios profesionales han denunciado que la medida ha carecido de criterios mínimos de reparto y ha dado lugar a situaciones de agravio comparativo entre el personal. En este sentido, han considerado que el Gobierno valenciano "no planificó el reparto" y que la cantidad final asignada "se ha demostrado claramente insuficiente".
Pleitos pendientes
El reparto de esta asignación económica no es el único asunto que ha enfrentado en los tribunales a los profesionales y la Sanidad valenciana. El recurso que ha presentado la Generalitat Valenciana contra las sentencias por no suministrar material de protección ha roto todos los puentes con el sindicato médico al acusarles de robo.
La sentencia, la primera que se dictó sobre este asunto en España, obliga a la Administración valenciana al pago de cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros tras estimar parcialmente la demanda presentada por el sindicato médico CESM.
El juzgado concluyó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, el personal sanitario "solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios" y que "las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables" de cada centro.
En cambio, la Abogacía de la Generalitat ha trasladado en su recurso que el material de protección estaba custodiado bajo llave porque se "estaba sustrayendo ante el pánico que había en el personal sanitario por la pandemia".