El PSPV-PSOE abonó más de 100.000 euros en gastos de la campaña electoral de Unión Valenciana (UV) en 2007, una formación cuyos dirigentes acabaron integrados en el PP, a través de una empresa interpuesta, Gigante Edificaciones y Obras SL.
El encargo lo realizó Paco Martínez, entonces gerente de los socialistas valencianos, y el trabajo lo ejecutó la empresa Kay SA, con sede en Sevilla. La factura total ascendió a 102.080 euros y sirvió para financiar los actos de campaña de este partido regionalista.
Así consta en el sumario del caso Azud, la causa que ha investigado el reparto de hasta 7 millones de euros entre cargos del PP y el PSOE en Valencia por parte de la trama liderada por el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
Los responsables de la empresa Gigante fueron detenidos durante de la segunda operación policial, desarrollada en mayo del año pasado. Ambos fueron puestos en libertad provisional y se les retiró el pasaporte. El secretario general del PSPV-PSOE y candidato a presidente de la Generalitat Valenciana era Joan Ignasi Pla.
Con la operación, los socialistas promocionaban un partido valenciano que podía robar votos al PP y debilitar la figura del expresidente autonómico, Francisco Camps. El dinero sirvió para reforzar la campaña de la propaganda repartida casa por casa, pero los resultados de Unión Valenciana no fueron los esperados.
El encargo
En el último año, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han interrogado en calidad de testigos a los responsables de la empresa que desarrolló trabajos para Unión Valenciana a petición de los socialistas.
Uno de ellos aseguró que "una vez recibido el encargo, él se dio cuenta de que este buzoneo de refuerzo era relativo a la campaña de Unión Valenciana" y que "para el desarrollo de los trabajos encargados por Paco Martínez, dado el volumen y la premura en la prestación de los servicios, por parte de Key se tuvo que subcontratar" a otra sociedad.
Factura con los gastos de Unión Valenciana por trabajos encargados por el PSOE.
Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, una vez efectuados los trabajos, la empresa "tuvo problemas para cobrar, habiendo mantenido a este respecto varias conversaciones con Paco Martínez, el cual le comunicó que estos servicios se iban a facturar un tercero, el cual se trataba de una sociedad", Gigante Edificaciones y Obras. Los datos de la facturación los facilitó el propio PSPV-PSOE y los empresarios proceden de Tomelloso.
Ante la Guardia Civil, la empresa que desarrolló los trabajos puntualizó que "solo se le dijo que tenía que facturar a otra empresa para cobrar el trabajo realizado, y que se le manifestó cuando ya había pasado la campaña electoral y cuando el declarante pidió su cobranza".
En este sentido, la empresa trasladó su extrañeza. "Creía que iba a facturar al PSPV-PSOE, que es para quien había trabajado, y se encontró con que le dijeron que facturara a otra empresa, la tal Gigante". La empresa finalmente cobró "sin problemas y no tuvo que hablar con nadie ni conoció a nadie de esa empresa Gigante". Además, insistió en que fue el PSPV-PSOE el partido que ordenó facturar a través de un tercero.
Financiación irregular
El levantamiento parcial del secreto de sumario de este caso, acordado la semana pasada, ha aflorado supuestas irregularidades en la financiación de los dos grandes partidos en Valencia, PP y PSOE. Ahora se ha conocido que una de las empresas del sector de la construcción investigadas también abonó trabajos electorales de Unión Valenciana, aunque en este caso a petición de los socialistas.
Unión Valenciana fue un partido valenciano regionalista. Sus mayores apoyos los obtuvo tradicionalmente en la provincia de Valencia y, aunque no se formalizó su disolución, desde 2011 está integrado en el PP. Es la primera vez que este partido aparece en un sumario abierto por supuesta corrupción.
Los investigadores sospechan que el PSPV-PSOE buscaba con la maniobra debilitar al PP. Pero no obtuvo ningún resultado, pues los regionalistas se hundieron y acabaron absorbidos por el PP de Francisco Camps. En 2007, el líder de Unión Valenciana era José Manuel Miralles, quien tiempo después fue nombrado director general de la Generalitat Valenciana.
Igualmente, el sumario también sitúa en el entramado a Pere Mayor, antiguo líder del Bloc Nacionalista Valencià (BNV), la formación soberanista y mayoritaria de la coalición Compromís. El exlíder del Bloc -el partido se llama ahora Més Compromís- habría actuado de conseguidor, según las diligencias, aunque los hechos que le son imputables ya habrían prescrito.
Entre los investigados se encuentran, además de miembros de la familia Barberá -cuñado, hermanas y sobrinas- el exvicealcalde de Valencia con el PP, Alfonso Grau; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fue jefe de los servicios jurídicos de la empresa Imelsa, José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona, Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer o Carlos Turró, de la constructora Cleop.
Vera, el conseguidor
Además de la familia Corbín-Barberá, una pieza clave en este caso es el dirigente socialista José Luis Vera, quien también fue magistrado en la Audiencia de Valencia. Según el sumario, corrompió a multitud de cargos de su partido. Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros".
Del conjunto de las operativas en las que intervino José Luis Vera "se desprende que éste desarrolló su actividad hacia el Grupo Axis en un marco temporal que al menos se extiende entre los años 2007 y 2012 siendo su cometido posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo".
La juez ha constatado que Vera actuaba de supuesto conseguidor de contratos públicos de administraciones en manos del PSOE. Y la operativa creada para camuflar las comisiones es "idéntica" a la que utilizó el cuñado de Barberá.