El ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, vació en 2015 una de las cajas fuertes que tenía contratada en una sucursal bancaria de la capital. Lo hizo tras pelearse con la exalcaldesa, Rita Barberá, y presentar su dimisión por el procesamiento del caso Nóos.
Grau, a través de una de sus hijas, intentó trasladar el dinero a Francia, pero las autoridades de este país rechazaron la petición porque aportó documentación falsa.
Según consta en el sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Francia ha informado al juzgado de que "la hija de Alfonso Grau, Sofía Grau, intentó abrir una cuenta corriente en una sucursal bancaria francesa que le fue denegada por aportar documentación falsa sobre el origen del dinero".
La petición se realizó en 2015 y coincidió con "la clausura de la caja de seguridad que mantenía su padre Alfonso Grau en España". Los investigadores sospechan que el dinero iba a servir para financiar actos electorales del PP en la ciudad de Valencia, según precisan a este periódico fuentes próximas al caso.
La investigación sobre Alfonso Grau y su entorno más cercano -su hija Sofía y su pareja Eugenio Cámara Alberola, su hija María Ángeles Grau y su esposo Kent Lawrence Baker- ha permitido identificar la existencia de "un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre los años 2004 y 2014, se cuantifica en al menos 728.051,75 euros".
Al parecer, el dinero habría sido manejado en efectivo e integrado, a través de diferentes vías y procedimientos, en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen. ¿Cómo? Según la Guardia Civil, bien a través de ingresos en cantidades que escapan al control financiero y a través de compras de inmuebles con una sociedad instrumental, Edificio Familia 3000.
De esta sociedad, Alfonso Grau, ostenta el 90% del capital social y "el resto de capital social está repartido a partes iguales entre sus hijas María Ángeles Grau González y Sofía Grau González constando esta última como administradora única desde la fecha de su constitución".
Dinero oculto
Esta sociedad familiar ha "sido uno de los instrumentos utilizados para aflorar el
dinero ocultado". Su objeto social se corresponde con la compraventa y arrendamiento no financiero de fincas rústicas y urbanas" y en realidad "se trata de una sociedad patrimonial que se nutre de los pagos y comisiones ilícitas que recibe Alfonso Grau Alonso como consecuencia de las adjudicaciones en las que cooperó a amañar en el Ayuntamiento de Valencia", recoge el sumario.
La creó y diseño el empresario de la construcción Jaime María Febrer, uno de los supuestos corruptores de este caso. Además, "inyectó fondos de las comisiones que debía abonarle por sus favores y que se reflejaban en adquisiciones inmobiliarias a un precio muy inferior al real, resultando por tanto beneficiarios de dichas maniobras Alfonso Grau y sus dos hijas María Ángeles y Sofía Grau Gonzalez".
Del estudio de todos los movimientos de las cuentas de todo tipo, los investigadores han acreditado documentalmente que, entre los años 2002 a 2014, Alfonso Grau "realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas o de su familia directa por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo, es decir, en cuantías inferiores a 3.000,00 euros".
Por ello, en este periodo, Grau alquiló tres cajas de seguridad en varias entidades bancarias en las que constaban como autorizadas "sus hijas Sofía y María Ángeles Grau González, para guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de las comisiones ilícitas previamente pactadas".
Una red familiar
Este intento por hacer desaparecer el dinero de origen ilícito coincide con el distanciamiento de Grau y Rita Barberá. A partir del mes de marzo de 2015, cuando el PP fuerza la dimisión de Grau por su procesamiento en Nóos y se aparta de la candidatura municipal en Valencia a su mujer María José Alcón, fallecida en 2018, el ex vicealcalde empieza a mover el patrimonio acumulado y rompe cualquier relación con Corbín y Barberá.
La investigación extiende la responsabilidad penal sobre las hijas de Alfonso Grau. El juzgado ha concluido que "Sofía y Maria Ángeles Grau se beneficiaron de las comisiones ilícitas cobradas por su progenitor a través del entramado de la mercantil Edificio Familia 3000". Esta sociedad "les dio la cobertura jurídica para adquirir inmuebles por un valor muy inferior al real, ya que al vendedor Jaime Febrer".
Los imputados que han declarado ante la Guardia Civil cuando la causa estaba secreta han corroborado la relación de confianza entre Febrer y el exdirigente del PP. "Existía una buena relación entre ambos" y en "varias ocasiones ha visto a Alfonso Grau en las dependencias del grupo empresarial". "Se trataba de una relación muy hermética", afirmó uno de los investigados.
La relación de Grau con promotores se extendió más allá de Febrer. De hecho, en relación a la utilización de dinero en efectivo, durante la entrada y registro efectuada en el domicilio del ex vicealcalde "también se localizaron una serie de facturas de las que se evidencia la utilización de sumas de efectivo por parte de este".
A modo de ejemplo, puntualiza la Guardia Civil, "se intervinieron dos facturas emitidas por la mercantil Secopsa, con conceptos relacionados con los trabajos de demolición y reforma del inmueble" que el exidirgente del PP tiene en la Plaza Porta de la Mar de Valencia.
Las facturas fueron emitidas en 2006 por importes de 18.247,96 euros y 18.246,80 euros respectivamente; reflejando en ambas como forma de pago "contado". Igualmente, durante los registros, se intervinieron en el interior de una caja fuerte en casa de una de sus hijas un total de 16.000 euros (320 billetes de 50 euros). Su hija manifestó "que eran propiedad de su padre".