El abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y uno de los supuestos cabecillas de la trama Azud, aceptó abonar a la Agencia Tributaria una multa de hasta 427.000 euros por imputar indebidamente a las cuentas del bufete, que comparte con su hija Rita Corbín, gastos personales en plena investigación judicial y ahorrarse el IRPF.
El dinero de su despacho profesional, Corbín Abogados, con sede en el centro de Valencia, se nutría principalmente con el supuesto pago de comisiones de grandes empresas. La facturación cayó en picado tras perder el PP la Alcadía. A cambio, Corbín facilitaba contratos del Ayuntamiento por su relación familiar con Barberá, según ha concluido la instructora en sus informes, la juez Pepa Tarodo.
El propio Corbín confirmó que aceptó los hechos imputados por Hacienda cuando tomó la palabra en el juzgado tras ser detenido en abril de 2019 y solicitar la Fiscalía prisión provisional sin fianza. Según consta en el sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Corbín manifestó que en 2016, el año en el que se desarrolló la Operación Taula, la Agencia Tributaria inició una inspección de los años 2012 a 2015.
Como resultado de esa inspección, se llegó a una conformidad por parte de José María Corbin por la que reconocía que había cargado gastos personales y pagó una sanción de 427.000 euros. El imputado reconoció esta investigación tributaria para justificar ante la juez que "si en el año 2017 se ha detectado un movimiento, este movimiento se debe al pago de la multa que motivó el vaciamiento de las cuentas de Corbín Abogados y de las personales del declarante".
En concreto, Corbín reconoció a Hacienda que existían cargos que reflejaban el pago de sus gastos particulares y/o familiares por unos importes de 91.561 euros en 2012, 92.337 euros en 2013, 78.652 euros en 2014 y 75.653 euros en 2015. Hacienda consideró entonces que utilizó "en provecho personal fondos" previamente ingresados en cuentas bancarias de Corbín Abogados.
Entre los gastos aparecieron recibos de televisión, seguros privados, mutualidades, aportaciones a plan de pensiones, viajes al extranjero, objetos de decoración, gimnasio, educación privada, empleada del hogar o regalos de boda.
Actividad ilícita
Además, el cuñado de Barberá aportó al juzgado un listado de noticias publicadas que apuntaban a una investigación judicial. Su defensa aseguró que la Fiscalía le había comunicado que "en esos momentos no tenían diligencias de investigación penal, por ello, su cliente y ante la información dada interpuso una querella por delito contra el honor contra el medio de comunicación". La querella por las noticias publicadas acabó en archivo y la juez envió a prisión provisional a Corbín.
Para justificar su decisión, la juez razonó que, de lo investigado indiciariamente, se desprende que "José María Corbín desde los años 2005 a 2014 ha sido perceptor de comisiones a cambio de lograr adjudicaciones de contratos públicos de índole urbanístico del Ayuntamiento de Valencia". Dicha actividad "se llevó a cabo durante el periodo en el que Rita Barberá Nolla, pariente por afinidad de Corbín, ostentaba el cargo de alcaldesa de Valencia".
Al parecer, para intentar justificar los altos ingresos de Corbín Abogados, "en el concepto de gastos cargaba todo tipo de costes que nada tiene que ver con la actividad desplegada por la mercantil, como gastos de reparaciones de vehículos, compra de muebles o compra de electrodomésticos", subraya la juez.
La investigación ha constatado que en los años 90, Corbín "tuvo un descenso de clientes en el despacho que gestionaba, como abogado penalista y como abogado en causas matrimoniales, lo que provocó una falta de ingresos sustancial". En la época que se investiga, "su esposa María Asunción Barberá Nolla, era la jefe de gabinete de su hermana Rita Barberá".
Asuncion Barberá, hermana de Barberá y jefa de gabinete, en una comisión de investigación municipal.
Esta circunstancia, siempre según el juzgado, le permitió poder "salir de la situación en que se encontraba, pues aprovechándose de su parentesco con la alcaldesa de Valencia, se relacionó con grupos de empresas, que eran adjudicatarias o pretendían serlo de obra pública ofertada por el Ayuntamiento, para utilizar sus influencias y conseguir las adjudicaciones a cambio de comisiones ilícitas".
Entre estos grupos de empresas se encontraba el grupo empresarial Axis, propiedad del empresario Jaime Febrer, quien también habría abonado grandes cantidades de dinero a cargos del PSOE para su disfrute personal y financiar la actividad del partido en la Comunidad Valenciana. El abogado de Febrer es Manolo Mata, quien acaba de dimitir como portavoz socialista en las Cortes Valencianas para centrarse en la defensa de Febrer.
Otra de las grandes empresas que la investigación relaciona con Corbín es Acciona. Una filial de esta compañía se hizo con el contrato público para el mantenimiento de las alcantarillas de Valencia, valorado en 129 millones, tras contar con Corbín como asesor. Por estos trabajos de asesoramiento cobró 1,7 millones de euros, según el sumario.
La confesión del socio
Esta sospecha fue confirmada por el propio socio de Corbín, Diego Elum, tras ser detenido. Según consta en su declaración, Elum manifestó que "el relato de los hechos objeto de imputación son ciertos" y que también "son absolutamente ciertos los pagos efectuados por parte de Acciona, así como los pagos que se efectúan a Corbín".
En este sentido, añadió que los pagos al despacho del cuñado de Barberá "no se deben a ningún trabajo de Corbín, en concreto como asesoría jurídica. Ambos, amigos desde la infancia, acordaron asumir el encargo de Acciona y "todo lo relativo a llevar a buen término la adjudicación de la contrata del servicio integral de aguas".
Como consecuencia de esa conversación, "Corbín le comentó que le podía ayudar para conseguir la contrata y le exigió para esa ayuda que el declarante le pagara de sus honorarios 2/3 del importe total de los mismos". Corbín "nunca le dijo lo que había hecho, ni si lo había hecho, y el declarante tampoco quiso traducir o interpretar que quería decir Corbin con la frase te ayudaré", puntualizó.
Según esta declaración, Corbín hizo "las gestiones necesarias para que se produjera la contratación de la UTE de Acciona con el Ayuntamiento de Valencia", aunque no pudo precisar más detalles. El acuerdo verbal alcanzado por los dos pasaba por distribuir "el dinero entre ambos según le vinieran los pagos al declarante por parte de Acciona". Se justificó "a través de una serie de facturas con IVA y con el concepto de colaboraciones profesionales según hacia constar Corbín".
El sumario del caso Azud incluye un extenso informe patrimonial de la familia Corbín-Barberá y su despacho de abogados que confirma el circuito que siguió el dinero. Su mujer y sus tres hijas, una de ellas en la actualidad asesora del PP de Valencia, también figuran como investigadas en la causa.