La juez que investiga el caso Azud, la nueva macrocausa de corrupción que ha aflorado el supuesto reparto de comisiones millonarias a cargos del PP y el PSOE de Valencia 20 años, ha situado a la empresa Gigante, con sede en Tomelloso (Ciudad Real), en el entramado de empresas que sirvieron para generar más de 7 millones de euros en efectivo.
Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el grupo Axis, del promotor investigado Jaime Febrer, "habría contado con una estructura personal y societaria que, a modo de apéndice y formalmente ajena al grupo empresarial, habría actuado al servicio del mismo, posibilitando la generación de importantes sumas de dinero en efectivo" por valor de "7 millones de euros".
El dinero, supuestamente, "habría tenido entre sus finalidades el pago de comisiones a diferentes cargos públicos" de PP y PSOE en Valencia. En esta estructura de generación de fondos en efectivo habría estado dirigida por Joaquín Pastor, acusado de ser el artífice de la estructura de mordidas, aunque habrían formado parte de la misma otras personas, entre las que se encontrarían Francisco y David Gigante, padre e hijo, de la empresa Gigante, detenidos en la operación policial desarrollada en mayo de 2021.
Gigante es la constructora que el PSOE de Valencia usó en las elecciones de 2007 para abonar 102.000 euros de la campaña de Unión Valenciana para que le quitara votos al PP, según consta en el sumario. Unión Valenciana fue un partido valenciano regionalista.
Sus mayores apoyos los obtuvo tradicionalmente en la provincia de Valencia y, aunque no se formalizó su disolución, desde 2011 está integrado en el PP. El dinero sirvió para reforzar la campaña de la propaganda repartida casa por casa, pero los resultados de Unión Valenciana fueron testimoniales.
La operativa
Durante los cinco años que el caso ha estado secreto, la Guardia Civil ha analizado hasta seis operativas a partir de las cuales se habrían generado el dinero en efectivo. Todas responden a tres patrones concretos.
En primer lugar, se articula una relación jurídica o comercial aparentemente simulada (contratos ficticios de prestación de servicios, intermediación simulada en compraventas de inmuebles, contratos de cesión de derechos mendaces o indemnizaciones simuladas), que posibilita la introducción de fondos con apariencia de legalidad en una estructura societaria que se vincula a Joaquín Pastor.
Posteriormente, afirma la Guardia Civil, dentro de esta misma estructura societaria se comienzan a producir, por un lado, movimientos de estos fondos y, al mismo tiempo, la declaración de relaciones comerciales ante la Agencia Tributaria entre las distintas mercantiles.
Finalmente, en un momento dado, los fondos son extraídos del circuito legal mediante retiradas en efectivo, amparándose estas retiradas de dinero en efectivo en una relación comercial simulada que no tiene correspondencia con el movimiento de fondos, según ha concluido la investigación.
En todos los casos se observa la misma casuística: en un mismo día, David
Gigante, quien administrativa otra empresa interpuesta, consta como que habría retirado dinero en efectivo desde una de las oficinas (1030) de Bancaja en Alicante y, también, desde una oficina (1293) de Bancaja en Tomelloso (Ciudad Real).
Por otro lado, la suma del conjunto de dinero en efectivo retirado en la oficina 1030 con cargo a la cuenta bancaria de Gigante durante el ejercicio 2007, año electoral, sería de 1,2 millones de euros.
Según la información bancaria, todos estos fondos son retirados por el administrador de Gigante, Francisco Gigante, excepto dos reintegros que son efectuados por Joaquín Pastor (los reintegros de fechas 22 de mayo y 13 de agosto de 2007, por importes de 21.000 euros y 2.610 euros.
La sucursal 1030
Los informes incluidos en el sumario destacan que, pese a la dispersión territorial de las empresas investigadas (domiciliadas en Tomelloso, Dolores, Alicante, Santa Pola, Elche o Madrid), es "reseñable e indicativo del papel jugado por la sucursal 1030 de la entidad bancaria Bancaja en los hechos investigados", ya que cuatro de estas empresas presenten cuentas en esta sucursal".
En este mismo sentido, del análisis efectuado por los expertos "se evidencia que 5.746.795,02€ del total de 7.154.751,46€ generados en efectivo, es decir, un 80%, se habrían retirado desde esta sucursal bancaria".
Para la Guardia Civil, teniendo en cuenta la confluencia de indicios de los que se infiere que parte de las comisiones se habrían abonado en efectivo, "resulta significativo que en relación a varios de los supuestos perceptores se han localizado operativas de manejo de fondos que, a juicio policial, serían indicativas del mane¡o de dinero en efectivo de origen desconocido en fechas concordantes al supuesto pago de las comisiones".
"Tal es el caso de Alfonso Grau y Rafael Rubio", reiteran los agentes. En ambos casos, contemporáneas con el momento en el que se habría producido el supuesto pago, "se han detectado operativas de manejo de dinero en efectivo que podrían ser compatibles con operaciones de interacción de fondos en su patrimonio personal".
Según la UCO, Rubio habría escondido el dinero mediante 77 ingresos en efectivo a la caja de seguridad de su banco -ubicado frente al Ayuntamiento de Valencia, en el que fue el líder de la oposición durante cuatro años-. Una parte también habría servido para financiar la actividad de su partido, pero el delito electoral imputable ya ha prescrito.
Los responsables de la empresa Gigante fueron detenidos durante de la segunda operación policial, desarrollada en mayo del año pasado. Ambos fueron puestos en libertad provisional y se les retiró el pasaporte. El secretario general del PSPV-PSOE y candidato a presidente de la Generalitat Valenciana era Joan Ignasi Pla.