Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, ha reconocido este lunes ante el juez que su grupo de empresas cobró por facturas que no eran subvencionables y ha señalado a la Administración valenciana como la responsable por no advertirle de que estaba justificando mal los gastos.
Puig, investigado a raíz de una querella presentada por el PP en la anterior legislatura, ha insistió en que la Generalitat que dirige su hermano no le notificó ninguna irregularidad en la tramitación de los expedientes. Tampoco que se devolviera ningún importe cobrado indebidamente, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes presentes en su interrogatorio.
Francis Puig ha declarado durante cuatro horas ante el juez que investiga un supuesto fraude en el reparto de subvenciones a empresas de la órbita del hermano del barón socialista y se ha comprometido a aportar en las próximas semanas documentación relativa a los hechos denunciado. Además, también se investiga un posible fraude en las subvenciones que logró de los gobiernos de Aragón y Cataluña.
Puig solo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y el juez, y no ha aceptado las del PP. En concreto, las diligencias están abiertas por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental.
Este lunes el juez ha retomado las diligencias para determinar si las empresas del sector de la comunicación vinculadas a la familia Puig obtuvieron trato de favor en la tramitación de las ayudas. El miércoles tendrá que declarar por los mismos hechos su socio y administrador de Canal Maestrat, Juan Enrique Adell Bovell.
En la causa constan como investigado, además de Puig y Adell, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano (Compromís). Trenzano ya resultó absuelto en una pieza separada que investigó si mintió en una respuesta parlamentaria que dio al PP sobre estos hechos.
Del hermano al hijo
Francis Puig ha declarado después de que el grupo de delitos económicos de la Guardia Civil de Valencia entregara un informe en el que alertaba de supuestas irregularidades en el reparto de las subvenciones.
Según concluyeron los investigadores, Francis Puig fichó en 2018 a Pau Puig, hijo de Ximo Puig, con el dinero público que recibieron varias empresas, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.
Sobre este asunto, Francis Puig ha declarado que la actividad de Mas Mut Producciones se realiza exclusivamente en Aragón, pero se subvenciona en la Comunidad Valenciana.
En este sentido, ha reconocido que dio trabajo al hijo de su hermano en las oficinas de comunicación de Morella (Castellón), de donde procede la familia Puig, y que recibió una subvención de Avalem Joves, un programa para el impulso del empleo juvenil, aunque la actividad de dicha empresa sea relativa a Aragón.
La Guardia Civil destacó en su informe la rapidez con la que el hijo del jefe del Consell encontró trabajo a través de una empresa familiar.
"Se presenta la solicitud el mismo día que se da de alta al citado empleado, sobrino de Jorge Puig y Francis Puig, hijo de otro de los hermanos. Esta se produce dos días antes que finalice el plazo para la presentación de solicitudes de la citada subvención (31 de octubre de 2018), como consta en la resolución de 24 de julio de 2018 del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación".
A continuación, los agentes trasladaron al juez que "la fecha de alta se produce justo cuando se cumple el mes en que finalizó el contrato la citada en el apartado anterior, A. R., para así cumplir con el aumento de la plantilla respecto a un mes anterior que se toma como referencia, según consta en las resolución de la convocatoria de la subvención".
Así, "Pau Puig causa alta en el Servef de Vinaròs (Castellón) a las 10:03 horas del día 25/10/2018, siendo dado de alta en la mercantil Mas Mut Produccions S. L. únicamente cuatro días después de darse de alta y dos antes de la fecha limite para la presentación de la solicitud de la subvención investigada".
"Referente a esta contratación, a modo de comparación, según los datos aportados correspondiente al mes de abril de 2019 emitido en el segundo trimestre del 2018, la probabilidad de encontrar un primer empleo para los menores de 25 años fue del 10,1%. En otras palabras, solo uno de cada diez jóvenes parados sin experiencia laboral previa encontró un empleo durante ese trimestre", recordó el informe.
"Por lo anteriormente expuesto sorprende la premura de la contratación que nos ocupa, a los cuatro días del alta en el Servef, que en realidad fue a los dos días", razonó la Guardia Civil.
Facturas cruzadas
Por otra parte, Puig ha reconocido que para justificar la subvención de prensa escrita se imputaban facturas de materiales de radio y vídeo; o que se duplicaban los gastos en Cataluña y Valencia porque entendía que estaba bien así.
Los agentes han hallado facturas cruzadas y duplicadas en la justificación del gasto de las subvenciones. Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En otras facturas se pregunta si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o si está suficientemente justificado, según las bases de las ayudas.
En este último caso, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, en el supuesto de que no lo sean, la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro.
A la salida del juzgado, el hermano de Puig no ha querido hacer declaraciones a los medios. No obstante, su abogado si ha avanzado que pedirán el archivo de las actuaciones tras finalizar la rodna de interrogatorios y después de que la Intervención General presente un informe sobre el destino real de las ayudas.