La familia de Rita Barberá investigada en el caso Azud, la macrocausa de corrupción que ha aflorado el supuesto pago de sobornos millonarios a cargos del PP y PSOE a cambio de contratos o recalificaciones urbanísticas, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de tener una finalidad "espuria" con la denuncia y ha negado que formen parte de una organización criminal.
La familia ha recurrido a la Audiencia de Valencia para que anule el caso y recuerda que el hecho de ser parientes de la dirigente del PP no es un indicio delictivo, según consta en los escritos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Nos encontramos, claramente, en una investigación viciada desde su comienzo, ejecutada de manera absolutamente prospectiva y sin argumentos iniciales que permitan señalar una figura concreta penal en relación a una persona concreta y en base a hechos concretos", afirman.
Es la primera vez que la familia de Barberá se pronuncia desde que en abril se levantó el secreto de sumario tras cinco años sin conocer los cargos. Acusan al juzgado de abrir una "causa general" sin concretar por qué se inicia el caso.
En el procedimiento figuran como investigados el cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín; una de sus hermanas y esposa de Corbín, Asunción Barberá; y las tres hijas del matrimonio.
La defensa de Corbín ha trasladado que "la denuncia presentada por la Fiscalía nunca debió admitirse a trámite", pues considera que "no tenía los elementos suficientes para ser siquiera tramitada en la propia Fiscalía, menos en el juzgado". Y lamenta que la "única razón para presentarla fue perjudicar el derecho de defensa" de los investigados.
"La finalidad de presentar la denuncia fue espuria y eso debió haber sido suficiente para que el juzgado la inadmitiera", añade el abogado de la hermana de Rita Barberá. Debido a la "vulneración suficiente de los derechos fundamentales de los defendidos", sostienen que toda esta instrucción está "abocada al archivo sin más actuaciones, dado que no había un motivo para iniciarla".
Una denuncia anónima
La investigación partió de una denuncia anónima que llegó a la Agencia Tributaria en febrero de 2016, medio año después de que Barberá perdiera la Alcaldía de Valencia y con Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno. La denuncia anónima recogía que "la familia Corbín Barberá tienen un gran gasto ordinario, amplían (sic.) posesiones que producen vértigo, tienen varios inmuebles y las hijas compran inmuebles cuando no tienen ingresos".
"Hacienda somos todos, unos más otros, por eso pido que se revisen los ingresos de la familia Corbín Barbera, cuñada y negociador de Rita Barberá, ya que no cuadran con sus posesiones. Seguro que si investigan esta denuncia saca tajada", añadía el escrito anónimo.
En este sentido, denuncian que "la Agencia Tributaria, saltándose sus propias normas revisa los ingresos de todas las personas que aparecen en la denuncia desde el año 2007. En el momento de la denuncia, "los únicos años fiscales no prescritos eran 2012, 2013, 2014 y 2015. Pero la Agencia Tributaria no se limita a dichos años y procede a obtener datos desde 2007".
Por ello, la familia cuestiona ahora todo el trabajo policial desarrollado durante cinco años en secreto. "Carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito. Como no lo son ser familiar de Rita Barberá", reiteran.
Los indicios
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el cuñado de Barberá cobró una comisión de 1,7 millones de euros de una empresa del grupo Acciona tras la adjudicación del contrato de saneamiento y limpieza de las alcantarillas de la capital.
La realidad de los pagos realizados al despacho de Corbín es que "provenían de comisiones de naturaleza ilícita, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para que se les dotara de una apariencia de legalidad, de ahí que José María Corbín habría llevado a cabo la instrumentalización de la mercantil Corbín Abogados con la finalidad de obtener comisiones", según sostiene la Guardia Civil.
Los investigadores hablan de "instrumentalización por cuanto que aprovechando el objeto social de la mercantil (despacho de abogados) y que José María Corbín era abogado de profesión, se establecieron relaciones contractuales justificadas en servicios de asesoría jurídica que no se prestaron, por lo que el objeto de los contratos jamás se cumplió ni se prestó el servicio a la mercantil".
Pero la familia de Barberá sigue negando la mayor sin entrar, por el momento, en el fondo de los hechos que se investigan.
"De los hechos puestos de manifiesto por la inspectora ningún indicio existe ni nada se concreta de los delitos contra la hacienda pública, de cohecho, de tráfico de influencias ni de malversación de caudales públicos, de hecho, ningún indicio existe para la incoación de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal", concluyen.