La cuenta atrás para que Eduardo Zaplana se siente en el banquillo de los acusados ha empezado. Y la pena a la que se enfrenta el expresidente de la Generalitat Valenciana por el supuesto cobro de comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana podría oscilar entre los 15 y 18 años de prisión.
El juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha procesado también a una veintena de personas por el conocido como caso Erial, la operación contra la corrupción desarrollada en mayo de 2018 que le llevó a permanecer 9 meses en prisión provisional.
La investigación arrancó hace siete años, en 2015, después de que el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, entregara a la Guardia Civil unos papeles sobre el funcionamiento de la trama que había guardado un ciudadano sirio.
Entre el resto de investigados está el considerado presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló; el también expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas; y Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino, fallecido en 2020 a causa de la Covid-19.
La juez ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana, María, y su mujer, Rosa Barceló, al considerar que no eran conocedoras del origen ilícito del dinero.
Con su decisión, la juez aboca a Zaplana a un juicio oral que todavía tardará en celebrarse, probablemente entre los años 2023 o 2024. La resolución no es firme y pude ser recurrida, pero la Fiscalía Anticorrupción entregará en las próximas semanas su escrito de calificación provisional y pleiteará por la petición de apertura de juicio.
Zaplana y el resto de investigados han sido procesados por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal o falsedad en documento público, cuyas penas suman entre los 15 y 18 años de prisión.
Desde que fue arrestado por la Guardia Civil, Zaplana ha negado que formase parte de la trama y ha asegurado en el juzgado que el dinero intervenido en Suiza no es suyo.
En octubre, el comisario José Manuel Villarejo aseguró ante la comisión de investigación sobre el caso Kitchen en el Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) utilizó a un confidente sirio para "destruir" al exministro.
La defensa de Zaplana ha intentado que Villarejo declare en el juzgado, pero no se ha aceptado su testimonio.
20 millones
Según ha concluido la juez, la trama habría llegado a ocultar en el extranjero más de 20 millones de euros. Del total, 6,4 millones de euros fueron a parar a dos cuentas abiertas en Suiza y otros 15 a bancos con sede en Andorra. Pero los investigadores sólo han recuperado el dinero oculto en Suiza y las autoridades andorranas se han quedado con el resto.
"El dinero detectado tras la instrucción y obtenido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado en su totalidad, ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregado al propio interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería a más de 15 millones", afirma la juez.
"También recibió dinero Eduardo Zaplana a través del sistema de cambistas", explica la instructora. Se trata de una "forma muy común en Sudamérica y que consiste en que dichos cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan a otra persona que lleve a cabo la entrega del mismo en el país interesado a la persona que se designe", añade el auto.
Se trata de un método que siempre se hace "en efectivo, no dejando rastro del mismo y siendo en este caso en concreto la receptora de ese dinero la secretaria de Eduardo Zaplana, Mitosouko Flerida Henríquez Alcántara".
La forma planificada por Eduardo Zaplana "era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades", razona el auto. La juez recuerda que Zaplana ha sido un destacado dirigente del PP que "si apareciera en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, y por ello utilizó a sus amigos y conocidos".
En una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, incluida en el auto notificado este jueves, Zaplana reconoce que su nombre no puede aparecer en ningún sitio y necesita a sus supuestos testaferros para sacar el dinero.
"Yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo… yo puedo sacar… que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones del primero porque no los tengo ahora, porque me he metido en un problema, pero segundo, porque aunque los tuviera… tengo que decir aquí en España me van a decir ¿usted a dónde va?".
Testaferro uruguayo
La juez explica que Zaplana contrató los servicios de Fernando Belhot, el testaferro que confesó a la Fiscalía dónde estaba el dinero, "para que le administrase el dinero procedente de la actividad delictiva y que oculta en el extranjero, a través de sociedades uruguayas como Misleny SA y Disfey SA a las que llegaron los fondos de Imision Internacional", otra empresa pantalla gestionada en su momento por Beatriz Paesa, sobrino del histórico espía español, Francisco Paesa.
"Fondos que lo eran de las comisiones delictivas cuya procedencia y origen desconocían los nuevos gestores dado que profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios", puntualiza el auto.
La juez explica que "la gestión encomendada por Eduardo Zaplana a Belhot, se basaba en la confianza, no suscribiéndose ningún tipo de contrato entre las partes, ni con Eduardo Zaplana ni con ningún otro cliente".
De nuevo remarca que se daban "las órdenes de forma verbal para ocultar así al cliente y manteniendo, no sólo reuniones físicas cuando se trasladaba Belhot a España, sino también telefónicas entre ambos". A partir de ahí, se abrieron "cuentas en Suiza por parte de este administrador, pero siendo el dinero de Eduardo Zaplana".
El negocio de los Cotino
Con las adjudicaciones de los parques eólicos, junto con las adjudicaciones de las
ITV, el grupo de la familia de Juan Cotino, exdirector general de la Policía con Aznar, "obtuvo un beneficio de 86.511.400,15 euros, por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones", dice la juez.
Según la instructora, para dar salida al dinero de origen delictivo o para concurrir a los concursos públicos "hechos a la carta", se utilizaron sociedades "para poder blanquear el dinero obtenido de las comisiones, así como otras sociedades de menor importancia para hechos puntuales y en especial para blanquear los beneficios de alguno de los investigados".
En concreto, menciona el caso de los parques eólicos valencianos, donde fueron adjudicados tres de las zonas, y, tras el mecanismo de suscripción y venta de acciones, "las acciones iniciales que tenían un valor de 120.000 euros se convirtieron al ser adquiridas en 48.000.000 de euros en apenas seis años".
Mientras, José Luis Olivas, por el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana cuando era presidente de la Generalitat, "habría obtenido 580.000 euros por el presunto trato de favor obtenido en la adjudicación de las zonas" del plan.