La casi segura imputación de Mónica Oltra presagia su dimisión y mutila el proyecto de Yolanda Díaz

En la práctica, la decisión del Ministerio Público supone una petición de imputación y en sus alegaciones avanza que quiere que se "realicen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada".

Además, si finalmente se encuentran indicios suficientes para ir a juicio, la Fiscalía se avanza y plantea que también sea el Tribunal Superior de Justicia valenciano el órgano competente para su "enjuiciamiento, por resultar, por ahora, indicios relevantes contra Mónica Oltra Jarque" por su condición de vicepresidenta del Consell.

Compromís ha dejado en manos de Oltra la decisión de permanecer como vicepresidenta y candidata en las elecciones autonmicas de 2023. Hasta ahora, ella había sido, junto al diputado nacional Joan Baldoví, el mayor activo electoral de Compromís y su liderazgo fue determinante para entrar en las instituciones.

La dirigente ha sido una política con brillo y con tirón, pero la casi segura imputación por unos hechos graves, con una menor tutelada de por medio, pone en riesgo su continuidad y mutila el proyecto político que impulsa Yolanda Díaz. Oltra era la pieza fundamental de Sumar en la Comunidad Valenciana. 

Por el momento, el socialista Ximo Puig ha decidido mantener a Mónica Oltra en el Gobierno valenciano y no abrir una crisis con sus socios. El PSOE apoya en público a la vicepresidenta, pero la inquietud se ha extendido ahora por temor a la reacción entre sus votantes de mantenerla.

La líder de Compromís no solo es vicepresidenta o consellera, también es la voz del Gobierno autonómico cada viernes. Cada semana está expuesta a los medios de comunicación.

El proceso judicial al que se enfrenta es de largo recorrido y el asunto de los abusos sexuales de su exmarido volverá a centrar la mayoría de preguntas cuando el tribunal inicie formalmente la investigación o haya cualquier avance. El proceso judicial será la gota malaya en lo que queda de legislatura.

En Compromís están convencidos de que la investigación quedará en nada y atribuyen el caso a una "persecución" de la extrema derecha -el líder de España 2000, José Luis Roberto, es el abogado de la niña abusada-. Pero temen que una candidata investigada desmovilice a parte de su electorado.

En Compromís empiezan a mirar a Baldoví como posible relevo, aunque en público siguen defendiendo a Mónica Oltra. De ser así, Compromís se alejaría aún más del proyecto de Yolanda Díaz, pues Baldoví no esconde que la opción más seria es buscar alianzas con Íñigo Errejón.

El exmarido de Oltra ha sido condenado a cinco años de cárcel. Su ingreso en prisión está pendiente de que el Tribunal Supremo  revise el caso y ratifique o no la condena. La decisión también se conocerá los próximos meses.

La investigación

La decisión de la Fiscalía llega después de que el titular del juzgado de Instrucción 15 de Valencia, el juez Vicente Ríos, enviara al TSJ valenciano una exposición razonada en la que relataba los supuestos indicios de criminalidad que existen contra Oltra.

En su auto, el magistrado hizo un repaso por la actuación de los funcionarios desde que la menor manifestó por primera vez los abusos, en febrero de 2017, y concluyó que "en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos expuestos repetidamente por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra".

El juez destacó que "cuando tuvieron lugar los hechos (...) Ramírez era el marido de la vicepresidenta y consellera, bajo cuya tutela se encontraba entonces Maite y, por ello, superior jerárquicamente de todos los Funcionarios Públicos que tuvieron relación con los hechos ahora investigados".

Lo primero que tendrá que determinar la investigación es si Oltra seguía manteniendo una relación sentimental con Ramírez en el momento en el que se encargó una investigación "parajudicial".

El juez Ríos ya pidió información sobre las personas que residían en la vivienda de la líder de Compromís en 2017. Así, el magistrado se dirigió al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, municipio valenciano en el que reside Oltra, para que facilitara datos del padrón municipal.

En concreto, el juzgado pidió "certificado de las personas empadronadas en el domicilio (...) en el año 2017". Ese año la víctima, una menor en situación de desamparo y tutelada por la Administración valenciana, denunció los abusos. La Conselleria de Igualdad ordenó la apertura de una investigación interna que concluyó que su relato no tenía credibilidad.

Durante una comparecencia en las Cortes valencianas, la dirigente valenciana afirmó que se enteró de los hechos en agosto de 2017, después de que llegase una notificación a su casa por su relación sentimental con el monitor denunciado.

La víctima, esposada

Además, las acusaciones pedirán que se aclare por qué llegó al juicio la menor engrilletada y custodiada por la Policía de la Generalitat a la Ciudad de la Justicia de Valencia pese a figurar como víctima en este procedimiento. La presidenta del tribunal, avergonzada y visiblemente molesta, tuvo que disculparse ante ella por la gravedad de estos hechos.

El tribunal remitió un informe a la Audiencia que fue elevado a la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El informe se entregó a la Generalitat y se abordó en la comisión provincial de seguridad para que hechos como este no volvieran a suceder.

Los agentes formaban parte de la Policía Adscrita a la Generalitat y la consellera de Justicia y Gobernación, la socialista Gabriela Bravo, encargó un informe para esclarecer qué sucedió. La investigación interna determinó que la menor fue esposada por riesgo de fuga, pues había amenazado con marcharse en varias ocasiones.