Mónica Oltra cambia de versión sobre el caso de la niña abusada por su ex para evitar la imputación

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha pedido que se abran formalmente diligencias contra Mónica Oltra al considerar que existen "indicios relevantes" en su proceder y se "realicen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada".

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano revise el caso y tome una decisión, probablemente en los próximos días según diversas fuentes jurídicas, Oltra ya ha avanzado cuáles son sus líneas de defensa para salir indemne, el único final posible para continuar en política y mantenerse como candidata en 2023.

La vicepresidenta valenciana ha hecho oficial el cambio de versión y ahora niega que ordenase abrir una investigación interna como tal, calificada de "parajudicial" por la Audiencia de Valencia. Lo niega después de haber afirmado con contundencia en una declaración a los medios de comunicación que fue ella quién dio la orden.

El matiz es importante para evitar una posible imputación por prevaricación. Según estimó el juez que propuso interrogarla, la investigación y el expediente confidencial elaborado por la Generalitat denigraba el testimonio de la víctima de su exmarido, una menor en situación de desamparo. El informe nunca llegó al juzgado y fue uno de los motivos por los que se tuvo que repetir el juicio contra Ramírez, que volvió a ser condenado.

Declaración en Cortes

La primera vez que Mónica Oltra se pronunció sobre estos hechos fue en una comparecencia pública en las Cortes Valencianas el 21 de abril de 2021. Allí explicó que se enteró de los abusos porque el 4 de agosto de 2017 llegó una notificación a su casa tras acordar el juzgado una orden de alejamiento.

La dirigente aseguró que "inmediatamente que conocí la existencia de un procedimiento judicial, insisto, de manera fortuita y alejada de mi responsabilidad política, me puse en contacto con mi jefe de gabinete. Le di instrucciones en el sentido de recabar información y, lógicamente, de exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven".

"El 4 de agosto de 2017 era viernes, un viernes de agosto que no olvidaré nunca, hasta el lunes no fue posible saber mucho más. El lunes 7, el jefe de gabinete informó al subsecretario de la vicepresidencia de la situación, de la cual no tengo en ese momento más datos que la conversación telefónica de que les he hablado".

A partir de ahí, apuntó que "ni en la subsecretaria ni en ninguna dirección general de la vicepresidencia había en ese momento constancia sobre los hechos sentenciados. No había llegado a ningún órgano directivo de los servicios centrales ninguna petición, ningún informe, ningún requerimiento".

El 8 de agosto, "el día siguiente de la conversación del jefe de gabinete con el subsecretario, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordenó la apertura de un expediente informativo por haber tenido conocimiento verbal en el día de hoy de unos posibles abusos.", trasladó.

"Lo encargué yo"

"Ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz y puedo dar todas las explicaciones que quieran aquí y donde haga falta". Así de contundente respondió Oltra a las preguntas de la prensa el pasado mes de marzo, solo unos días después de que el juzgado ampliara el número de imputaciones y llamara a declarar a otras cinco personas relacionadas con la apertura del expediente.

"Hay quien le busca los tres pies al gato, no lo hay. Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado. Yo se lo digo a la directora general y ella dijo 'averígüense qué ha pasado'. Punto, no hay más", añadió. Además, denunció que calificar a ese informe de "parajudicial" es una "extralimitación" de la Justicia.

"Se hizo un expediente administrativo, que es como se funciona en la Administración, para averiguar por qué había una petición de traslado de la Fiscalía que no se había atendido. Eso se tenía que saber. ¿Por qué yo me entero el 4 de agosto y no por la Conselleria? ¿Por qué la directora general tampoco se entera? Todo eso se debía saber".  

Las declaraciones llegaron a oídos del juez y pidió al gabinete de prensa del TSJ de Valencia que buscara la grabación para incluirla en la causa.

Segunda versión

La directora general de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad, Rosa Molero, acudió a finales de marzo al juzgado a declarar como investigada y aseguró que supo por la prensa que el monitor denunciado por abusos era el marido de la vicepresidenta.

El escándalo no trascendió a los medios hasta la celebración del primer juicio, en 2019. Por tanto, según su propia versión, hasta esa fecha no conocían quién era el marido de la vicepresidenta. Los abusos se denunciaron en 2017 y la conselleria abrió la investigación interna en agosto de ese año. 

Además, la directora general desmintió a Oltra y negó ante el juez que le ordenase abrir el expediente reservado sobre los abusos de su expareja.

Días después, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta se vio obligada a rectificar sus palabras y matizó que sus declaraciones se produjeron en un contexto político.

"No fue una expresión literal en el sentido de abrir un expediente informativo, no dije: 'ábrase un expediente'. (...) Las hice en un ámbito de declaración política para apoyar el trabajo que habían hecho. Ese era el sentido de esas palabras, avalar la labor hecha por los funcionarios".

"Lo que yo trasladé en aquel momento fue la necesidad de saber qué había pasado y se lo trasladé al jefe de Gabinete", añadió.

Alegaciones

Mónica Oltra ha ratificado su última versión en el escrito de alegaciones que ha presentado en el Tribunal Superior de Valencia para evitar su imputación. 

"No es cierto que Mónica Oltra Jarque ordenara o tuviera que ver con la decisión de aperturar el citado expediente y tampoco tuvo nada que ver, ni intervino, ni en su tramitación, ni en la elaboración de sus conclusiones, ni tampoco tuvo nada que ver con el destino del mismo", razona su defensa.

La vicepresidenta también se refiere a sus primeras declaraciones públicas. Asegura que son "manifestaciones referidas en un contexto político y claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que estaba conllevando poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la Conselleria que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes". 

A su juicio, esas "expresiones realizadas en ese contexto no pueden ser valoradas como núcleo indiciario para sostener la necesidad de que sea oída como investigada por cuanto la realidad, constatada en la instrucción, se objetiva en ningún momento ordenó, indicó, sugirió o indujo a crear ese expediente informativo".

En este sentido, reprocha al juez que "las manifestaciones vertidas con posterioridad explicando y matizando sus declaraciones del día 7 de marzo no sean analizadas con la minuciosidad que lo han sido las anteriores". 

Además, destaca que "todas las demás personas que han intervenido o han tenido de una u otra forma relación con el expediente han negado de forma categórica haber recibido indicación o sugerencia alguna relacionada con el expediente aperturado. El mismo siguió la tramitación normal". 

"Resulta absurdo elevar a la categoría de indicio lo que es un simple manifestación de ámbito meramente político, cuyo contexto ha sido aclarado plenamente en la fase de instrucción, y que no puede tener ningún tipo de reproche penal", concluye su escrito.