Mónica Oltra no denunció y siguió con su marido pese a conocer que había abusado de la menor

Oltra queda así al borde de la imputación por hasta tres delitos que, de confirmarse, implican penas de inhabilitación como cargo público.

La fiscal superior, Teresa Gisbert, le atribuye de manera indiciaria hasta tres tipos delictivos distintos derivados de su gestión en el caso de los abusos a una menor tutelada por los que ha sido condenado a cinco años de prisión el exmarido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez.

En concreto, la Fiscalía acusa a la vicepresidenta valenciana de los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y obligación del deber de denunciar, y ello tras constatar que Oltra y su equipo ocultaron "durante más de cuatros meses" la denuncia de Maite, la niña abusada.

La fiscal pone el acento en que, en el momento de los hechos, la víctima tenía 14 años y acusa a Oltra y a su equipo de tener un "plan preestablecido" para ocultar los abusos. El ministerio público entregó el escrito la semana pasada, pero no ha sido hasta este jueves cuando ha trascendido su contenido.

La Fiscalía asume la tesis del juez que propuso la imputación y destaca en su informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que el magistrado halló durante la investigación un informe de incidencia del centro Niño Jesús, donde se produjeron los hechos y trabajaba Ramírez de monitor, que recoge una denuncia inicial al menos desde el mes de febrero de 2017.

Según ese informe de incidencia, el marido de Oltra estuvo apartado de su trabajo de manera cautelar durante varias semanas y no acudía al turno de noche a trabajar. En teoría debía quedarse en casa hasta que la Administración autonómica aclarase los hechos.

Y es que la conselleria estaba al tanto de lo sucedido, según se desprende de la investigación, porque los funcionarios se reunieron con la víctima esas semanas de febrero y marzo. Pero Oltra siguió unida sentimentalmente con su marido al menos hasta el 4 de agosto de 2017, fecha en la que ha asegurado que tuvo conocimiento de los hechos. 

La propia vicepresidenta ha sido la que ha corroborado esa información después de que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, municipio valenciano en el que reside Oltra, confirmara este miércoles al juzgado que ambos estuvieron empadronados en la misma casa hasta abril de 2018.

"A pesar del documento oficial la convivencia conyugal entre la vicepresidenta del Consell y su marido terminó poco después de que Mónica Oltra conociera el caso a través de la carta", trasladó su entorno este miércoles a la prensa. Era la primera vez que la líder de Compromís ponía públicamente fecha a su separación.

Luis R., sin apellidos

La Fiscalía no conocía la información remitida por el Ayuntamiento de Riba-roja cuando entregó su escrito la semana pasada, pero en el documento la fiscal ya se detiene en este punto por su "especial trascendencia".

"Hay que recordar que en la fecha de los hechos Luis Ramírez se hallaba casado con la Honorable señora Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas (...) desconociéndose en el actual momento de la investigación si durante el periodo en que Ramírez estuvo separado del servicio y sin acudir a trabajar en turno de noche, entre el 20 de febrero y el 12 de marzo de 2017 tuvo o no relación con Mónica Oltra Jarque. Extremo éste, que cobra especial trascendencia en el ámbito de estas actuaciones".

En concreto, relata la fiscal, en el informe de incidencia del centro de menores, confeccionado el 8 de marzo de 2017, "se anotó por la directora del centro que el 20 de febrero de 2017 se entrevistó con Luis R., el educador mencionado, se le informó de la situación y de que mientras durase la fase de investigación tenía que permanecer apartado del servicio".

La Fiscalía explica que "curiosamente, no se hicieron constar los apellidos de Luis R." y añade que "el 21 de febrero de 2017 la técnico de la sección de Menores remitió un correo electrónico a la Dirección del Centro en el que decía que "he hablado con Paco —O. Francisco Soriano Ramírez, jefe de la sección del Menor de la Conselleria de Oltra- hemos valorado que mejor que vea la niña la psicóloga de la sección y depende derivaríamos a Espill", esta última una organización que colabora con la Generalitat en las valoraciones de estos casos.

De ser así, Oltra siguió conviviendo con su marido pese a que ya fue apartado cautelarmente de sus funciones y el equipo de la vicepresidenta se reunió con la menor que denunció los abusos, según las diligencias practicadas hasta ahora.

"Significa que ya eran seis personas al menos, todas ellas ejerciendo funciones públicas, las conocedoras de los presuntos abusos. Nuevamente, ninguna de ellas los puso en conocimiento ni de la policía, ni de la Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia", dice a continuación la fiscal.

Estas circunstancias "evidencian indicios, de una intensidad bastante, que dejan entrever de nuevo la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos", pese "al elevado número de cargos públicos ya reseñados que conocían la existencia de los presuntos abusos, impidiendo de esta forma una investigación policial, fiscal y judicial".

Para la fiscal, "se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos (Autoridades, funcionarios y personas intervinientes) de disminuir la importancia y ocultar los abusos".

"¿Cuál podía ser la finalidad de todo ello? ¿Quién era el principal beneficiario de dicha actuación?", se pregunta el ministerio público.

"El beneficiario directo (...) era Luis Ramírez, marido de Mónica Oltra Jarque, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también de esa manera de proceder en cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales", dice la Fiscalía.

"Todos los funcionarios investigados participaron en ello: supieron de los abusos, pero ninguno denunció (comportamientos que evidencian el incumplimiento de los deberes legales de asistencia a la menor en situación de desamparo y que les estaban impuestos consecuencia de los cargos que desempeñaban), incumpliendo así su obligación legal de cuidarla, protegerla, y proporcionarle asistencia", concluye.