Eduardo Zaplana ha recurrido el auto por el que la juez le procesa y ha vuelto a reiterar que los 6,4 millones de euros hallados por los investigadores en Suiza no son suyos. El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, pide además declarar ante la instructora y denuncia que el juzgado no ha vigilado la investigación de la Guardia Civil.
"En conclusión, la larga instrucción practicada, lejos de confirmar los posibles indicios que justificaron la incoación de la causa, ha servido para certificar la ajenidad de mí representado en relación a los procesos de adjudicación de las ITVs y del Plan Eólico y que no era titular, autorizado, apoderado o beneficiario de los fondos que se le atribuyen en el extranjero", subraya la defensa de Zaplana en su recurso a la Audiencia de Valencia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Respecto al delito de organización criminal por el que ha sido procesado en el caso Erial, el abogado de Zaplana responde que "resulta que juntarse con su amigo de la infancia, es considerado formar parte de una organización criminal; según el auto su asesor fiscal también es miembro de la organización, aunque su labor no se exceda en ningún caso del ejercicio de su profesión".
"Hasta su secretaria, cuando recibía mails, llamadas, compraba billetes o reservaba restaurantes, según la versión del auto impugnado, cometía actos de participación en una organización criminal", ironiza el recurso.
Además, añade que "el informe pericial aportado por esta defensa demuestra con absoluto rigor y detalle cómo Zaplana financió y pagó cada uno de los inmuebles que ha tenido desde antes de dedicarse a la política".
El pasado 2 de junio, la juez del caso Erial dio por concluida la investigación contra Eduardo Zaplana y abrió el camino para enviar al exdirigente del PP al banquillo de los acusados.
Según consta en el auto que resuelve la fase de instrucción, la magistrada ha concluido que "existen indicios de que nos encontramos ante una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado (...) facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos".
Declaración de Benavent
La juez mantiene que Eduardo Zaplana contrató los servicios de Fernando Belhot, el testaferro que confesó dónde estaba el dinero, y Beatriz Paesa, sobrina del histórico espía español Francisco Paesa, para ocultar su patrimonio.
En total, la jueza ha procesado a 20 personas y archiva el caso para la mujer de Zaplana y una de sus hijas, María Zaplana, al no quedar acreditado que conocieran el origen ilícito del dinero. El auto no es firme y ahora Zaplana ha recurrido la decisión para evitar el juicio.
La investigación arrancó hace siete años, en 2015, después de que el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, entregara a la Guardia Civil unos papeles sobre el funcionamiento de la trama que había guardado un ciudadano sirio. Benavent ha asegurado tiempo después que el registro en el que los agentes hhalaron los documentos fue ilegal.
Zaplana ha insistido en su recurso que Benavent sea interrogado por estos hechos para a continuación declarar él: "Esta defensa pretendía acreditar la injustificado de las imputaciones dirigidas contra mi representado y tras su realización o denegación, interesar la declaración de don Eduardo Zaplana Hernández-Soro".
La defensa denuncia que "la resistencia del juzgado a indagar sobre las personas que pudieron intervenir en las actuaciones administrativas, no nos ha permitido saber si efectivamente hubo resoluciones injustas en las adjudicaciones".
"No existe en la presente causa ningún dato objetivo que permita vincular a Eduardo Zaplana con los movimientos de cuentas fuera de España", reitera el escrito. En este sentido, subraya que "ni los había cuando fue ingresado en prisión, ni aparecieron en las comisiones rogatorias libradas a diferentes países, ni resultan tras la ingente documentación examinada procedente de las entradas y registros".
El papel de Belhot
Para el abogado del político, "sólo la declaración Belhot, a cuya nulidad nos hemos referido más arriba, vincula a mi representados con las cuentas de las que aparecía como titular el propio Belhot y sus empresas, junto con sus socios uruguayos o su esposa". Pero, con independencia de su nulidad radical, -añade- su declaración no merece una mínima credibilidad".
Zaplana explica que es un hecho que Belhot "resulta exculpado en virtud del pacto con el fiscal". Y señala que "no es constante y permanente en el tiempo", y "resulta incoherente e imprecisa en los elementos fundamentales, como a la hora de explicar cómo se hacían las entregas de dinero a mi representado o la verdadera naturaleza de sus servicios".
La declaración "como testigo de Fernando Belhot tras un pacto ilegal con el representante del Ministerio Fiscal, sin la intervención de esta defensa y vedando una nueva declaración del testigo sometida a contradicción, deja a mi representado en una situación de absoluta indefensión material" y solicita su nulidad.
La defensa insiste en la "ilgealidad" de esta declaración. "La expresada cooperación del mencionado Fernando Belhot en la investigación se ha traducido en compromiso de no ser acusado, ni, por tanto penado, por ningún delito derivado de la gestión del supuesto patrimonio de mi representado".
Sin embargo, alerta de que "no es posible en ningún caso en nuestro sistema jurídico la concesión de un beneficio punitivo consistente en garantizar la completa inmunidad de una persona que supuestamente ha participado en los hechos delictivos".
La defensa del exdirigente del PP asegura que "las cuentas de Zaplana están aportadas a la causa y se puede hacer un seguimiento pormenorizado de sus consumos". Y putnualiza que "si ha pedido prestado a un amigo dinero para pagar un coche o un impuesto, lo recibió por transferencia, lo declaró al Congreso cuando era diputado, y luego lo devolvió mediante cheques con una absoluta trazabilidad".