El Gobierno de Ximo Puig pide a la ONG de Ábalos que devuelva las ayudas si no logra justificarlas

En la misma, además de recordar que la administración autonómica ha instado a la "acción judicial de extinción" de la organización, apunta esta vez que, cuando entre en "fase de liquidación", exigirá a los patronos "la rendición de cuentas sobre el destino otorgado a la dotación fundacional". Y apunta al respecto que, "si no los rindieran", solicitará también "la condena de su reingreso, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse".

La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, autodenominada como una ONG "independiente del poder político y económico", fue impulsada por José Luis Ábalos en 1992. La creó tras ser director general de Cooperación durante dos años con el Ejecutivo autonómico del socialista valenciano Joan Lerma. Este último gobernó hasta la llegada de Eduardo Zaplana (PP) en 1995.

Ábalos se apartó en 1998 de la primera línea de Fiadelso, pero mantiene una estrecha relación con el patronato, pues comparte al 50% la propiedad del bajo de la fundación con Gustavo Casal, el presidente. Además, el suegro del político, Mario Perles, es el secretario de la ONG. La mujer del exministro, Carolina Perles, fue patrona de la ONG hasta el año 2019. Y entre los vocales de la fundación se encuentra su discípulo Aarón Cano, actual concejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia.

En la página web de Fiadelso constan las cuentas anuales de doce ejercicios, desde 2004 a 2015. En dicho periodo obtuvo alrededor de cinco millones de euros en subvenciones públicas para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en Lationamérica. Se centraron en el desarrollo de infraestructuras, tanto educativas como de agua. Colaboraban con municipios que asumían después dichas infraestructuras, según explicaron a este periódico fuentes de la fundación.

Extinción vía BOE

Como ya informó este diario, la Generalitat Valenciana tuvo que recurrir al BOE para comunicar a los impulsores de Fiadelso que procedía a extinguir esta fundación por no publicar sus cuentas desde 2016 ni subsanar los balances desde 2011. Tal circunstancia resulta llamativa, ya que se trata de la ONG impulsada por ilustres dirigentes del PSOE, partido que preside la administración autonómica.

El anuncio fue publicado en el boletín el 8 de noviembre de 2021 "por no haberse podido practicar la notificación personal de este acto administrativo". La autoría del escrito también correspondió a la Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública.

Como "interesados" no localizados constaban un CIF y un DNI, que correspondían, según comprobó este diario, a la propia Fundación y a su presidente, Gustavo Casal, el copropietario del local junto a José Luis Ábalos. La notificación, además de en el BOE, se publicó precisamente "en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia", del que es concejal el vocal Aarón Cano.

La información no parece fluir demasiado entre la administración de Puig y el entorno de Ábalos, rivales en el seno del PSPV-PSOE durante los últimos años. No obstante, el PP considera que Fiadelso ha recibido un trato de favor por parte de la Generalitat Valenciana. A su juicio de los populares, el Gobierno valenciano "lleva cuatro años dándole balones de oxígeno cuando no estaba cumpliendo la obligación legal de presentar las cuentas".

Ximo Puig y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. Efe

Tal circunstancia, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, está siendo investigada por la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo abrió de oficio un expediente ante "la presunta inactividad" por parte del Protectorado de Fundaciones -adjunto a la mencionada Conselleria de Justicia y Administración Pública- al no extinguir antes esta ONG.

El PP, en paralelo, solicitó una auditoría externa de las ayudas públicas recibidas por Fiadelso, e interpeló a la consellera Bravo en el Parlamento Valenciano por esta cuestión. "No vamos a permitir que la Generalitat dé carpetazo a este asunto ordenando su extinción como si no pasará nada. Llevan desde el 2016 sin presentar las cuentas y queremos saber si han recibido subvenciones o aportaciones privadas", manifestó la portavoz de la formación, María José Catalá.

La Generalitat Valenciana, en respuesta a las preguntas planteadas por el PP, recordó la cronología de los hechos. Como Fiadelso no cumple con la obligación legal de presentar sus cuentas anuales para que la administración fiscalice su actividad, solicitó en julio a la fundación que procediera a su extinción. Le dio para hacerlo un mes, pero expirado este plazo la entidad ni presentó los balances ni inició su extinción, de modo que el Gobierno valenciano presentó una "solicitud de extinción judicial", que se encuentra todavía en periodo de información previa.

Tras la extinción judicial por parte del Ejecutivo autonómico, según precisó la Generalitat en su respuesta al PP, "se procedería a instar a la liquidación judicial". Y aquí lanzó una clara advertencia. Avisó de que tal liquidación podría incluir "la acción de responsabilidad contra los patronos de la fundación". Ahora suma también la amenaza de requerir la devolución de las ayudas recibidas.

"Asfixiada" por el PP

El Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana precisó que Fiadelso tiene pendiente "presentar los planes de actuación desde 2012 y las cuentas económicas desde 2016, así como la subsanación de las de 2011 a 2015". El organismo lamenta que, sin estos balances, no tiene "constancia del funcionamiento de la fundación ni tampoco del cumplimiento de sus fines fundacionales en los ejercicios citados". Esto "incumple lo previsto en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 50/2002".

Desde Fiadelso aseguraron a este diario que entre 2016 y 2020 la ONG ha carecido de actividad, si bien reconocieron que todavía han tenido "algunos ingresos públicos" en estos cinco ejercicios. "Pero solo resquicios", manifestaron. Defendieron además que la ONG "fue "asfixiada económicamente" desde 2008 por el conseller del PP Rafael Blasco, quien "la apartó de todos los proyectos". También lo habría hecho "el Ayuntamiento de Valencia" de Rita Barberá.

"Pagaron con Fiadelso denuncias del PSPV-PSOE por el caso Cooperación", lamentaron desde la ONG. Según afirmaron, el 90% de sus ingresos procedían de la Generalitat Valenciana, gobernada entonces por el PP. El porcentaje restante llegaba en buena medida de las juntas de Andalucía y Castilla-La Mancha, que sí controlaban los socialistas en aquella época.