Ximo Puig camufla una subida de sueldo a directivos públicos en un decreto de ayudas sociales

La reducción adicional del precio del 30 % en el transporte permitirá ahorrar hasta 800 euros a una familia valenciana de 4 miembros y que 24 directivos de 16 empresas públicas puedan cobrar un plus de hasta 8.583 euros en concepto de indemnización por residencia si viven fuera de Valencia.

El Gobierno valenciano que encabeza el socialista Ximo Puig ha camuflado un considerable incremento salarial a directivos públicos a través de un decreto de ayudas sociales para paliar las consecuencias de la inflación entre las familias de Alicante, Castellón y Valencia.

El documento parte formalmente de la Conselleria de Hacienda, gestionada por el PSOE. Su tramitación parlamentaria se ha incluido en una disposición adicional al decreto ley propuesto por Puig para establecer descuentos en la red de transporte público de la Generalitat Valenciana.

El Consell anunció que se quería adherir a la bonificación acordada por Gobierno de Pedro Sánchez e incluyó la rebaja de los billetes en el plan que comprende diferentes medidas que la Generalitat ha ido aplicando tras la invasión de Ucrania.

Finalmente, la iniciativa salió adelante este jueves en las Cortes Valencianas -con los votos del PSOE, Compromís y Unidas Podemos-, y escondía el incremento salarial.

Coincidiendo con la aprobación, la consellera de Política Territorial, la socialista Rebeca Torró, se desplazó a una estación de Metrovalencia para publicitar entre los usuarios la medida. Allí defendió que "es importantísimo y una prioridad impulsar el transporte público para contribuir a la descarbonización y ayudar a las familias en un momento en el que la inflación se ha disparado por la guerra".

La consellera ni hizo mención en su intervención en el Parlamento autonómico a la disposición adicional que avala el incremento salarial de hasta un 14 %.

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Menos viajes en coche

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso El ESPAÑOL, el texto incluye que a partir de ahora "los máximos responsables de los entes del Sector Público Instrumental de la Generalitat percibirán los mismos complementos e indemnizaciones que los altos cargos de la Administración de la Generalitat".

El Gobierno valenciano defiende que con el cambio "se alcanza una cierta equidad en materia de complementos e indemnizaciones y una disminución de los desplazamientos por carretera debido a la indemnización que percibirán por residencia".

El número de entes a los que podría afectar la modificación normativa se cifra en 16 empresas e incluye À Punt, la televisión pública valenciana; la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Aeropuerto de Castellón.

La cuantía máxima de la indemnización por residencia a percibir se establece en 8.583,78 euros anuales.

Por tanto, "en el caso improbable de que todas las personas máximas responsables de empresas públicas, afectadas por la nueva disposición, generaran derecho a una indemnización por verse obligadas a cambiar de residencia, el coste total de la misma no sería superior a 137.340,48 euros", defiende el Consell de Puig. Todos los directivos que no estén empadronados en la misma ciudad en la que trabajan podrán acogerse al incentivo.

El Consell defiende que este tipo de indemnizaciones están reconocidas por la Generalitat Valenciana desde 1995 y se justifican "por motivo de residencia que reconoce el derecho a disfrutar de una indemnización cuando, como consecuencia del ejercicio del cargo, se vean obligados a cambiar su residencia habitual".

El importe de dicha indemnización, en ningún supuesto, "podrá exceder del 14% de las retribuciones anuales que tengan asignadas", recoge la disposición.

Desde la oposición han lamentado que Puig utilice este decreto para camuflar el incremento. El diputado autonómico del PP, Miguel Barrachina, denunció que el incremento salarial debería de "sonrojar" a los socialistas.

"Es el complemento del pisito. A los suyos, a 24 amigos del PSOE, les van a poner el plus y aportan cero para los valencianos", denunció en las Cortes.

En este sentido, el dirigente popular expuso que "el aumento salarial debe sonrojar y llenar de vergüenza a la izquierda valenciana y lo hacen con efecto retroactivo desde enero", por lo que podrán cobrar el total anual.

Mientras, desde el PSOE defendieron las medidas desplegadas por Puig y Sánchez para hacer frente a la crisis sin mencionar la subida salarial para pagar apartamentos.