La víctima del exmarido de Mónica Oltra pide que se investigue por qué la esposaron al ir a declarar

Los abogados de Teresa han presentado un escrito al juzgado que instruye el caso Oltra en el que solicitan que cite como testigos a los funcionarios policiales que la custodiaron, su superior jerárquico y a los responsables del centro en el que estaba residiendo Teresa en noviembre de 2019.

El escrito subraya que "no se puede descartar que ese peculiar traslado fuera una pieza más en esa estrategia" de ocultación, "amedrentando a la víctima, desconcertándola, y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en el juicio".

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Teresa llegó a los juzgados custodiada por la Policía, al encontrarse en un centro de corrección de menores, y esperó a prestar testimonio en la habitación contigua a la sala de vistas en que se iba a celebrar el juicio.

Allí permaneció esposada y custodiada por dos agentes de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat. En la habitación también se encontraba personal de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, "por lo que no existía riesgo alguno de que pudiera fugarse de la sede judicial", según recoge la sentencia que acabó condenado a la expareja de Oltra.

Al apercibirse de dicha circunstancia, la presidenta del tribunal pidió a los agentes que le retiraran las manillas a la menor, que se encontraba llorando, negándose a atender  la petición y produciéndose una nueva victimización de la niña.

El asunto llegó a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La petición de nuevas diligencias cita e incluye el relato en primera persona de la presidenta del tribunal. El texto formó parte de una investigación interna abierta para que hechos como este, absolutamente excepcionales, no volvieran a suceder.

Por "protocolo"

"Ante mi sorpresa al encontrarla en dichas condiciones me dirigí a la funcionaria de policía y le pedí que le quitara las esposas inmediatamente, le dije que era una presunta víctima menor de edad, además alterada y nerviosa, contestando ésta de forma terminante que cuando entrara en la sala cumpliría mi orden bajo mi responsabilidad".

Según plasmó la magistrada, "reiterada la orden y la negativa afirmó que era el protocolo y que hablara con su superior. Salí de la dependencia e intenté hablar a través del LAJ del Tribunal con el subinspector del grupo, pero resultó imposible".

"Volví a entrar, esta vez ya con toga, y le reiteré a la funcionaria la orden recordándole que estaba en sede judicial, manifestándole nuevamente que se trataba de una víctima necesitada de protección, como era el caso, a lo que se negó terminantemente replicando que si no estaba conforme con el protocolo que lo cambiaran", expuso.

"Al ser del todo imposible razonar con ella opté, como mal menor, a priorizar la celebración del juicio para que la situación de temor y angustia de la menor terminase de la forma más rápida posible", manifestó al TSJ de Valencia la togada.

Solo en el momento anterior a sentarse tras el parabán que impedía la confrontación visual con el denunciado se le quitaron las esposas. "En ningún momento durante estos incidentes la persona del centro que acompañaba a la menor se identificó y manifestó nada", concluyó la juez.

Los abogados de Teresa, cuyo despacho dirige el ultraderechista José Luis Roberto, han trasladado al juzgado que "los testimonios solicitados tienen especial relevancia para confirmar como se produjo la conducción y custodia, y determinar de donde o de quien partió la indicación para engrilletar a la niña". 

El Grupo de Menores pertenece a la Unidad de Policía Autonómica del Cuerpo Nacional de Policía, que depende funcionalmente de la Conselleria de Interior, gestionada por la socialista Gabriela Bravo.

Además, las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y protocolos de actuación policial con menores recogen que solo se admite el uso de grilletes u otros sistemas de aseguramiento y protección con los menores detenidos en los casos que sea estrictamente necesario.

Respuesta "proporcional"

La respuesta ha de ser "proporcional a la naturaleza del hecho cometido y a la actitud del menor en el momento de su detención, cuando no sea posible otro medio de contención física, y sólo en referencia a menores detenidos como infractores penales, no cuando el menor sea la víctima", puntualiza la acusación.

Por otra parte, en el mismo escrito, la joven ha pedido al juez que se dirija al Consell de Ximo Puig para que informe por qué la Abogacía de la Generalitat no asistió la niña tutelada en el juicio por abusos.

"Esclarecer esta cuestión es importante porque privar a la menor tutelada de una asistencia jurídica a la que tenía perfecto derecho, se configura como un elemento más en su revictimización", recoge el escrito.

Teresa llegó sola a la declaración y no recibió ningún tipo de asistencia jurídica. A  partir de este momento, la extrema derecha se ofreció para representarla en los juzgados.

El juez preguntó por esta cuestión a la exlíder de Compromís durante su declaración. Según Oltra, la Abogacía no la representó porque "nadie lo planteó; y yo, tampoco", recoge literalmente la transcripción.

"Resulta de indudable interés conocer que letrado/a de la Generalitat pudo firmar semejante dislate jurídico. Aunque ya nos atrevemos a aventurar que ese informe, dictamen o diligencia probablemente no existirá", razona la acusación al juez.