La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido este martes en cuatro empresas de Madrid, Castellón y Valencia en busca de pruebas que ratifiquen los supuestos sobornos que habrían recibido durante años cargos del PP y el PSOE en la Comunidad Valenciana.
Los registros forman parte de las diligencias derivadas de la Operación Azud, la macrocausa contra la corrupción que ha revelado 20 años de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las diligencias.
En esta ocasión, la operación que desarrolla este martes la Guardia Civil está directamente vinculada con la pieza separada secreta que investiga las finanzas del PSOE valenciano y presuntas adjudicaciones irregulares en Valencia durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, según estas fuentes.
La Guardia Civil halló en casa de José María Cataluña, histórico tesorero del PSOE valenciano y exalcalde de Gilet, un municipio valenciano de poco más de 3.000 habitantes, abundante documentación valiosa para la investigación durante los registros practicados en mayo de 2021.
Entre estos documentos hay unas notas sobre un contrato adjudicado por la empresa pública Aguas del Júcar SL, dependiente del Gobierno, a Acciona y Construcciones Luján, dos de las empresas registradas este martes por la Guardia Civil.
El documento recoge el pago de una supuesta comisión, que alcanzaría hasta el 6%, como condición para acceder al contrato, valorado en más de 39 millones de euros. El objeto era la redacción del proyecto de construcción y ejecución de uno de los tramos más costosos del trasvase Júcar-Vinalopó.
La comisión se elevó finalmente a los 2 millones de euros y ambas empresas habrían abonado el dinero en proporción a su participación en el contrato -1,4 millones de euros Acciona, mientras que Construcciones Luján 600.000 euros-.
La adjudicación se formalizó entre los años 2006 y 2008, durante el Gobierno de Zapatero. Al margen de este contrato, la Guardia Civil ha hallado documentación relacionada con otras adjudicaciones supuestamente amañadas de ayuntamientos socialistas.
En este sentido, Cataluña dejó anotado en una de sus agendas la adjudicación relacionada con el suministros de agua en Dénia (Alicante), contratos de Acuamed o "grupo empresas" interesadas.
El director de relaciones institucionales de Acuamed durante la etapa de Zapatero, el dirigente socialista Joan Navarro, figura como imputado en esta causa.
Agenda intervenida a José María Cataluña.
Este histórico dirigente del PSOE valenciano lleva tiempo apartado de la primera línea política, pero ha seguido vinculado durante años a la fontanería del partido y su núcleo duro. La investigación sitúa a Cataluña en el epicentro de la supuesta trama de financiación irregular del PSOE de Valencia y el caso le estalla a Ximo Puig a siete meses de las próximas elecciones autonómicas.
Además, la Guardia Civil encontró en casa del extesorero órdenes de transferencia a la cuenta nacional del partido, contratos de empresas, anotaciones con los pagos de la campaña de 2007 o la factura de la pirotecnia que amenizó el acto celebrado en la Plaza de toros de Valencia para encumbrar el 16 de mayo de 2015 al entonces candidato a la Generalitat, Ximo Puig.
Los registros se han estado practicando de manera simultánea para evitar la destrucción de pruebas. Según estas fuentes, la juez no ha ordenado ninguna detención por el momento. En la causa figuran cerca de 60 personas investigadas.
Según han puntualizado fuentes de Acciona a esta redacción, "la autoridad judicial ha solicitado hoy una serie de informaciones y documentos a Acciona Construcción" y "toda la información solicitada ha sido facilitada con el objetivo del esclarecimiento total de los hechos investigados, bajo secreto de sumario".
José María Cataluña, exresponsable de finanzas del PSOE valenciano.
Las empresas
Los agentes de la UCO también se han personado en la sede de la empresa Luján, una constructora que aparece en varios sumarios abiertos por supuesta corrupción y era socia de Acciona en la UTE ganadora.
Además, Luján aparece en las anotaciones de supuestos pagos en B que habría gestionado el histórico tesorero del PSOE en Valencia.
No es la primera vez que el nombre de Cataluña aparece vinculado a un caso de supuesta corrupción. En 2018, la investigación dirigida por un juzgado consideró acreditada la financiación ilegal del PSOE y Bloc -hoy en día Més Compromís, el partido mayoritario de la coalición-, pero los delitos electorales estaban prescritos y todas las piezas abiertas se archivaron.
El jefe del grupo de Blanqueo de Capitales concluyó en su informe que el procedimiento utilizado entre Crespo Gomar, una empresa de comunicación, los partidos y las contratistas era "idéntico" al de otras investigaciones por financiación irregular.
La documentación intervenida en ese momento recogía la instrucciones de José María Cataluña para que la agencia de comunicación facturara los trabajos del partido a una constructora. El socialista llegó a declarar en el Senado por estos hechos y aseguró que le resultaba "extrañísimo" esta práctica.
Finalmente, los papeles de José María Cataluña han motivado la apertura de una nueva investigación contra la supuesta corrupción en el seno del PSOE valenciano.