La Abogacía de la Generalitat Valenciana se ha pronunciado de forma contundente contra las trabas que está poniendo la propia Administración autonómica para el desarrollo de plantas de energías renovables en la autonomía.
En un informe solicitado por la Conselleria de Política Territorial (liderada por PSPV-PSOE), asevera que las áreas controladas por Compromís en el propio departamento y en los de Economía (el órgano que decide finalmente sobre los proyectos) y Medio Ambiente están trabando las iniciativas de forma irregular.
En concreto, afea que estas áreas han solicitado estudios de paisaje innecesarios a los promotores, que les ha aplicado restricciones al margen de la legalidad vigente, e incluso que han emitido informes de compatibilidad urbanística contrarios a las iniciativas sin tener las competencias para hacerlo (que están en manos de los municipios).
El pronunciamiento de la Abogacía de la Generalitat se produce en un momento clave, en el que la Comunidad Valenciana cuenta con 63 expedientes pendientes de obtener el veredicto de los políticos de Compromís antes del próximo 25 de enero para obtener la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
Tales proyectos equivalen a 2.250 MW, cifra superior a los 1.737 MW ya instalados actualmente en la autonomía, que aspira a llegar a 6.000 en 2030. La región avanza con mucho retraso en la implantación de plantas de energía fotovoltaica y eólica respecto a otros territorios españoles.
El primer informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue solicitado por la Conselleria de Política Territorial (liderada por PSPV-PSOE) el 5 de octubre, y la Abogacía de la Generalitat lo entregó el pasado 4 de noviembre. Ante el mismo, los departamentos de Compromís solicitaron aclaraciones el pasado 18 de noviembre, y las mismas fueron respondidas diez días después, este lunes 28 de noviembre.
Cuatro irregularidades
Los dos informes se pronuncian en la misma línea y de forma categórica. En concreto, afean a la Administración autonómica cuatro cuestiones concretas. En primer lugar, la Abogacía asevera que la Generalitat Valenciana no puede solicitar a los promotores un estudio de paisaje para el desarrollo de los proyectos, algo que sí estaban solicitando los dirigentes de Compromís.
Por otra parte, consideran que no debe aplicarse la restricción contemplada en la LOTUP de que las plantas de energías renovables ocupen, como máximo, un 3% de la superficie no urbanizable del municipio que las acoge. Ello se debe a que existe una normativa específica para acelerar estos proyectos (el Decreto Ley 14/2020) que prima sobre la anterior y carece de esta restricción.
En tercer lugar, la Abogacía de la Generalitat afirma que los informes de compatibilidad urbanística de los proyectos solo los pueden emitir los ayuntamientos afectados. En ningún caso debería hacerlo la Dirección General de Paisaje que controla Compromís, pero tal circunstancia sí se está produciendo, con informes contrarios a los proyectos.
Por último, los informes emitidos por la Abogacía concluyen que los proyectos para la generación de energía renovable pueden instalarse incluso en suelo no urbanizable de espacios protegidos, algo que rechazan de forma mayoritaria en Compromís.
Solo tejados
El pronunciamiento de la Abogacía supone todo un espaldarazo al presidente Ximo Puig y a la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró. Esta última explicó este jueves que solicitó el informe a la Abogacía al tener "algunas dudas" sobre "cómo se tramitaban los proyectos". "No tengo ninguna duda de que la Dirección General de Paisaje aplicará lo que nos ha dicho la Abogacía", aventuró sobre el departamento que controla Compromís.
El partido, sin embargo, se encuentra lejos de estas tesis. El pasado lunes el grupo parlamentario presentó lo que denominó "un nuevo modelo energético democrático, descentralizado, justo, sostenible y de proximidad".
Aseveró que solo con la instalación de placas fotovoltaicas en el 40% de los techos de edificios y cubiertas técnicamente viables se podría conseguir 14.000 MV, más del doble del objetivo de 6.000 MW de electricidad marcado para 2030, y cubrir así el 84% del consumo energético de la Comunidad Valenciana.
La portavoz de Compromís en el parlamento, Papi Robles, acompañada de los portavoces adjuntos Carles Esteve y Vicent Marzà, instaron a pasar del actual modelo "depredador" y "contaminante", "claro ejemplo de un oligopolio y centrado en macroplantas", a un modelo "basado en priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, con pequeñas plantas junto a las poblaciones consumidoras instaladas en suelos ya degradados".
El PSPV-PSOE, en cambio, subraya que los informes técnicos elaborados al respecto acreditan que las instalaciones fotovoltaicas viables en la autonomía solo permitirían cubrir el 30% del objetivo previsto.