Zaplana dice al tribunal que su patrimonio es fruto del "trabajo" y que el dinero de Suiza no es suyo

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP asegura que siempre se ha "financiado con los ingresos lícitos de su trabajo y actividad profesional y con absoluta trazabilidad, sin que haya tenido nunca sociedades o cuentas en el extranjero".

En este sentido, la defensa subraya que Zaplana jamás "ha sido beneficiario de transferencias o envío de fondos procedentes" de cuentas en paraísos fiscales y que no recibió "ventaja patrimonial alguna derivada o en contraprestación a una decisión que no le correspondía y en la que no intervino".

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El escrito de defensa de Zaplana llega después de que el juzgado finalizara la investigación y que la Fiscalía Anticorrupción solicitara una pena de 19 años de prisión por el supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de las adjudicaciones públicas de las ITV y el plan eólico de la Comunidad Valenciana.

El juzgado abrió juicio oral contra el expresidente de la Generalitat y su sucesor en Valencia, José Luis Olivas, el pasado mes de octubre. Ambos están acusados de formar parte de una supuesta organización criminal que habría llegado a acumular en el extranjero alrededor de 20 millones de euros, según la investigación de la Fiscalía. Zaplana presentó alegaciones contra esta decisión, pero la Audiencia de Valencia confirmó su procesamiento.

Sin embargo, Zaplana ha vuelto a negar los hechos por los que permaneció nueve meses en prisión provisional y ha propuesto que en el juicio se practiquen una serie de pruebas encaminadas a desmontar el origen de la denuncia.

La Guardia Civil inició la investigación del caso Erial después de que Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero, pusiera a disposición de la Fiscalía Anticorrupción unos papeles relacionados con el político que le entregó en 2007 un imán sirio, Imad Al Naddaf Yalouk, con nacionalidad española y afincado en Valencia.

"Ingresos lícitos"

Su defensa recuerda que, en calidad de presidente de la Generalitat Valenciana, impulsó una serie de políticas tendentes a la racionalización del sector público y "al desarrollo de las energías renovables, todo ello dentro de la normativa vigente y conforme al programa político con el que se presentó a las elecciones de 1995".

Dichas iniciativas "se concretaron, entre otras muchas, en el desarrollo de un sistema concesional para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos y en la elaboración del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana", según consta en el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Sin embargo, señala su defensa, "nunca participó en la selección de las empresas y proyectos que fueron designados en los correspondientes procedimientos administrativos, que comportaban valoraciones eminentemente técnicas que fueron realizadas por los servicios competentes" de la Administración Valenciana.

"El patrimonio de mi representado siempre ha sido financiado con los ingresos lícitos de su trabajo y actividad profesional y con absoluta trazabilidad, sin que haya tenido nunca sociedades o cuentas en el extranjero, ni jamás haya sido beneficiario de transferencias o envío de fondos procedentes de alguna de ellas", añade.

Además, afirma que tampoco "ha dispuesto de cuentas bancarias, depósitos o cajas de seguridad en entidades financieras ubicadas fuera de España, ni ha sido titular, apoderado, autorizado o beneficiario de tales productos".

Sobre Fernando Belhot, el supuesto testaferro uruguayo que dijo a la Guardia Civil dónde ocultaba el dinero, explica que "la dilatada y profunda investigación realizada en el marco de la presente causa no ha permitido hallar" documentación relacionada con Zaplana.

La defensa del exdirigente popular también menciona la utilización del piso de la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que Zaplana obtuvo la vivienda tras abonar 1,6 millones de euros procedentes de las comisiones a través de una sociedad llamada Costera del Glorio.

En cambio, sus abogados trasladan ahora a la Audiencia que ocupó la casa propiedad de uno de sus amigos, Joaquín Barceló, tras "una separación temporal de su esposa". 

"A la vista de que la interrupción de la convivencia matrimonial parecía alargarse, en el año 2010 su amigo don Joaquín Barceló le ofreció alojamiento en un inmueble del que la mercantil Costera del Glorio era dueña de pleno dominio (...). Eduardo Zaplana aceptó dicho ofrecimiento a donde se trasladó con los enseres procedentes de sus anteriores residencias temporales", recoge.

En este sentido, añade que se acabó pagando con "las plusvalías" que generó la venta de una parcela con edificación en la Urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Para el uso de la vivienda, Eduardo Zaplana y la sociedad de su amigo "firmaron un contrato de arrendamiento por el que la mercantil percibió una renta mensual de 1.400 euros que fueron abonados mediante trasferencia bancaria".

Además, la cláusula primera del contrato establecía que Zaplana "conocía y aceptaba que el inmueble se encontraba en venta, obligándose, en caso de que fuese vendido, al desalojo del piso antes del último mes siguiente a la fecha en que se le comunicase dicha circunstancia". En 2018 se vendió a su actual propietario.

Donaciones

Sobre las donaciones entre miembros de su familia, que Anticorrupción atribuye a supuestas prácticas de blanqueo de capitales, su defensa sostiene que se realizaron para ayudar a sus hijas.

"Dentro de la más absoluta normalidad propia de las relaciones paterno filiales, el matrimonio Zaplana-Barceló, y dado que su situación económica se lo permitía, han ayudado financieramente a sus hijas en la adquisición de sus respectivas viviendas", afirma.

Por último, en cuanto al uso de embarcaciones por parte de Zaplana con cargo a distintas sociedades, la defensa recuerda que no eran contratistas de la Administración.

El juicio contra Eduardo Zaplana y el resto de investigados podría celebrarse a partir del año 2024.