Ximo Puig impulsa un 'ingreso mínimo rural' antidespoblación para agricultores y ganaderos

La propuesta se ha plasmado en una enmienda a esta ley, firmada por las tres formaciones. La misma precisa que el Gobierno autonómico, cuando la norma ya esté vigente, "estudiará la implantación de una renta rural agropecuaria que dé soporte al mantenimiento de las actividades de agricultura y ganadería".

Impulsan esta ayuda, según alegan, "valorando la importancia de estas actividades en el mundo rural como elemento generador de oportunidades laborales, como primera barrera de contención contra los efectos del cambio climático, la prevención de incendios forestales y la preservación del patrimonio cultural, paisajístico y ambiental".

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"Se determinará reglamentariamente su alcance, las zonas de afectación y las personas beneficiarias de la misma", concluye al respecto la enmienda, adelantada por el diario Levante-EMV.

El nombre escogido para la ayuda, "renta rural agropecuaria", recuerda a la renta valenciana de inclusión (RVI), que fue una herramienta precursora en la Comunidad Valenciana del ingreso mínimo vital (IMV) que después implantó el Gobierno de España a nivel nacional.

En la misma línea, el Ejecutivo autonómico aspira de nuevo a adelantarse al central. La prestación, sin embargo, es muy distinta. Lejos de representar una ayuda para quien no recibe ningún tipo de ingreso, se trata esta vez de brindar apoyo económico a trabajadores que sí ejercen una profesión determinada, con el objetivo, precisamente, de que sigan desempeñándola.

Cuantías y requisitos

En cualquier caso, es un compromiso no vinculante, sujeto también a que el llamado Govern del Botànic reedite su mayoría parlamentaria en las elecciones del próximo 28 de mayo.

También está por ver si, en caso de salir adelante, lo hace como instrumento de apoyo o como iniciativa realmente ambiciosa. Las cuantías y los requisitos para percibirlas serán determinantes: si se aplica en todos los territorios con despoblación o solo en los más afectados, si la percibirán nuevos profesionales o solo los que acrediten cierta trayectoria como agricultores o ganaderos...

La Ley de medidas contra la despoblación es uno de los estandartes del PSOE valenciano, que impulsa esta horma desde Presidencia de la Generalitat. En concreto, a través de la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento, Elena Cebrián, que fue consellera de Agricultura durante la pasada legislatura en representación de Compromís y fue reclutada después por los socialistas.

Este texto, según explicó la dirigente, incorporará "la perspectiva rural en todas las políticas y proyectos normativos de la Generalitat Valenciana para asegurar su beneficio a los territorios del interior y crear nuevas oportunidades".

Cebrián manifestó que esta ley "creará las condiciones propicias para garantizar la igualdad de oportunidades y calidad de vida en todo el territorio". "Pretende asegurar el acceso a los servicios públicos, facilitar la apertura de nuevos negocios y que quien lo desee se instale en nuestros pueblos en condiciones dignas", dijo.

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El nuevo texto normativo quiere ofrecer "un marco, permanente y estructurado, que integre y consolide las políticas de lucha contra el despoblamiento en la Comunidad Valenciana". Lo hará "sobre unos principios comunes basados en el consenso, la coordinación y la colaboración entre Administraciones públicas, especialmente con la Administración local, y la cooperación con el resto de instituciones, entidades públicas o privadas y personas que representan el territorio", agregó.

Con esta finalidad, la nueva norma "proporcionará instrumentos para luchar de manera integral contra el despoblamiento, impulsará los proyectos que ya están en marcha, iniciará medidas específicas y coordinará todas las acciones que, de manera transversal, se están llevando a cabo desde otros departamentos del Gobierno valenciano".

"Desde una visión integradora, multisectorial y multidisciplinar, la ley contra el despoblamiento adoptará medidas de discriminación positiva de aquellos colectivos que lo necesiten, y pondrá en marcha acciones para fomentar la igualdad y la lucha contra la brecha de género, así como para evitar la exclusión social y financiera", subrayó.

En la misma línea, "reforzará las capacidades administrativas en los municipios más pequeños, creará entornos que fortalezcan el tejido económico, la economía social y la diversificación de sectores tradicionales y emergentes, y aprovechará las ventajas de la transición verde, la digitalización y la innovación tecnológica".