Podemos está bloqueando en el Consejo de Ministros la inversión pública de 542,7 millones de euros para completar la ampliación del Puerto de Valencia. Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la propia formación morada en la Comunidad Valenciana. La actuación tiene un coste total de 1.564 millones. Los 1.021 restantes debe aportarlos TIL, la compañía italo-suiza del grupo MSC que se adjudicó la infraestructura.
"Estamos en coordinación directa con las ministras de Podemos, que tienen clara nuestra posición. Y al ver el PSOE que no cuenta con nuestro apoyo, el asunto no se ha llegado a votar", explican desde el partido.
El choque de posturas entre ambas formaciones se produjo en el pleno del pasado mes de enero, cuando el Ejecutivo intentó llevar a su consejo el desembolso (por donde pasan todas las inversiones estatales que superan los 12 millones de euros).
Llegó a estar en el borrador inicial de temas a aprobar. Y fue entonces, según reveló este jueves eldiario.es, cuando Podemos advirtió de que votaría en contra y el PSOE aplazó el debate.
El pasado miércoles, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, acusó sin ofrecer detalles a la vicepresidenta Yolanda Díaz de estar bloqueando la inversión. Le pidió que “no paralice” la aprobación y auguró que la misma se producirá antes de las elecciones del 28 de mayo “si la vicepresidenta no pone más problemas”.
Podemos ya advierte de que se seguirá oponiendo. “Tenemos la correlación de fuerzas que tenemos, pero vamos a seguir en contra. No se va a aprobar con nuestro apoyo”, trasladan fuentes de la formación.
El sí de Transportes
La razón fundamental de Podemos para oponerse es que la declaración de impacto ambiental del proyecto data de 2007. El Gobierno de España autorizó la ampliación del puerto de Valencia sin realizar una nueva. En concreto, el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) -dependiente del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-, emitió un “informe favorable” sobre “el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia”.
Las conclusiones del informe de Puertos del Estado señalaron que “las obras incluidas en el proyecto cumplen las funciones requeridas en relación con la mejora de competitividad del Puerto de Valencia en tráficos de mercancía conteneirizada, mediante la ejecución de una nueva terminal de contenedores funcional y operativa que completa la ampliación norte del puerto”.
La memoria del proyecto constructivo, analizada y aprobada por Puertos del Estado, incluyó un anexo denominado “necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto constructivo de muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia”.
Este concluyó que las distintas modificaciones introducidas en el proyecto respecto al original (cambiar el lugar de la gran dársena para ubicarla junto al nuevo dique de abrigo, fundamentalmente) “no tienen efectos sobre el medio ambiente adicionales a los ya considerados en la citada resolución”.
Sin embargo, dejó en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la decisión de solicitar o no una nueva declaración de impacto ambiental, y la Justicia concluyó después que no debe ser la propia APV quien autorice en un asunto que le atañe directamente.
A esta última cuestión se aferran Podemos, y también Compromís, para bloquear por el momento la inversión. Su crítica a la ampliación, sin embargo, va mucho más allá, pues se muestran incluso partidarios de demoler las obras del dique de abrigo, ya realizadas en 2012 y con un coste de más de 200 millones de euros.