El Partido Popular ha pedido explicaciones a la ministra de Ciencia y candidata del PSOE por Valencia, Diana Morant, después de que EL ESPAÑOL avanzara este miércoles que ha sido denunciada por favorecer la okupación en un bloque de viviendas protegidas en su etapa como alcaldesa de Gandía.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha instado al Gobierno "a dar explicaciones ya" y ha lamentado que "el manual del sanchismo" signifique estar "en la sedición con los independentistas y en vivienda con los okupas".

El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha señalado que "este gobierno se ha dedicado a legislar para los que quebrantan la ley, nunca para los ciudadanos que la obedecen".

[Denuncian a Diana Morant y su sucesor en Gandía por promover la okupación de un edificio municipal]

"Su Ley Okupa atiende a la misma lógica. La ministra debería dar explicaciones de inmediato", advertido Tellado.

Un juzgado ha aceptado una denuncia interpuesta contra la actual ministra de Ciencia por los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento de Gandía por promover la okupación de un edificio de vivienda protegida municipal en 2015, cuando era alcaldesa.

La denuncia se ha presentado por los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El escrito atribuye a Morant una supuesta dejación de funciones durante el desalojo de un edificio municipal que fue ocupado ilegalmente y actualmente está en ruinas.

Los hechos se remontan al 30 de junio de 2015, pocos días después de que Morant se convirtiera en alcaldesa. Ese día, la socialista acudió a un bloque de viviendas de protección oficial localizado en la calle Perú para apoyar a un grupo de manifestantes que quería evitar el desalojo de una familia de este inmueble, de concesión municipal. 

El desalojo, que las propias autoridades municipales boicotearon, impidió la actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión y de los bienes públicos. La gestión de Morant en el desahucio provocó un efecto llamada, según estimaron los tribunales por la vía contenciosa, e inmediatamente después varios inquilinos dejaron de abonar las mensualidades.

Las viviendas quedaron okupadas por diversos clanes familiares y los moradores que pagaban las mensualidades se acabaron marchando por la delincuencia. El Ayuntamiento abandonó el edificio, se intalaron varios narcopisos, se produjo un asesinato y hoy en día está en ruinas.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después, consideraron a Morant responsable del grave deterioro del bloque viviendas de protección oficial, al permitir múltiples daños ocasionados por okupaciones y redes de delincuencia. Ambas sentencias son firmes.

Tras estas resoluciones, avanzadas por EL ESPAÑOL en 2022, la promotora del edificio presentó otro pleito para que Morant respondiera con su patrimonio. El pasado mes de abril, el juzgado denegó la petición al considerar que la constructora no estaba legitimada para realizar la petición y dejó la puerta abierta a un proceso penal que ahora se pone en marcha.

Junto a Morant también ha sido denunciado el actual alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, además de María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales. El escrito atribuye a los tres los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La denuncia la ha presentado el exalcalde popular de Gandía Arturo Torró, condenado recientemente por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión por causar un perjuicio económico de 135.812 euros al rescindir el contrato de la TV local, obedeciendo a "intereses particulares y no públicos".

El juzgado de Instrucción número 3 de Gandía ha asumido el caso. Morant está aforada por el Tribunal Supremo, pero el juzgado puede asumir ahora el caso e inhibirse a favor del alto tribunal más adelante, en el caso que halle indicios de delito en la actuación de la ministra.

La promotora ya ha pedido ser parte en la investigación, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

La denuncia pide al juzgado que acuerde sobre los denunciados embargos valorados en 770.000 euros. Esta es la cuantía que ha abonado el Ayuntamiento por los daños causados en el edificio a partir de que Morant impidiera la ejecución del desahucio.

41% más de okupación

Por otra parte, el candidato al Congreso por la provincia de Valencia, Fernando de Rosa, ha pedido a la ministra socialista explicaciones por permitir la okupación de un edificio municipal de Gandía durante su etapa de alcaldesa. 

"La candidata socialista debe responder y no esconderse. Urge que dé una respuesta. Como siempre ocurre con el PSOE, la cruda realidad se topa con la propaganda que nos quieren vender en esta campaña", ha señalado De Rosa. 

Según ha subrayado el dirigente del PP, "lo de Diana Morant no es un caso aislado en las políticas socialistas. De hecho, con el gobierno de Pedro Sánchez la okupación ha crecido un 41% en España".

El candidato al Congreso ha recordado que el PP plantea endurecer penas, más formación policial y crear oficinas de víctima, entre otras medidas. "El PSOE se pone del lado de los okupas en lugar de proteger al ciudadano que destina sus ahorros a adquirir una vivienda. Es lamentable".