Carlos Mazón se ha marcado entre sus prioridades garantizar por ley que el alumnado de las zonas castellanohablantes de la Comunidad Valenciana pueda escolarizarse solo en castellano. La actual norma obliga a destinar a cada una de las dos lenguas oficiales, el castellano y el valenciano, un mínimo del 25% de las horas lectivas.
Por ello, el presidente valenciano impulsará una reforma de la actual ley de plurilingüismo, aprobada durante la primera legislatura del socialista Ximo Puig, para hacer efectiva la exención del valenciano en las aulas, fundamentalmente en el sur de la provincia de Alicante, y eliminar el mínimo del 25% de materias en valenciano que se establece por ley.
El PP ha asumido la cartera de Educación tras el acuerdo con Vox y Mazón ha situado al frente del departamento a José Antonio Rovira. Este dirigente alicantino es uno de sus colaboradores de confianza y ya pasó por la Conselleria de Educación en los anteriores gobiernos del PP.
Se trata de un área especialmente sensible que el PP se ha negado a ceder a Vox. La prioridad de los próximos meses será cambiar una norma que, a juicio del PP, es "contradictoria" y atenta contra "la libertad de las familias".
La actual ley valenciana de plurilingüismo es de 2018 e introdujo un cambio sustancial en la política lingüística de la Comunidad Valenciana. Hasta entonces, el alumnado podía elegir entre línea en valenciano o castellano. La nueva norma modificó estas dos opciones y dejó en manos de los centros (consejos escolares) la programación del peso de cada uno de los dos idiomas en la planificación académica.
No obstante, la ley establece que el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana es del 25% de las horas efectivamente lectivas. Además, se introdujo una horquilla mínima de entre el 15% y el 25% para el inglés como tercer idioma.
El objetivo de la ley es garantizar que, al finalizar la enseñanza obligatoria, todos los alumnos presenten competencias suficientes en las dos lenguas oficiales. El porcentaje del 25% no es casual y corresponde al marco legal que fijó el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia sobre la enseñanza del castellano en Cataluña en el caso de Canet de Mar (Barcelona).
Mapa lingüístico
En el caso de Cataluña, se establece la obligación de destinar un mínimo de un 25% de las materias en castellano, una decisión que los partidos independentistas rechazan y, de hecho, no se aplica. En el caso valenciano ha ocurrido lo contrario.
El decreto de plurilingüismo del anterior Consell ha sido muy polémico en zonas del sur de la provincia de Alicante como la Vega Baja, donde nunca se ha hablado valenciano o es prácticamente residual y el PP tiene uno de sus mayores caladeros de votos. Allí las familias rechazan mayoritariamente el 25% de horas lectivas en valenciano porque su zona está reconocida como castellanohablante.
La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 contempla que el alumnado de las comarcas reconocidas como castellanohablantes puede pedir la exención del valenciano, además de los estudiantes con residencia temporal. Estas zonas corresponden a las comarcas de la Vega Baja, el Alto Palancia (Castellón) o Utiel-Requena y Ademuz (Valencia).
Este derecho se mantuvo en la norma aprobada por el Gobierno de Puig, pero como el decreto de la izquierda incluyó la obligación de destinar a cada una de las dos lenguas oficiales el 25% de las horas lectivas, en la práctica no se aplicó la excepción que recoge la ley.
El planteamiento del nuevo Gobierno de Carlos Mazón pasa por que este alumnado eximido pueda escolarizarse exclusivamente en castellano si así lo desean las familias.
"No tiene sentido que en aquellas zonas donde los alumnos siguen teniendo el derecho de estar exentos del valenciano, se les impongan asignaturas en un idioma que no conocen en absoluto", manifestó el nuevo conseller a los medios de comunicación tras mantener una primera reunión con Mazón en el Palau.
"Vamos a ir aterrizando", puntualizó Rovira. La intención del PP es que la nueva normativa esté a punto para el curso escolar 2024-25.
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo (TS) dio otro toque de atención al Gobierno de Puig por su modelo lingüístico.
El Alto Tribunal rechazó los recursos que presentó la Generalitat en 2022 contra las resoluciones del TSJ valenciano que exigía una proporción razonable entre las dos lenguas oficiales en centros públicos de la provincia de Valencia y Alicante en los que no se respetaba el equilibrio.
En el caso de uno de los colegios analizados, en la localidad de Benigànim (Valencia), el programa lingüístico recurrido establecía una proporción del 65% en lengua valenciana, un 25% en castellano y un 11% de inglés para Educación Infantil. Mientras, para Educación Primaria, la proporción era del 53% en valenciano, el 32% en castellano y el 17% en inglés.
La sentencia concluyó que la distribución de las dos lenguas oficiales en los proyectos lingüísticos de cada centro debía respetar, además, criterios de proporcionalidad y equilibrio, tanto por lo que respecta a las horas lectivas como a su reparto entre asignaturas troncales y específicas.
Nuevo modelo
José Antonio Rovira, un viejo conocido de la Conselleria de Educación, regresa al departamento como máximo dirigente para desarrollar un nuevo modelo educativo.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es profesor de la Universidad de Alicante y ha sumado a su labor docente una larga trayectoria política en las filas del PP valenciano.
Entre otros cargos públicos, fue concejal del Ayuntamiento de Alicante (de 1991 a 1995 y entre 1995 y 1999) y gerente de Personal de la Diputación de Alicante (2007-2011), además de diputado en las Cortes Valencianas.
Dentro del ámbito educativo, el ahora conseller ejerció como director general de Personal de la Conselleria de Educación (2001-2007) y como director territorial de Alicante (2013-2014). Es, por tanto, un conocedor tanto del sector como de los entresijos de una conselleria en la que el PP espera una fuerte resistencia.