La demolición de dos rascacielos de lujo en Benidorm se eterniza, si es que algún día llega a producirse. Se trata de los dos edificios mellizos ubicados en el Residencial Gemelos 28, en Punta Llisera, en la primera línea de la costa de la localidad alicantina. El Ayuntamiento benidormense solicita que se elabore un informe medioambiental que dirima si el derribo tiene más pros que contras.
En 2017, el Supremo obligó a la Generalitat valenciana a demoler estas dos torres, que cuentan con 21 plantas cada una, más otras cuatro de aparcamientos y una piscina. En total son 171 viviendas, de las que 84 son propiedad de ciudadanos rusos y otras 13 pertenecen a compradores árabes. A ello hay que sumar 153 plazas de garaje.
Las indemnizaciones a los propietarios alcanzarían los 58.981.085,32 euros, más un 20% extra que obligó a sumar la Justicia. En total: 70.777.302,38 euros, que la Generalitat ya tiene aprovisionados por si se produce la demolición, cuyo coste habría que añadirlo a la cantidad anterior, lo que podría arrojar un montante, según las fuentes consultadas por este periódico, de 100 millones de euros.
Los dos rascacielos invaden, por cuestión de entre cuatro y seis metros, una pequeña área medioambientalmente protegida. Se trata de la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre. De hecho, si fueran derribados, podrían volver a construirse otra vez las mismas torres cuatro metros más lejos del mar, ya sin infringir la Ley de Costas.
El Ayuntamiento de Benidorm se opone a su derribo inminente. Y así lo ha solicitado en un escrito, dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que fue el órgano que ordenó la demolición que posteriormente confirmó el Supremo.
Según advierte el consistorio, de cara a la hipotética demolición, debería pronunciarse antes "el órgano medioambiental competente" para evaluar su "impacto ambiental". El derribo "puede generar gran cantidad de residuos", señala en Ayuntamiento en su escrito enviado al TSJCV, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Entendemos que deberá pronunciarse el órgano medioambiental competente, máxime cuando, al margen de otras consideraciones, la demolición puede afectar gravemente al litoral, por la inevitable caída de cascotes, con posible contaminación de las aguas por el polvo y otras sustancias", añade el documento, que recuerda que los edificios se encuentran junto al Parque Natural Serra Gelada, que forma parte de la Red Natura 2000.
Entrada al Residencial Gemelos 28.
Quien sí exige "el cumplimiento inmediato de la sentencia en sus estrictos términos" es el propietario de una vivienda situada justo detrás de Gemelos 28, a quien los edificios tapan las vistas al mar. "Por más que [la demolición] suponga costes económicos elevados y perjuicios para los propietarios que adquirieron las viviendas de las dos torres", exige.
En un escrito fechado en junio de 2022, este particular señalaba que "la inactividad judicial" genera "graves perjuicios a todas las partes del proceso". "Es evidente que mi mandante, como titular de la edificación que se encuentra justo detrás de las torres construidas de forma ilegal, está asumiendo desde hace más de diez años cuantiosas pérdidas económicas", indicó su abogado hace ahora algo más de un año.
En su escrito, advertía de "la minusvaloración del apartamento que arrienda" su cliente, dado que, desde hace una década, puede presumir de "unas inexistentes vistas al mar".
A finales del pasado mayo, la Generalitat valenciana elaboró un informe técnico-jurídico sobre la situación de los edificios. Entre sus conclusiones, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, acordaba la licitación de un proyecto especializado de demolición, "dada la dificultad [de las obras] y el entorno tan ajustado y complejo por su proximidad al mar".
De hecho, el Consell consideró "conveniente" que se realizara mediante un diálogo competitivo, que es el proceso extraordinario en el que las partes (la Administración y las empresas seleccionadas, previa solicitud de participación) negocian para acordar varias soluciones que satisfagan al Gobierno autonómico. Y este acuerdo sirve luego como base para elegir la oferta final.
A dicho informe es al que responde ahora el Ayuntamiento de Benidorm, que considera necesario un dictamen medioambiental previo a unas hipotéticas obras. Tras el largo periplo judicial, en 2019, el asunto fue tratado incluso en la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Pero las negociaciones para lograr una demolición que satisficiese a todas las partes cayeron en saco roto.
La promotora Terras de L'Horta SL, filial de Edificaciones Calpe SA, fue la encargada de la construcción de ambas torres en 2005. Pertenecía al valenciano Andrés Ballester Ríos y la empresa matriz tuvo que declararse en concurso de acreedores a final del proceso judicial que concluyó que los edificios eran ilegales.
Ahora bien, tal y como señaló en 2018 la entonces concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, si las torres fueran demolidas, podrían volver a construirse inmediatamente después si respetan la zona protegida. Es decir, unos cuatro metros y medio más atrás.
"Roza el sainete"
"Es totalmente absurdo que planteemos dedicar decenas de millones de euros del erario público —además del potencial perjuicio ambiental de un derribo a tan escasa distancia del mar— para obtener un resultado inapreciable a la vista y que no beneficia a nadie", critica el abogado Víctor Soriano i Piqueras, defensor de los propietarios de una de las viviendas de las torres.
"El Derecho está para resolver problemas y no para crearlos, la interpretación de las normas no puede conducir a situaciones rayanas del sainete como ésta, en la que dedicamos el coste entero de construir un hospital, simplemente, a retranquear, de cuatro a seis metros, un edificio", añade Soriano.
Vistas al mar desde una de las viviendas del residencial.
De derribarse los bloques, el letrado solicita que sea la Generalitat la que asuma los costes íntegros, que podrían alcanzar los 100 millones de euros, dada la extraordinaria complejidad de efectuar la demolición al filo del mar. "Además del derribo, tendrá también que indemnizar a los propietarios, quienes, de buena fe, confiaron en que existiría una autorización a las viviendas", añade. "Aunque la indemnización —cuando llegue, si llega— no va a cubrir una década, si no es más tiempo, de espera hasta que puedan recuperar la vivienda", advierte.
Como alternativas al derribo, se podría introducir una disposición adicional en la Ley de Costas para legalizar la situación de este edificio en concreto. E incluso, según señala Soriano, se podría plantear, como el Ayuntamiento de Benidorm puso sobre la mesa, que se amplíe el paseo marítimo mediante una pasarela, con lo que el edificio ya no ocuparía terreno protegido.