La Conselleria de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, dirigida por Vox tras el acuerdo de gobierno entre la formación y el PP de Carlos Mazón, ha decidido que la coordinadora de las oficinas de violencia de género lleve también la seguridad del Palau de la Generalitat.
De este modo, la inspectora jefe de la Policía de la Generalitat, Pilar Bojó, ya no está dedicada en exclusiva a dirigir y coordinar este recurso especializado de atención a las mujeres víctimas de violencia machista, sino que lo compagina desde el cambio de Gobierno con estar al frente de la protección de las personalidades del Consell.
También se encarga de la seguridad de las instalaciones, bienes y edificios de la Generalitat, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL.
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Desde el departamento de Justicia niegan a este periódico que este nombramiento, que depende de la comisaria de la Policía autonómica, suponga una "anomalía" o una pérdida de recursos para las oficinas especializadas en violencia machista.
Las mismas fuentes aseguran que Bojó "es la única inspectora jefa de la Policía y una de las mejores policías de la unidad" y consideran habitual que los agentes presten servicio en diferentes lugares. Posteriormente, añadieron que desempeña ambos cargos "de una forma estrictamente temporal", por el periodo estival.
Al respecto, según agregaron, la voluntad es elegir a otro responsable de la Seguridad del Palau de la Generalitat y que Bojó vuelva a centrarse en el recurso de asistencia a víctimas de violencia de género.
"No hay ninguna anormalidad, ni anomalía, ni tampoco una limitación de los recursos de estas oficinas", concluyeron desde Justicia. Fuentes de Presidencia, consultadas al respecto, insistieron en esta misma versión.
En cambio, fuentes conocedoras del funcionamiento de estas oficinas temen que detrás de la decisión de ampliar las competencias de Bojó se esconda la voluntad de desmantelar desde dentro estos centros que atienden a miles de mujeres.
En este sentido, explican que dirigir las tres oficinas exige un gran esfuerzo para garantizar que el servicio prestado en una materia tan sensible como la atención a mujeres que sufren violencia de género sea de calidad.
Según estas fuentes, también hace falta una importante labor de visibilización y de coordinación con otras instituciones, departamentos e incluso organizaciones y asociaciones feministas, para garantizar que conozcan este recurso y deriven a las víctimas.
La oficina especializada en violencia de género de Alicante. EE
El anterior Gobierno valenciano, liderado por el socialista Ximo Puig, abrió la primera oficina en Valencia en abril de 2019 y fue en 2022 cuando el proyecto se completó con las de Castellón y Alicante. Por estas instalaciones han pasado un total de 4.000 mujeres, de la cuales, más de la mitad ha interpuesto denuncia contra su agresor.
Se trata de un proyecto cuya continuidad ha estado en duda desde que PP y Vox alcanzaron un acuerdo de Gobierno para la Comunidad Valenciana. Las oficinas dependen de la Conselleria de Justicia, dirigida por Vox, un partido que niega la violencia de género.
El pasado jueves, la consellera de Justicia e Interior, de Vox, Elisa Núñez, dejó en el aire el futuro de este proyecto que depende de su departamento. La dirigente afirmó que no podía dar una respuesta "firme y fehaciente" sobre su continuidad porque todavía estaban "estudiando" las "diferentes posibilidades".
No obstante, el propio presidente del Ejecutivo autonómico, el popular Carlos Mazón, desautorizó 24 horas después a su consellera para confirmar que las oficinas especializadas en violencia de género "se mantendrán" e incluso "se reforzarán".
El presidente explicó que la hoja de ruta del nuevo Consell pasa por reforzar las competencias y mejorar la coordinación del proyecto.
El departamento de Igualdad, que tiene rango de vicepresidencia, de hecho, está liderado por Susana Camarero, que se define a sí misma como "feminista comprometida" y que ha negado que existan fisuras en la lucha contra la violencia machista en el seno del Gobierno valenciano.
Alto cargo condenado
El presidente Carlos Mazón cesó el pasado jueves al número dos de la Conselleria de Justicia, el subsecretario Luis Manuel Martín, propuesto por Vox, por estar condenado en un caso de violencia de género de 2011.
Fue Elisa Núñez, según explicó tras la reunión extraordinaria del pleno del Consell, la que pidió su destitución por una "pérdida total de confianza", ya que desconocía los antecedentes penales de su alto cargo, uno de los primeros que eligió para el segundo escalón de su departamento.
Las conselleras de Justicia y Hacienda, Elisa Núñez y Ruth Merino. EE
Para la titular de Justicia, este cese fulminante se produjo en "el marco del pacto de Gobierno entre el PP y Vox".
Luis Manuel Martín Domínguez es el segundo dirigente de Vox que se ha visto obligado a apartarse del Gobierno valenciano por una condena de violencia machista.
El número 1 por Valencia en las pasadas elecciones autonómicas, Carlos Flores Juberías, acabó renunciando a su acta de diputado en las Cortes Valencianas por una condena en 2002 a un año de prisión por maltratar verbalmente a su mujer.
Sin embargo, esta condena no impidió a Flores Juberías participar en las reuniones con el PP para negociar el pacto de gobierno, ni concurrir por Vox a las elecciones generales al Congreso de los Diputados, donde es diputado actualmente.