Los 27 aparcan el catalán pero 'salvan' a Sánchez con una prórroga para no torpedear su presidencia

La iniciativa del Gobierno español ha generado numerosas reticencias entre un grupo de países que piensan que oficializar las lenguas minoritarias podría avivar conflictos territoriales internos. Pero no votarán en contra en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este martes, sino que lo prorrogarán sine die. "Francamente, nadie puede decir que 'no' directamente a la Presidencia de la UE", que actualmente recae en España, reconoce una fuente diplomática en conversación con EL ESPAÑOL.

Esto es un fracaso político para el Gobierno, que pretendía que el asunto quedara decidido en la reunión de este martes. Pero, paradójicamente, la elegancia diplomática servirá para salvar a Pedro Sánchez, que había incluido la oficialidad del catalán en la UE como uno de los pagos a los independentistas para conseguir sus apoyos y volver a ser investido presidente.

[El entorno de Puigdemont supedita la investidura a que la UE apruebe el martes el catalán]

Consultadas por este diario, las Representaciones Permanentes de países como Francia, Alemania o Bulgaria trasladan que están abiertos a estudiar el asunto, que el debate es constructivo, pero que prefieren esperar a que los servicios legales del Consejo de la UE emitan un informe sobre la petición española.

Según las fuentes, el principal problema que tendrán que dirimir dichos servicios legales es si las tres lenguas minoritarias que España quiere impulsar necesitan ser oficiales en todo el Estado español antes de serlo también en la UE.

Varios países apuntan a que "la praxis de las instituciones de la Unión Europea" y el Reglamento nº1 de 1958 adoptado por el Consejo indican que así debería de ser. España no cumple esta condición, ya que el castellano es el único idioma oficial en todo el país, según el artículo 3 de la Constitución, y las lenguas minoritarias lo son sólo en sus respectivas comunidades autónomas.

La fecha en la que se podrían pronunciar los servicios legales es una incógnita que no hace sino postergar el debate. Este lunes, en varios reuniones celebrados en Bruselas, los distintos países reconocen que el asunto podría tardar "semanas o meses" en tener un desenlace.

[Las razones eslovacas que prueban que sólo reformar la Constitución haría al catalán lengua de la UE]

El interés de Europa de prorrogar, aplazar o dejar en una vía muerta la oficialidad del catalán no casa con las prisas de las fuerzas independentistas. Este fin de semana, el exconseller Toni Comín, que huyó a Bélgica junto a Carles Puigdemont, pidió al Ejecutivo español "arremangarse", y desde el separatismo supeditan la investidura de  Sánchez a conseguir este objetivo.

Como precedente se puede ver lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. También pidió incluir las tres lenguas en el reglamento y su iniciativa fue rechazada, pero consiguió firmar una serie de acuerdos administrativos para impulsar su uso en algunas áreas. Esos acuerdos tardaron seis meses en materializarse.

Correr con los gastos

Pero la legalidad no es la única incógnita. El pasado viernes se llevó a cabo una primera reunión de embajadores para preparar la cita de este martes y entre 14 y 16 Estados miembros intervinieron para decir que aún hay "muchas preguntas sin respuesta" sobre las consecuencias políticas, legales, administrativas y financieras sobrevolando la petición española.

Sobre este último asunto, el pasado viernes el Gobierno de España se comprometió a asumir todos los gastos (de intérpretes, medios técnicos, etcétera) que genere el reconocimiento oficial de las tres lenguas. En la práctica, supondría un trato distinto al resto de lenguas oficiales, ya que el coste corre a cargo de los presupuestos europeos.

La semana pasada, los socialistas europeos intentaron, a través de la Mesa del Parlamento Europeo, aprobar por la vía rápida el uso de las tres lenguas en los debates de la institución –incluyendo que España asumiera los costes–. Ello habría servido para sentar un precedente y presionar en la reunión del Consejo de este martes. Pero la iniciativa, impulsada por los socialistas españoles, se rechazó en aras de un debate más sosegado.

A pesar de ello, las fuentes europeas sí que creen que el hecho de que España asuma el coste económico podría ayudar a lograr algún tipo de acuerdo en el futuro, aunque no está claro de qué forma. Sin embargo, que haya muchos países que teman avivar conflictos identitarios internos sigue siendo un problema considerable.