La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón de la Plana propone sentar en el banquillo al pastor que proporcionó los burros para un proyecto contra los incendios forestales en la Comunidad Valenciana y al responsable del parque natural en el que los animales fueron soltados.
La iniciativa se llevó a cabo en tiempos del socialista Ximo Puig, en un área que gestionaba Compromís, uno de los socios del entonces Gobierno tripartito valenciano.
Juan Francisco Librán Tárrega y Antonio Luis García Sanz eran los dos únicos investigados en esta causa por un posible delito de maltrato animal. En un auto, fechado este jueves y que avanza EL ESPAÑOL, la juez María Victoria García procesa a ambos.
Ahora, la Fiscalía y el resto de acusaciones deberán proponer la apertura de juicio oral y solicitar al Juzgado las penas para los dos acusados.
Dos de los burros antiincendios de la Generalitat Valenciana que acabaron muertos.
Según relata la magistrada en su auto, "de las diligencias de investigación practicadas" se desprende que García Sanz, director conservador del Parque Natural del Desierto de las Palmas, propuso al ganadero Juan Francisco Librán que aportase asnos de su propiedad para participar en un proyecto, que tendría lugar en los terrenos de dicho paraje, "con la finalidad de disminuir la carga de combustibles en prevención de incendios".
Aquel novedoso plan acabó en tragedia. Al menos diez burros de los 50 que fueron liberados murieron de hambre, ya que la zona en la que les soltaron no les proporcionaba suficiente alimento. El primer asno falleció al segundo día. Algunas hembras sufrieron abortos.
"Se introdujeron los animales (...) por concierto de los investigados, siendo sometidos a condiciones que pusieron en peligro su vida e integridad", relata la magistrada en su auto. No se les facilitó alimentación suplementaria, pese a haber sido soltados "en parcelas donde la vegetación presentaba bajo valor nutritivo".
Tampoco se realizó ningún estudio previo sobre las condiciones de estos terrenos y su posibilidad de brindar alimento a los équidos. Ni se encargó un seguimiento veterinario sobre la salud de estos animales. Ni se construyeron instalaciones que les protegiesen del calor o de la lluvia. Ni se les sometió a un proceso de aclimatación o adaptación rotacional al medio natural.
Por ello, según indica el auto, los asnos "tuvieron que alimentarse de especies leñosas con características antihebívoras que desincentivaban el consumo".
Diez de ellos murieron por falta de ingesta, "siendo la dieta disponible" para los animales "del todo insuficiente al no reunir las parcelas seleccionadas la carga trófica suficiente para alimentarlos, principal causa del deterioro general de su salud y de la mortandad provocada".
Fin del proyecto
El 9 de octubre de 2021 se puso fin a este proyecto piloto. "Conociendo García Sanz y el señor Librán, al inicio de la experiencia, las primeras muertes, no dispusieron la realización de una valoración veterinaria, no efectuaron actuación alguna dirigida a disponer el adecuado traslado controlado de los ejemplares fallecidos ni solicitud de necropsia para determinar la causa de las muertes, desconociéndose el destino dado a los cadáveres", indica la titular del Juzgado.
Además, tal y como relata la juez, cuatro de los 50 animales tenían "origen y situación
sanitaria desconocidos", ya que no habían sido analizados por un veterinario antes de sumarse al proyecto antiincendios. "Siendo para la inclusión de un animal en una experiencia piloto de estas características imprescindible una evaluación previa del estado de salud de cada uno de los animales, que incluya, al menos, la identificación individual y la condición corporal mediante una exploración externa", afea la juez.
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De haber dispuesto de estos "datos comparativos", podrían haberse excluido del proyecto los équidos que empeorasen su salud. "No se hizo, lo que podría haber evitado, al menos, la primera muerte del asno que murió el segundo día y que fue introducido en la experiencia pese a su avanzada edad y delgadez y que nunca se tendría que haber sometido al estrés de un cambio de condiciones tan drástico", señala la magistrada.
"La inclusión en la experiencia de animales sin identificar o sin el debido seguimiento veterinario o en estado precario de salud supuso, además, un riesgo sanitario para el conjunto de animales implicados", añade.
Este procedimiento judicial se inició con la denuncia presentada por Elisa Díaz González, ya exdiputada del PP en las Cortes Valencianas y representada por el letrado Víctor Soriano i Piqueras.