Nueve altos cargos que “ocupaban un cargo ficticio, simulado, al que acceden por pactos políticos de reparto de puestos”. Directivos “por cuestiones meramente de pertenencia o simpatía respecto de un partido político, que se había repartido el poder en función de los resultados electorales y no en los criterios legales requeridos”.
Así de contundente se expresa el juez Miguel Ángel Casañ en su auto de procesamiento del llamado Caso Alquería. Como informó este miércoles EL ESPAÑOL, el magistrado ha procesado a 15 cargos de PSPV-PSOE y Compromís, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.
Los acusa de presuntas contrataciones ilegales en la empresa pública provincial Divalterra, antes llamada Imelsa, que habrían provocado la malversación de 1,12 millones de euros de la administración provincial.
La cantidad corresponde a la suma de los sueldos de los ocho dirigentes que permanecieron en sus puestos. Uno de ellos renunció. En caso de haber completado la legislatura 2015/2019, el montante habría ascendido a cerca de dos millones, según estima el juez.
“Todo ello tiene su origen en un previo reparto de cargos consciente y calculado para favorecer a miembros o simpatizantes de los partidos políticos en el poder”, considera Miguel Ángel Casañ, que adjunta en su auto el organigrama que encabeza este artículo.
Reparto a boli
En el mismo aparece la distribución de cargos creada en 2016 con anotaciones a boli sobre el partido (incluso la rama del mismo) que nombrará cada alto cargo. “PSOE”, “Compromís-Bloc”, “Compromís-Iniciativa”, “Gent de Compromís”, puede leerse en el documento.
El juez advierte además que Compromís y PSOE se habrían repartido los altos cargos “con carácter previo a la obligatoria clasificación de la empresa” como Grupo 1, el que le permite “un máximo de 10 altos directivos y de 15 miembros en el Consejo de Administración”.
Con ello “se intenta proporcionar el soporte jurídico para la existencia en la misma de 10 cargos directivos, ya contratados previamente”, considera el magistrado.
Los procesados, además de Jorge Rodríguez, son Ricardo Gallego, Jorge Espirindio Cuerda, Manuel Reguart, Vicent Xavier Simón, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, María Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.
Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent. EE
El auto acusa a los procesados de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.
El juez los responsabiliza de haber participado en "una contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutos legales de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018".
"Sin ejercer nunca"
Lo habrían hecho "sin observar las normas aplicables a estas contrataciones", ignorándolas "con conocimiento y voluntad de ello". Y el juez advierte además algo más grave. Tales contrataciones se habrían realizado "sin que las personas contratadas bajo tal modalidad de alto directivo hubieran ejercido nunca como tales".
Fue "ficticio, simulado, fuera de la realidad normativa en definitiva, persiguiendo otras finalidades y sin que resulten motivos suficientes para las contrataciones", considera el juez, que señala directamente a los dos partidos que gobernaban la Diputación.
"Produciéndose, presuntamente y a consecuencia de ello, un presunto desvío, y con ello malversación de caudales, en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís", asevera.
El PSPV-PSOE forzó la dimisión de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia al estallar el caso Alquería. El dirigente, no obstante, se presentó a las elecciones municipales de Ontinyent como independiente en 2019. Pese a su imputación, se impuso por mayoría absoluta en los comicios y logró conservar la alcaldía de la localidad, una vara de mando que conserva en la actualidad.