La Agencia Valenciana Antifraude investiga el cobro de un total de 772.000 euros mediante un complemento salarial por parte de diez concejales del Ayuntamiento de Valencia. Se trata de un importe repartido durante la pasada legislatura 2015/2019, en la que gobernaron en coalición Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú -la marca valenciana de Podemos-.
Consistió en un sobresueldo para equiparar la retribución de los ediles con dedicación parcial del equipo de Gobierno a la que recibían los que percibían la completa. La misma fue aprobada por el alcalde Joan Ribó (Compromís) el 3 de julio de 2015, a los pocos meses de llegar al poder.
Antifraude abrió formalmente una investigación sobre estos hechos el pasado 23 de marzo, y solicitó al Ayuntamiento de Valencia que precisara quién o quiénes idearon este sistema sobresueldos.
La respuesta se encuentra en el mencionado acuerdo del 3 de julio de 2015, firmada única y exclusivamente por el alcalde Joan Ribó. El actual equipo de gobierno, conformado por Compromís y PSOE, todavía no ha atendido el requerimiento, según denunció este jueves el PP.
La investigación se centra en cinco concejales de Compromís, tres de PSPV-PSOE y dos de València en Comú. En total, cobraron de las arcas municipales 772.000 euros en sobresueldos durante la legislatura pasada, entre 2015 y 2019.
Los agraciados
Los concejales de Compromís que cobraron el complemento son Sergi Campillo (el actual vicealcalde) Giuseppe Grezzi, Gloria Tello, Pilar Soriano y Consol Castillo. Del PSPV-PSOE lo percibieron la vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato (hoy gerente de FGV) y Vicent Sarrià, actual diputado del PSOE en el Congreso.
Por lo que respecta a València en Comú, lo recibieron Neus Fábregas y María Oliver, que en la actualidad es asesora del vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau (Podemos).
En concreto, Antifraude investiga si fue un fraude de ley que los concejales cobraran este complemento de alrededor de 25.000 euros anuales por concejal, ya que la ley Montoro impone la dedicación parcial de determinados concejales para reducir el gasto municipal. Por contra, el sistema ideado en Valencia les permitió cobrar lo mismo que sus compañeros con dedicación completa.
Sandra Gómez, Joan Ribó y Sergi Campillo. EE
Por el momento, la Agencia Valenciana Antifraude considera que existen indicios razonables de veracidad en los hechos denunciados. En junio de 2020 solicitó información sobre estos posibles cobros irregulares con el objetivo de verificar los hechos, y el pasado 23 de marzo preguntó quién autorizó este sistema de pagos.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, liderado por María José Catalá, insistió en la necesidad de que el alcalde Joan Ribó dé explicaciones por la investigación abierta por Antifraude ante los sobresueldos que cobró su anterior equipo de gobierno.
Tras renovar el mandato en 2019, el nuevo ejecutivo local optó por una fórmula distinta: concentrar los concejales con dedicación exclusiva en los partidos del poder. Los que tienen dedicación parcial se encuentran todos en la oposición.
Ahora todos los ediles con responsabilidades de gobierno perciben lo mismo sin la necesidad de un acuerdo firmado por el alcalde para equiparar sus retribuciones.