El socialista Rafa Rubio, investigado por cobrar a cambio de silencio en el plan de la Fórmula 1 del PP

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizó este jueves nuevos registros y detenciones en el marco del denominado 'caso Azud'. Se investiga el presunto cobro de mordidas a cambio de favores urbanísticos en el PAI de la Fórmula 1 de Valencia, durante el gobierno municipal del Partido Popular de Rita Barberá. Pero entre los detenidos por haber percibido las presuntas comisiones se encuentra un ilustre socialista, el hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio. ¿Por qué, si entonces no tenía competencia alguna? En su caso pudo obtener el dinero a cambio de silencio.

La operación policial comenzó a primera hora de la mañana, con registros en los domicilios del también detenido Alfonso Grau, vicealcalde y mano derecha de Barberá durante el periodo que se investiga, y del propio Rafa Rubio, que entonces era el líder de la oposición en el ayuntamiento. Fuentes de la investigación estiman que el primero pudo obtener mordidas por más de un millón de euros y, el segundo, por alrededor de 300.000, tal y como detalló este jueves Levante-EMV.

El supuesto cabecilla de la operación es el cuñado de la exalcaldesa Barberá, José María Corbín, quien ya fue detenido en una primera operación policial que tuvo lugar hace tres años. La investigación estimó inicialmente que Corbín pudo haber obtenido el equivalente a más de 4 millones de euros con supuestos negocios irregulares desde el año 2006. En concreto, se investiga si propició recalificaciones a cambio de las mencionadas mordidas, que incluso pudieron ser inmuebles que habría recibido en especie.

Los investigadores, en concreto, analizan el traspaso de terrenos en el denominado PAI del Grao. Se trata del Proyecto de Actuación Integral diseñado alrededor del circuito urbano de Fórmula 1, que fue impulsado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia en tiempos de Francisco Camps y Rita Barberá.

En dicho entorno, de gran proyección urbanística por encontrarse en la fachada marítima de la ciudad -entonces estaban proyectados rascacielos junto al trazado de los bólidos- se produjo una llamativa operación. Una sociedad participada por varias empresas denominada Acinelav Inversiones 2006 llegó a adquirir una importante bolsa de terreno -equivalente al tercio del total del PAI- por alrededor de 300 millones de euros.

Esta sociedad, según ha comprobado EL ESPAÑOL en el Registro Mercantil, estaba participada por mercantiles como Construcciones Valencia Constitución, Pavasal, Kiraly Desarrollos Inmobiliarios (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila. La primera de ellas la lideraba el empresario Jaime Febrer, también detenido este jueves por la UCO.

Y es aquí donde Rafa Rubio cobra protagonismo. El socialista fue durante años el azote de Alfonso Grau por su gestión de este espacio. Acusó al Ayuntamiento de Valencia de malvender suelo público a las empresas, y deslizó que Grau tenía intereses personales en el sector inmobiliario. Incluso reveló que administraba la firma Edificios Familia SL, tal y como recordó este jueves la agencia EFE.

La tensión entre ambos dirigentes fue máxima. Ambos se acusaron mutuamente de compaginar la política con sus intereses privados en el sector inmobiliario, y Grau incluso denunció a Rubio por una supuesta intromisión en su honor al airear el nombre de su empresa.

¿De azote a comisionista?

Tras haber sido denunciado por Alfonso Grau, Rubio cambió su discurso. Defendió la honorabilidad de su adversario político y aseguró que le constaba que esa firma no había actuado en ningún PAI de la capital del Turia, sino que era un mero instrumento para administrar su patrimonio. "No tengo indicios de que haya participado en nada y no estoy acusando a nadie", llegó a afirmar Rafa Rubio.

Los investigadores analizan ahora si, el que fue el principal azote del PP ante las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas, pudo cambiar de bando y beneficiarse de las supuestas mordidas de la presunta trama corrupta.

En el marco de estas investigaciones se produjo este jueves su detención y el registro de su domicilio, unos hechos que le costaron la suspensión de militancia en el PSPV-PSOE y su cese fulminante como subdelegado del Gobierno de España en Valencia.

La investigación apunta a que el enlace entre Rafa Rubio y Jaime Febrer pudo ser José Luis Vera, que es actualmente el jefe de los servicios jurídicos de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra, controlada por el PSPV-PSOE. Este último también fue detenido este jueves, y la UCO también registró sus dependencias. Pero los socialistas, en su caso, lo mantienen por el momento en el cargo.