La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Valencia en busca de pruebas de la trama de mordidas Azud

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha continuado este lunes con los registros en el marco del la 'operación Azud'. Lo ha hecho en cinco concejalías del Ayuntamiento de Valencia, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes municipales.

La causa la lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga presuntas mordidas a cambio de favores urbanísticos. Las supuestas comisiones las habrían abonado empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia durante el mandato del PP de Rita Barberá.

El investigado principal es José María Corbín, cuñado de Barberá. También está investigado -y, de momento, en prisión provisional- Alfonso Grau, quien fuera vicealcalde y mano derecha de la exalcaldesa. Pero los investigadores sospechan que también hay implicados varios dirigentes socialistas, al menos tres.

Uno de ellos es Rafa Rubio, quien pudo percibir las comisiones a cambio de silencio, en el caso del Plan de Actuación Integral del Grao de Valencia y colaborar con la trama. Rubio era hasta el pasado jueves el subdelegado del Gobierno de España en Valencia, cargo del que fue cesado cuando trascendió su detención. En la actualidad, como Grau, se encuentra en prisión provisional.

A su vez, el socialista fue asesor de la concejalía de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Valencia durante la legislatura 2005-2019. Y esta es una de las dependencias que acudió a registrar la UCO este lunes, tal y como reveló este lunes Las Provincias. La Guardia civil también buscó pruebas en las concejalías de Intervención, Agua, Servicios Sociales y Patrimonio.

Vera y Catalunya

Además de Rafa Rubio, también se encuentra entre los investigados el exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE, Pepe Catalunya. El socialista pudo facilitar contactos para uno de los constructores detenidos, Jaime Febrer, localizado el pasado jueves en Ibiza.

Su nombre se une a un tercero, el de José Luis Vera, ex alto cargo del PSPV-PSOE y todavía jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra -dependiente de la Diputación de Valencia que gobiernan los socialistas-. La firma lo mantiene en su cargo pese a su presunta implicación en la trama.

La investigación considera que los tres dirigentes socialistas estaban involucrados en la trama, y ha registrado dependencias de todos ellos, incluidos despachos de Vera y domicilios de Rubio y Catalunya. A su vez, la UCO se personó en el despacho del abogado Virgilio Latorre, próximo al PSPV-PSOE y exsocio de Vera. 

Otros dos políticos municipales, un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia, se encuentran también entre los arrestados en la operación Azud. Otro de los detenidos en la operación son los empresarios Federico Ferrando, hermano del expresidente de la antigua patronal autonómica valenciana Cierval, Rafael Ferrando; y Mónica Montoro, de Grupo Montoro.

La operación de la UCO se desplegó el pasado jueves por varios puntos de la geografía española -Valencia, Alicante, Madrid, Tomelloso e Ibiza-, donde se practicaron diferentes registros para intervenir documentación. Este viernes continuaron los registros en diferentes sedes y domicilios.

Grau y familia

Uno de los primeros detenidos fue Alfonso Grau (PP), mano derecha de la fallecida Rita Barberá. Tanto Grau como Rafael Rubio están acusados de cobrar mordidas a cambio de facilitar adjudicaciones de infraestructuras.

Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia. Se investiga si Grau pudo cobrar alrededor de un millón de euros en mordidas y Rubio otros 300.000 euros. También hubo cuantiosos regalos por parte de empresarios a cargos públicos.

La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.