Los 772.000 euros en sobresueldos irregulares que percibieron los concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia entre 2015 y 2019 no serán devueltos a la ciudad. Tampoco los cerca de 12.400 euros anuales que, contraviniendo también la legalidad vigente, percibirán de más varios ediles de la oposición hasta el cierre de la presente legislatura. Ambas retribuciones, impulsadas por el Ejecutivo de Joan Ribó (Compromís), fueron denunciadas por la Agencia Valenciana Antifraude. Pero el consistorio, tras esta advertencia, se limitará simplemente a rebajar los sueldos públicos en 2023. No se plantea reclamar lo abonado ni cancelar lo pendiente.
Así lo confirmaron este jueves a EL ESPAÑOL fuentes oficiales del Gobierno local. El Ejecutivo tiene previsto llevar al próximo pleno municipal un acuerdo para adaptar las retribuciones a lo estipulado en el informe definitivo de Antifraude, que fue quien denunció este escenario. Pero los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima legislatura, tal y como avanzó este jueves Valencia Plaza.
Los 772.000 euros los percibieron ediles con dedicación parcial del equipo de Gobierno entre 2015 y 2019, a los que Joan Ribó otorgó un complemento para que cobraran lo mismo que sus compañeros con dedicación exclusiva. Según se justificó, recurrió a esta fórmula para repartir con la oposición los cargos de dedicación exclusiva, algo que no ocurría con el anterior gobierno de Rita Barberá.
Advertido por la irregularidad, buscó otra fórmula en su segundo mandato. Concentró todos los salarios de dedicación exclusiva en su equipo de Gobierno. Pero quiso compensar a aquellos de la oposición que recibían el 75% del sueldo por su dedicación parcial. Lo hizo elevando sus emolumentos hasta el 93,15% del salario de la dedicación exclusiva. Pero Antifraude también consideró irregular este sistema que, no obstante, permanecerá hasta 2023.
Todo ello salvo que las retribuciones del Ayuntamiento de Valencia acaben judicializadas, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha. La Agencia Valenciana Antifraude no ha ido más allá de su exhaustivo análisis. Su informe se limita a recomendar al Ayuntamiento que corrija el escenario actual, pero no pone los hechos en conocimiento de ningún juzgado ni de la Fiscalía Anticorrupción.
Tampoco ha hecho lo propio hasta la fecha ningún partido político. Ni los dos que componen el Ejecutivo (Compromís y PSPV-PSOE) ni los tres de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox). Está por ver si tal circunstancia cambia en el futuro.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Mará José Catalá, sí lamentó este jueves que el alcalde haya decidido "dar carpetazo a los sobresueldos pagados a concejales del equipo de Gobierno de Ribó y que no se devuelva ese dinero". "Fueron cerca de 800.000 euros que cobraron los concejales de Compromís, Podemos y PSOE, cuando es dinero de todos los valencianos", subrayó la dirigente.
Catalá lamentó que "tampoco se haya investigado quién fue el responsable de estas irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana de Antifraude", y destacó que "no existe ningún informe de la Intervención Municipal que avale estos sobresueldos". "Lo más grave es que el alcalde reconozca que burló una ley estatal", concluyó.
Incumple la Ley 27/2013
Según desglosó en su escrito Antifraude, la norma incumplida fue la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (derivada de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, más conocida como 'Ley Montoro'). La misma, en sus artículos 1.18 y 1.19, introdujo límites al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y limitó el número de cargos con dedicación exclusiva, según recordó el organismo.
Pero el consistorio liderado por Compromís, que gobernó la pasada legislatura junto a PSPV-PSOE y València en Comú -la marca valenciana de Podemos-, buscó una fórmula para sortearla. "Formalmente acreditaba que no sobrepasaba el límite de 25 concejales con dedicación exclusiva. Pero, de facto, su efecto práctico fue que el Ayuntamiento de Valencia retribuyó a 31 concejales con el mismo importe en términos cuantitativos", según expuso el ente fiscalizador que dirige Joan Llinares.
Para Antifraude, el sistema de sobresueldos que implantó el gobierno de Ribó "violenta la voluntad expresada en la norma de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos". La investigación se centró en las cantidades percibidas por cinco concejales de Compromís, tres de PSPV-PSOE y dos de València en Comú. En total, cobraron de las arcas municipales los mencionados 772.000 euros.
Los ediles de Compromís fueron Sergi Campillo (actual vicealcalde de la ciudad) Giuseppe Grezzi, Gloria Tello, Pilar Soriano y Consol Castillo. Del PSPV-PSOE lo percibieron la hoy vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato (actual gerente de FGV) y Vicent Sarrià (diputado del PSOE en el Congreso en estos momentos). Por lo que respecta a València en Comú, lo recibieron Neus Fábregas y María Oliver, que en la actualidad es subdirectora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que gestiona Podemos.
Cálculo de Antifraude sobre los sobresueldos percibidos por cada concejal. EE
Antifraude indicó sobre el denominado oficialmente "complemento de especial responsabilidad" que "ni se motivaron, ni se detallaron, ni se han acreditado las competencias específicas de los tenientes de alcalde en esa legislatura 2015-2019 que justifican la aplicación del complemento".
También afeó que el Ayuntamiento no acreditara "por qué se cuantificó en un 25% adicional", un porcentaje que, según advirtió, "equipara las retribuciones con el régimen de los concejales con dedicación exclusiva". El organismo argumentó además que "a los tenientes de alcalde ya se les retribuía por la responsabilidad". "Esa responsabilidad va implícita en el cargo y, por eso, sus retribuciones son en un porcentaje por el sueldo del alcalde", recalcó.
A su vez, llamó la atención sobre un absurdo generado con este sistema. "Esos tenientes de alcalde podrían compatibilizar su actividad pública con otras actividades privadas", todo pese a percibir "de facto" una retribución "equivalente al 100%" a la de dedicación exclusiva. También recordó Antifraude que la norma estatal dice textualmente que el límite máximo que se impondrá en el régimen de dedicación parcial lo establecerá el total recibido "por todos los conceptos retributivos", de modo que no cabe la posibilidad de introducir un complemento como el aplicado.
El cambio de 2019
Por otra parte, la Agencia Valenciana Antifraude llamó la atención sobre el cambio introducido por el Ayuntamiento de Valencia en la legislatura actual, la 2019-2023, en la que suprimió este complemento a la vista de su irregularidad y buscó una fórmula alternativa para pagar por igual a todos los concejales. Consistió en concentrar el grueso de los ediles con dedicación exclusiva en los grupos políticos que conforman el Gobierno local.
Además, a los que tenían dedicación parcial -todos ellos en la oposición- los retribuyó con el 93,14% del salario de la exclusiva, cuando debían cobrar realmente el 75%. La diferencia a su favor es de cerca de 12.400 euros al año.
"Esta legislatura el pleno aprobó que los concejales con dedicación exclusiva percibirán un importe anual de 68.171,04 euros, y los miembros con una dedicación parcial del 75% percibirán una retribución bruta anual de 63.500,22 euros", expuso el organismo. Antifraude lamentó que tal circunstancia se produjo "sin que haya justificación sobre esta cuantía, que supone el 93,15% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva".
La entidad de Joan Llinares aseveró al respecto que "no hay proporcionalidad entre el importe de la retribución y el porcentaje de dedicación". En efecto, el 75% del salario con dedicación exclusiva sería de 51.128,28 euros brutos anuales, de modo que el importe extra que perciben hasta los 63.500,22 euros es de un total de 12.371,94 euros brutos anuales más por concejal.
"Para los miembros de la corporación 2019-2023 con una dedicación parcial del 75% se está abonando una retribución que excede con mucho el 75% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva", insistió Antifraude al respecto. La agencia consideró que esta práctica estaba "alterando el criterio de proporcionalidad al salario de la dedicación exclusiva tal y como estaba recogido en las otras legislaturas".