Un juzgado absuelve de prevaricación al ex secretario general del PSdeG Pachi Vázquez

El Juzgado de lo Penal número dos de Orense ha absuelto este viernes al ex secretario general del PSdeG Pachi Vázquez del delito de prevaricación que le imputaba la Fiscalía por la supuesta contratación irregular de 60 empleados públicos durante su etapa como alcalde del municipio orensano de O Carballiño, entre 1995 y 2005.

Del mismo modo, la sentencia -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial- también absuelve a los otros cuatros acusados, todos ellos con responsabilidades en el Gobierno municipal entre 1995 y 2011, entre los que se incluía el sucesor en la alcaldía de Vázquez hasta 2011, Carlos Alberto Montes.

"No hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad", recoge la jueza en su sentencia.

Asimismo, tampoco ha podido concluir que los acusados "hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos" o que haya habido un delito de prevaricación "en relación con las prórrogas o la declaración de indefinición".

En el periodo investigado, el juzgado tampoco ha apreciado "la más mínima advertencia escrita de la Secretaría del Ayuntamiento de O Carballiño acerca de la ausencia de los procedimientos de selección que deberían observarse".

"No ha podido probarse que los acusados hubieran dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad en el ejercicio de sus cargos y en relación con la contratación del personal laboral temporal", ha concluido.

La investigación de este caso había llevado en su momento a Pachi Vázquez, candidato a la presidencia de la Xunta por el PSdeG en 2011, a abandonar el Parlamento de Galicia en 2015. Tras protagonizar una suerte de rebelión fallida en el seno de los socialistas orensanos fundó su propio partido: Espacio Común.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal había atribuido a Vázquez y a los otros cuatro el haber contratado a personas "con conciencia de que faltaban los requisitos básicos" de toda contratación pública, como lo es "la publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder a la misma de acuerdo a los principios de mérito y capacidad".

"Todos los contratos fueron celebrados pese a que los acusados fueron informados por escrito y de forma verbal del incumpliendo de los trámites necesarios para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir los mismos", apuntaba la Fiscalía.

Los puestos que se habrían cubierto sin cumplir estas condiciones eran de todo tipo: peones y albañiles, conserjes, carpinteros, electricistas, trabajadores del servicio de limpieza, profesional de psicología, monitor de la oficina local de turismo, auxiliares de ayuda a domicilio e incluso agentes de la Policía Local.

La Fiscalía había pedido diez años de inhabilitación para Vázquez, al igual que para su sucesor, Carlos Alberto Montes, y para Alfonso Prado, concejal de Personal entre 1995 y 2007. Asimismo, solicitaba nueve años de inhabilitación para José Antonio Barge, concejal de Personal entre 2007 y 2011, y ocho años y nueve meses para María Elisa Domínguez, responsable del Área Social y, puntualmente, alcaldesa en funciones.