La coordinadora regional de Ciudadanos y portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, quiere a toda costa una remodelación del Ejecutivo que le permita ascender a la Vicepresidencia en detrimento de su compañera de partido Isabel Franco.
La semana pasada, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz anunció cambios en la distribución de competencias en el Palacio de San Esteban, pero su socio, el PP, no sólo hizo oídos sordos, sino que además pidió ayer a la formación naranja que se centrase en la gestión.
Ese mensaje para apaciguar las aguas no ha calado y este martes Cs ha vuelto a meter presión a los populares. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentando una proposición para modificar la Ley del Estatuto del Presidente: esto permitiría a Fernando López Miras presentarse en los comicios autonómicos de 2023. Ese el caramelo que tiene letra pequeña: remodelar el Gobierno regional.
A día de hoy, López Miras no podría volver a liderar la lista del PP en las próximas elecciones porque el actual estatuto se lo impide: “No podrá ser elegido presidente de la Comunidad Autónoma quien ya hubiera ostentado este cargo durante dos mandatos”.
Precisamente, la proposición de ley tramitada por Cs en la Asamblea Regional propone “ajustar la previsión normativa sobre la limitación de mandatos de quien ostente la presidencia de la Región de Murcia a un periodo de ocho años consecutivos”.
Fernando López Miras tomando posesión de su cargo como presidente bajo la atenta mira de Pedro Antonio Sánchez.
Ese matiz, el de sustituir los dos mandatos por ocho años, permitiría a López Miras plantearse su reelección. El popular se situó al frente del Ejecutivo murciano a mitad de la anterior legislatura, después de que dimitiese Pedro Antonio Sánchez, cercado por los casos de corrupción.
Aunque el actual mandato es el segundo en el que Fernando López Miras está en el Palacio de San Esteban, lo cierto es que en la práctica sólo suma seis años y con el cambio legal que propone Cs podría volver a presentarse en los comicios al no computar ocho años consecutivos en el cargo.
El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha defendido que el texto de la proposición para modificar la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente se ha presentado para “dar cumplimiento al acuerdo programático” que firmaron en 2019 con su socio en el Gobierno regional: el Partido Popular. “Se ha hecho porque la redacción en la actual ley era un poco confusa, hablaba de mandatos, no quedaba muy claro, y además no casaba con los tiempos actuales donde hay una mayor fragmentación política y las legislaturas, a veces, no duran el tiempo total establecido (cuatro años)”.
De hecho, en el texto tramitado en la Asamblea, el partido naranja defiende el cambio normativo porque “las limitaciones de mandatos no tienen referencia en la Constitución, ni en la legislación electoral, ni tampoco en la de Régimen Local ni, finalmente, en nuestro Estatuto de Autonomía y podría decirse que, en cierto modo, la fórmula elegida por el legislador en la Región de Murcia puede, por las circunstancias expuestas, cercenar o vulnerar el derecho constitucional reconocido en el artículo 23 de nuestra Norma Fundamental en cuanto supone una limitación a las posibilidades de desempeño democrático de un cargo público”.
Dos versiones
Lo anteriormente relatado es la versión oficial que Ciudadanos ofrecer para justificar esta propuesta de cambio normativo, pero la realidad es otra: Cs ha puesto en bandeja de plata el cambio en la Ley del Estatuto del Presidente para presionar al jefe del Ejecutivo, el popular Fernando López Miras, a remodelar el Gobierno como anunció la portavoz autonómica y coordinadora del partido naranja, Ana Martínez Vidal, a pesar de que López Miras es el único con competencias para hacerlo.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juan José Molina.
El texto de proposición de ley incluye una cláusula que establece que el cambio normativo no entre en vigor hasta el 1 de enero de 2023. La justificación oficial que ha ofrecido el portavoz de Cs, Juan José Molina, para incluir la mencionada cláusula ha sido esta: “Con la única idea de que esta modificación no afecte el desarrollo de esta legislatura, porque estamos en una situación en la que lo primero es recuperar los niveles de salud y de la economía”.
A nadie se le escapa que en caso de que se aprobase ese cambio normativo, Ciudadanos sería prescindible para el PP porque los populares no dejan de mejorar en los barómetros regionales de opinión (CEMOP) mientras que el partido naranja sigue en caída libre. La citada disposición final que incluye el texto es la única forma que tiene la formación naranja de blindarse, ya que Fernando López Miras no podría adelantar las elecciones: estaría obligado a terminar el mandato porque el cambio normativo que le permite volver a ser candidato se hace efectivo en 2023.
“Se está diluyendo el trabajo del Gobierno en intereses particulares: hay una persona que tiene un interés concreto”, subraya una fuente de peso en el Ejecutivo murciano, en alusión a la pugna que mantiene la portavoz, Ana Martínez Vidal, para lograr la salida de su compañera en Cs: la vicepresidenta, Isabel Franco.
“Ana Martínez Vidal quiere la vicepresidencia del Gobierno regional a toda costa y hará lo que haga falta: es una aspiración personal. A nadie le puede cuadrar una remodelación del Ejecutivo en medio de la gestión de una pandemia porque eso implica la paralización de la Administración regional, entre que unos salen y otros entran y se producen los nombramientos”, reflexiona esa fuente. “Una remodelación por un cargo es una locura que no se puede permitir un Gobierno”.
Muertos por el camino
Otra fuente solvente del Gobierno autonómico empieza a mostrar su preocupación por la bipolaridad política con la que se mueve Martínez Vidal: la dirigente naranja alterna la gestión dentro del Consejo de Gobierno, como consejera de Empresa, y al mismo tiempo hace labores de oposición como coordinadora de Ciudadanos. De hecho, en las sesiones del Consejo no ha propuesto remodelación alguna del Ejecutivo, pero en rueda de prensa lo pide públicamente.
La crisis en el partido naranja es evidente: prueba de ello fue la salida de su fichaje estrella, la magistrada Beatriz Ballesteros, que dejó la Consejería de Transparencia por falta de apoyo de Cs. “Ana está dejando muchos muertos por el camino y al final los muertos se levantan”, comenta esta fuente del Gobierno regional sobre la tensión que hay en Ciudadanos.
La magistrada Beatriz Ballesteros dimitió como consejera de Transparencia.
De momento, desde el Grupo Parlamentario Popular han acogido de buena gana el anuncio de su socio de presentar la proposición de ley que modifique el actual estatuto del presidente. "Nos parece que la ley viene a precisar y clarificar la limitación de mandatos que estaba recogida de forma ambigua”, reflexionan fuentes del PP que defienden sustituir el tope de dos mandatos por el de ocho años.
El problema de la firma
“De esta manera queda mejor definido y se dota de mayor garantía legal y jurídica: la Región de Murcia es la única de España, junto con Castilla y León que tiene limitados los mandatos del presidente y los consejeros. Y al inicio de esta legislatura dos comunidades gobernadas por el PSOE, la de Castilla-La Mancha y Extremadura, derogaron las leyes que los limitaban", zanja esta fuente popular.
El único problema serio que tiene la estrategia que está siguiendo Ciudadanos para lograr una remodelación del Ejecutivo que aúpe a Ana Martínez Vidal a la Vicepresidencia, previo cese de su compañera Isabel Franco, es un dato objetivo: el pacto de Gobierno lo firmaron el candidato popular Fernando López Miras y la candidata naranja Isabel Franco. Y López Miras siempre ha dicho que cumple los pactos.