Murcia y Andalucía exigen a Moncloa que blinde el trasvase: "Hay que mantenerlo intacto"

Los presidentes de Murcia y Andalucía, los populares Fernando López Miras y Juanma Moreno Bonilla, respectivamente, han escogido un lugar simbólico para firmar una declaración institucional a favor del Trasvase Tajo-Segura: la sede de la Delegación de Gobierno en Almería. Este ha sido el marco elegido para mostrar su respaldo al acueducto y a la ofensiva de los regantes del Levante contra el Gobierno de España ante su intención de rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hectómetros cúbicos a 27, cuando los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía estén por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2).

El documento arranca recordando la importancia del Trasvase Tajo-Segura para Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, para acto seguido hacer énfasis en los números de esta infraestructura hídrica: 2,5 millones de personas se abastecen desde Almería hasta Alicante pasando por suelo murciano. También garantiza el agua de riego para 200.000 hectáreas y más de 55 millones de árboles frutales que permiten eliminar -al año- un millón de toneladas de dióxido de carbono.

Todo ello, genera un impacto en el PIB español de más de 3.000 millones de euros, y garantiza 110.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos. "Es un activo principal en la lucha contra la despoblación rural y el problema social que plantea la España vaciada", subraya la mencionada declaración institucional.

López Miras y Moreno Bonilla, a través de este documento, alertan al Gobierno central de los efectos negativos que acarrearía modificar las reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura, rebajando de 38 a 27 hectómetros cúbicos los volúmenes trasvasables: "Una gran reducción o cierre del Trasvase produciría importantes restricciones al suministro de agua a la población y el tejido industrial de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Albacete".

Otra de las consecuencias de las que advierten los presidentes autonómicos, ambos del Partido Popular, es "el encarecimiento del precio del agua para los hogares, cifrado entre un 30% y un 48%, y para las industrias o empresas, en un momento de grave crisis económica".

Esta cumbre hídrica, celebrada en Almería, pretende presionar al Ministerio para que no modifique las reglas de explotación del trasvase. El impulsor ha sido el jefe del Ejecutivo murciano después de reunirse con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez. Esta declaración de Murcia y Andalucía se suma a la ofensiva de los regantes del Levante que el 22 de abril se movilizarán en Alicante y el 15 de mayo en Madrid. 

Un Plan Hidrológico Nacional

López Miras y Moreno Bonilla concluyen su declaración institucional denunciando que "cualquier recorte a la transferencia de caudales hídricos, a través del Acueducto Tajo-Segura, pone en riesgo la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles". Por todo ello, los dos líderes autonómicos instan al Gobierno de España a "abordar cuanto antes la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que contemple los principios de solidaridad y equilibrio apuntados, y que ponga solución a la situación hidrológica deficitaria que padece la España seca".

En esa misma línea, también exigen que "se lleven a efecto las inversiones precisas en Castilla-La Mancha en materia de depuración y saneamiento, así como en regadío y abastecimiento, para evitar tanto la contaminación del río Tajo como para permitir el acceso a las aguas del Trasvase a la población y los regantes de dicha comunidad".

El documento concluye, como era de esperar, con la exigencia de los presidentes de Murcia y Andalucía a la Moncloa de que el Acueducto Tajo-Segura "se reconozca como infraestructura esencial para el sostenimiento de los sectores productivos del sureste español y el desarrollo de este territorio, así como para el bienestar de cuantos dependen de su abastecimiento. Evitando, para ello, medidas como la modificación de las reglas de explotación o el anunciado establecimiento de unos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los actuales".

Después de llevar a cabo la rúbrica del documento, a la que han asistido los titulares de la Consejería de Agricultura de Murcia y Andalucía, Antonio Luengo y Carmen Crespo, respectivamente, los presidentes de ambas comunidades han lanzado un mensaje claro a Madrid respecto al futuro del Trasvase Tajo-Segura: "Hay que mantenerlo intacto".

Los presidentes murciano y andaluz mostrando el acuerdo institucional. Youtube

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha subrayado que este acuerdo institucional entre ambas comunidades se ha firmado justo un 19 de abril, "cuando se cumplen tres años del anuncio que hizo Pedro Sánchez de acabar con los trasvases". Tras recordar esa efeméride el dirigente popular ha enviado un mensaje al presidente de España: "Esta no es la forma de liderar".

López Miras ha argumentado que este documento es fruto de la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación del acueducto, sin consultar a los territorios afectados por la medida: "Es una propuesta unilateral, basada en criterios políticos y no técnicos". Por todo ello, el popular se ha reafirmado en el mensaje que esta "declaración histórica" entre Murcia y Andalucía envía a Madrid: "Quien quiera cerrar el trasvase nos encontrará unidos".

130.000 almerienses afectados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha aclarado que esta declaración institucional no busca el enfrentamiento entre territorios, en clara alusión al plan de Castilla-La Mancha para la cuenca del Tajo: "No hacemos un frente contra otra comunidad". Y ha proseguido reclamando al presidente, Pedro Sánchez, que "tenga una visión amplia en la cuestión del agua porque nos beneficia como país".

Moreno ha mostrado su preocupación por los estragos que un cambio en las regas de explotación del acueducto podría causar a 130.000 almerienses que "beben" de los recursos hídricos del Tajo-Segura, sin olvidar los daños que provocaría al tejido productivo agrícola de la provincia de Almería. "Esta decisión es unilateral, terriblemente injusta y cuando las decisiones no se dialogan: se imponen".

Tal afirmación ha llevado al dirigente andaluz a apelar al Ejecutivo a que se replantee la situación: "Me gustaría que el presidente del Gobierno reflexionara sobre esta decisión porque el agua es un bien especialmente escaso en Almería, Murcia y Alicante; el agua es una cuestión de estado que debe abordarse con las comunidades".

Puig: el gran ausente

El gran ausente en la cumbre hídrica de Almería ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ya que los regantes de la provincia alicantina son otros de los grandes afectados por los recortes del Ministerio a las aportaciones del acueducto. Además, el presidente murciano le invitó al acto, pero este lunes el propio Fernando López Miras ha asegurado que la ausencia del socialista Puig a la rúbrica con los líderes populares de Murcia y Andalucía se debía "a problemas de agenda".

López Miras ha aprovechado para mandarle un recado al líder valenciano al apuntar que "desde diciembre estoy invitándole para hablar de agua, infraestructuras y financiación autonómica", entre otras cuestiones que afectan a ambas comunidades, pero que de momento no han podido abordar en una reunión bilateral. A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo murciano ha subrayado que en el futuro "estoy seguro de que nos sentaremos los tres presidentes autónomicos para que se escuche nuestra voz y para luchar por el Trasvase Tajo-Segura".