Murcia, Valencia y Andalucía exigen al Gobierno parar el cambio de reglas del trasvase

Los gobiernos de Andalucía, Murcia y Valencia han tomado posiciones de cara a la segunda votación sobre el cambio en las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que tendrá lugar este jueves en el Consejo Nacional del Agua, y que de consumarse supondrá una pérdida de 13 hectómetros cúbicos anuales para los agricultores del Levante. Este lunes los consejeros de Agricultura de Murcia y Valencia, Antonio Luengo y Mireia Mollá, respectivamente, se han reunido con el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, para suscribir una carta donde exigen al Gobierno central que "pare esa votación".

En la misiva, con el membrete de los ejecutivos murciano, andaluz y valenciano, se subraya su oposición ante el Gobierno de España al cambio de esas reglas, consistente en rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hectómetros cúbicos a 27, cuando los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía estén por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2).

"La modificación que se propone es claramente extemporánea e innecesaria en este momento, dado que es inminente la publicación de un nuevo ciclo de planificación hidrológica de las demarcaciones, entre ellas la del Tajo, donde se deben contener los datos necesarios para analizar la actualización que proceda de forma rigurosa", tal y como critica la carta dirigida a Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.

"Es importante subrayar que ninguna razón jurídica ni técnica ni ambiental exige la urgencia pretendida en la tramitación del proceso", según prosigue el texto. "En consecuencia, la Junta de Andalucía, la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana solicitamos que se deje en suspenso la modificación de las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura hasta que se disponga de un nuevo Plan Hidrológico del Tajo aprobado, cuyas determinaciones finales serán las que se deban considerar para la modificación de las reglas de manera integrada, conjunta y técnicamente rigurosa, y no provisional, parcial y puntual, y por tanto no rigurosa, como hace la reforma planteada".

Por si en la Moncloa quedaba algún resquicio de duda sobre la unidad de este frente levantino en defensa del trasvase, tras la ausencia del presidente de Valencia, Ximo Puig, al encuentro que celebraron sus homónimos de Murcia y Andalucía, este lunes la consejera valenciana de Agricultura, Mireia Mollá, ha sido explícita: "En el momento en que se formalice con un decreto ese cambio en las reglas de explotación, activaremos todas las medidas judiciales".

Mollá ha zanjado que "somos una única voz sin fisuras" y "le tiene que quedar muy claro al Gobierno de España a Madrid y a Castilla-La Mancha".

Por su parte, su homónimo en Murcia, Antonio Luengo, ha instado al Ministerio a retirar el punto número uno de la próxima sesión del Consejo Nacional del Agua, relativa al cambio de reglas de explotación del acueducto, "por su poca idoneidad", al tiempo que ha pedido una "reunión de urgencia" con la ministra.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha avanzado que mientras el Gobierno no cambie su hoja de ruta se mantendrá activo un calendario de movilizaciones: "El 3 de mayo estaremos concentrados en la Delegación del Gobierno de Murcia,  el 15 nos manifestaremos en los ayuntamientos de los municipios del trasvase y el día 24 estaremos en Madrid con todos aquellos miembros de la sociedad civil y política que nos acompañen".

Plan del Tajo

Lucas Jiménez ha aprovechado la reunión con los consejeros de Agricultura, celebrada en la sede de Scrats en Murcia, para alertar que sobre el futuro del trasvase se cierne otra amenaza: "La planificación hidrológica del Tajo promueve un incremento injustificable de caudales ecológicos y supondrá un detraimiento del cuarenta por ciento de los volúmenes que venimos recibiendo para regadío".

El titular murciano de Agricultura ha corroborado tales previsiones, al asegurar que el plan del Tajo, "es el segundo ataque directo" al acueducto porque "ese aumento de los caudales ecológicos conllevaría una disminución de 80 hectómetros cúbicos al Levante y eso no se puede permitir".

El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, atendiendo a los medios de comunicación. Badía

Luengo ha subrayado que la solución no pasa por subir los caudales ecológicos, sino en incrementar los niveles de saneamiento y reutilización de aguas en otras autonomías. "Hay que explicarle al Gobierno de Madrid, de Castilla-La Mancha y al Gobierno del señor Sánchez que hay que hacer lo que se ha hecho en el Levante: invertir en depuración. De hecho, en otoño las comunidades de Murcia, Andalucía y Valencia escribimos a la ministra (Teresa Rivera) para que invirtiese fondos europeos en esa zona".

En la misma línea se ha pronunciado la responsable de Agricultura en Valencia, Mireia Mollá: "La subida de los caudales ecológicos en Aranjuez, se debe a que hay un punto del río donde empieza a recibir aguas sucias, y se pretende subir el caudal para que se diluyan esas aguas que contaminan y dejan en mal lugar el río y eso no es culpa de nuestros regantes, sino que es culpa de un déficit en depuración".

Mollá ha ironizado que "es insólito que estemos de acuerdo tres comunidades, reclamando fondos europeos de recuperación para otra autonomía para que se destine ese dinero en invertir en depuración: el problema del río no son nuestros regantes, ni los caudales ecológicos, no es algo técnico, es una cuestión política".