La operación de reunificar el espectro político de la centroderecha, a nivel nacional, que el Partido Popular inició tumbando la moción de censura en Murcia ha traído malas consecuencias para el presidente de la Región, Fernando López Miras. Un dictamen de la comisión de expertos designada por el Pacto Antitransfuguismo -al que ha accedido EL ESPAÑOL- califica de tránsfuga al popular López Miras "por ser inductor y beneficiario de la conducta tránsfuga de los y las diputadas precitadas": Isabel Franco, Valle Miguélez, Francisco Álvarez y Alberto Castillo. Todo ellos de Cs y también tachados de tránsfugas.
El dictamen tiene como ponente a Rafael Ibáñez Reche: exmarido de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exabogado de Comisiones Obreras y exdiputado de IU en el Parlamento de Andalucía. A lo largo de 22 páginas expone, con todo lujo de detalles, los acontecimientos vividos en la Región de Murcia desde el 9 de marzo cuando se produjo la reunión que los seis diputados de Ciudadanos mantuvieron con Carlos Cuadrado, vicesecretario General de Cs, justo 24 horas antes de presentar con el PSOE, una moción de censura contra el PP.
Reche expone que los parlamentarios naranjas Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez plasmaron su firma en la moción, comprometiéndose con la dirección nacional y regional de Ciudadanos a arrebatar la presidencia al líder popular, Fernando López Miras. Sin embargo, en los días posteriores se produjeron dos acontecimientos sobre los que pone la lupa el dictamen.
El primero: el hecho de que el presidente López Miras cesó de su Ejecutivo a Ana Martínez Vidal, impulsora de la moción de censura, pero mantuvo a Isabel Franco, como vicepresidenta, a pesar de ser miembro de Cs.
"Durante el día siguiente a la presentación de la moción todas las declaraciones públicas de los distintos actores políticos dan por hecho que la moción de censura saldrá adelante. No obstante, se publican especulaciones sobre la posibilidad de que la firmante de la moción, doña Isabel Franco, pudiera no apoyar la moción de censura, lo que explicaría que no solo no fuera cesada como consejera, sino que fuera reforzada con la atribución de las competencias de Transparencia, Participación y Administración Pública".
El segundo: la comparecencia que el 12 de marzo protagonizó el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, justo después de la rueda de prensa celebrada en Lorca donde la líder de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, y el líder del PSOE, Diego Conesa, dieron detalles del futuro Gobierno. El dictamen subraya que el presidente murciano en su comparecencia anunció de esta forma que la moción estaba desactiva: "Durante la tarde-noche del jueves se habría producido la negociación con los tres diputados de Ciudadanos, afirmando que “el contacto ha sido rápido. Cuando el interés general es lo importante, los acuerdos se alcanzan rápido”.
El presidente murciano, el popular López Miras, y la vicepresidenta, Isabel Franco.
El dictamen, en este punto, considera que no fue casual el cambio de postura en el voto de tres de los diputados firmantes de la moción: "Entre ambos hitos, el hecho relevante para ese cambio de posición política ha sido el mantenimiento como consejera de doña Isabel Franco, y el nombramiento como consejeros de don Francisco Álvarez y doña María del Valle Miguélez, mientras que el resto de compañeros de Ciudadanos que ostentaban consejerías u otras altas responsabilidades en el Gobierno de la Región eran cesados, y como reconoció el presidente de la Comunidad fue fruto de una negociación rápida".
Llegado el momento de la votación, en el documento se hace un inciso sobre el voto de abstención que realizó el presidente de la Asamblea Regional: "En el caso de don Alberto Castillo Baños, como diputado, firmó la moción de censura como el resto de su Grupo Parlamentario, y contradiciendo sus propios actos, el criterio de sus compañeros y de los órganos de su formación política, terminó no votando a favor de la misma sino absteniéndose".
Un dictamen duro
Reche subraya que las conductas expuestas "encajan en las definiciones de transfuguismo establecidas por el Pacto Antitransfuguismo". El dictamen es muy duro sobre lo acontecido en Murcia. Valgan como ejemplo estos párrafos que cargan contra la conducta de Isabel Franco, Valle Miguélez y Paco Álvarez:
"Hubo traición a sus compañeros de grupo parlamentario, ya que después de haber firmado la moción de censura se apartaron sorpresivamente, anunciando su voto en contra, una vez que los tres primeros habían recibido la “contraprestación” de mantenimiento o acceso al Gobierno Regional, e impidiendo así que su compañera de grupo y partido, doña Ana Martínez Vidal, se convirtiera en presidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia".
"Agrava aún más la situación, el hecho de que participaron en una operación política y tres de los tránsfugas aceptaron un cargo en el Gobierno regional a cambio de su voto en contra".
Conclusiones demoledoras
El apartado de conclusiones del dictamen no deja lugar a las dudas a la hora de enumerar los motivos por los que califica como tránsfugas a Isabel Franco, Valle Miguélez, Francisco Álvarez y Alberto Castillo. El documento también reprocha lo sucedido en el mes de abril, cuando esos diputados expulsados por Cs se hicieron con el control del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, dejando sin competencias a la coordinadora autonómica, Ana Martínez Vidal, y al entonces portavoz, Juanjo Molina.
"Cuatro diputados y diputadas firman una legítima moción de censura, y tras ello, se separan de sus propios actos y del criterio político de su formación (primera causa de transfuguismo) y lo hacen porque han negociado con el presidente del Gobierno regional acceder o mantenerse en cargos de gobierno (segunda causa) y luego, se hacen con el control del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de la que han sido expulsados o expedientados, apareciendo como legítimos titulares y desposeyendo de atribuciones a los diputados que mantienen el vínculo afiliativo (Ana Martínez Vidal y Juanjo Molina)".
Tras criticar la conducta de estos parlamentarios prosigue lamentando el papel que ha desarrollado el jefe del Ejecutivo murciano del PP: "Estas prácticas han necesitado el concurso y participación activa del presidente de Murcia, don Fernando López Miras, que facilitó e indujo la alteración de las mayorías políticas resultantes de las elecciones para evitar la moción de censura (primera causa de transfuguismo) y lo hizo mediante la recompensa a los tránsfugas con cargos en el Gobierno regional (segunda causa) y todo ello con ostentación de la situación tránsfuga".
Francisco Álvarez, expulsado de Ciudadanos, jurando su cargo en el Gobierno bajo la atenta mirada de López Miras.
"En consecuencia, consideramos que la conducta calificada como transfuguismo es también predicable de la actuación de don Fernando López Miras, sin que esta conclusión deba alcanzar al resto de los miembros del Consejo de Gobierno, salvo los ya calificados como tránsfugas, por las razones expuestas".
Dudas sobre el ponente
El Partido Popular no solo presentó alegaciones a la Secretaría del Pacto por la Estabilidad Institucional, sino que trató de recusar al ponente del dictamen al expresar sus "dudas sobre su carácter imparcial e independiente". Todo ello, debido a que Rafael Ibáñez Reche ha sido diputado por IU en Andalucía. De hecho, los populares solicitaron "la suspensión de la actividad de la comisión de expertos independientes hasta que no se proceda a nombrar una nueva comisión de expertos que reúnan la condición de independencia, objetividad y neutralidad".
También argumentaron que los tránsfugas eran la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, y el portavoz naranja, Juanjo Molina, por haber roto el pacto de Gobierno suscrito en mayo de 2019 para negociar a espaldas del PP la moción de censura con el PSOE.
El dictamen rechaza ese argumento y se opone a recusar a Reche: "No cabe a esta comisión interrumpir su funcionamiento, ni aceptar la recusación del ponente, miembro de esta comisión, por cuanto no se acredita la existencia de ninguna circunstancia personal ni profesional que no concurriera ya en don Rafael Ibáñez Reche cuando la Comisión de seguimiento del Pacto del que forma parte el partido que le recusa (PP) acordó por unanimidad su nombramiento como experto independiente".