Instalaban desaladoras sin autorización, habilitaban pozos clandestinos y todo el rechazo de esa actividad de desalación, cargada de nitratos, acababa vertiéndose sin control en el ecosistema del Mar Menor. Este es el presunto 'modus operandi' que desarrollaban 38 empresas agrícolas del Campo de Cartagena mientras supuestamente la Consejería de Agricultura (PP) y la Confederación Hidrográfica del Segura (PSOE) miraban para otro lado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, ha concluido la investigación de la primera pieza del 'caso Topillo', por vertidos contaminantes al Mar Menor. El auto del magistrado supera el centenar de folios y supone un varapalo a la imagen del sector agrícola, ya que estima en 19.471.155 euros el perjuicio económico que supuestamente han causado a la albufera entre todas las empresas investigadas por un delito medioambiental.
La resolución también ha sacudido los cimientos de PP y PSOE. El magistrado encamina al banquillo de los acusados -por un presunto delito de prevaricación ambiental- al exconsejero de Agricultura, el popular Antonio Cerdá, así como a la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, la socialista Rosario Quesada, y el otrora comisario de Aguas, Manuel Aldeguer (PSOE).
El auto contiene conclusiones demoledoras sobre la supuesta "actitud permisiva" y la "omisión de las inspecciones obligatorias" para evitar la entrada de salmuera y nitratos al Mar Menor, por parte de los mencionados ex altos cargos de los gobiernos regional y central.
El juez Ángel Garrote, según una fuente del Tribunal Superior de Justicia, argumenta que la Consejería de Agricultura de Murcia era la responsable de elaborar y velar por el cumplimiento de la normativa que regula el uso agrícola de nitratos en el Campo de Cartagena. De hecho, menciona una orden de la Consejería de 2009, donde fija la necesidad de realizar inspecciones en zonas vulnerables de contaminación por nitratos: los Acuíferos Cuaternario y Plioceno de la zona regable oriental del Trasvase Tajo-Segura y el sector litoral del Mar Menor.
"Es claro que se omitió la regulación de un sistema autónomo y eficaz de control de los programas de actuación en materia de nitratos que asegurase su cumplimiento por los agricultores y que posibilitara la aplicación del régimen sancionador al que se remitía la propia orden", según expone el auto, al tiempo que atribuye tal falta de inspecciones al que en anteriores legislaturas fue consejero de Agricultura: el popular Antonio Cerdá. "Esta omisión pudo ser deliberada".
Unos guardias civiles durante una inspección a una finca agrícola en el 'caso Topillo'.
El instructor del 'caso Topillo' también esboza una conducta similar en los dos investigados en la Confederación Hidrográfica del Segura: los socialistas Rosario Quesada y Manuel Aldeguer. Todo ello tras exponer sus responsabilidades en ese organismo estatal: "De la legislación sobre aguas, se infiere que corresponde a la CHS el control del correcto uso del dominio público hidráulico, otorgando concesiones para los usos privativos del agua, actividades de desalación y vertidos al dominio público hidráulico, y, en su caso, sancionar los actos de aprovechamiento privado de aguas, desalación o vertidos efectuados sin autorización".
A pesar de que podrían haber iniciado procesos sancionadores, por importe de hasta un millón de euros en los casos más graves, a juicio del magistrado supuestamente incumplieron su labor fiscalizadora porque desde el año 2007 se han recabado indicios sobre el uso de desaladoras y pozos ilegales en fincas agrícolas del Campo de Cartagena. El auto sostiene que el vertido del rechazo de estas desaladoras terminaba en el Mar Menor: bien a través de los Acuíferos Cuaternario y Plioceno, o de una red de salmueroductos que vertía a la Rambla del Albujón.
En riesgo los hábitats
Tal actitud permisiva, a juicio de Ángel Garrote, "facilitó y motivó que una multiplicidad de agricultores y empresas agrícolas ubicadas en el campo de Cartagena utilizaran máquinas desaladoras careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso [de desalación]". Esta situación supuestamente permitió una extracción de agua clandestina, y a la postre, vertidos que suponen "un grave riesgo para el equilibrio de los diversos sistemas naturales y hábitats que conforman el Mar Menor".
La instrucción de la primera pieza del 'caso Topillo' ha obligado a analizar una ingente cantidad de documentación que ha tenido que ser almacenada en una decena de contenedores. El juzgado ha tenido que ser reforzado con un magistrado para poder centrarse en cotejar las diligencias del Seprona de la Guardia Civil, con información de carácter técnico en materias tan dispares como la biológica, hídrica económica o administrativa, así como normativa agrícola y de protección ambiental de ámbito estatal y europeo.
Esta ardua tarea ha permitido que en el auto se cuantifiquen los vertidos supuestamente realizados por cada una de las 38 firmas agrícolas investigadas: "Así, para cada empresa, el instructor concreta, de manera indiciaria, los metros cúbicos de agua que se extrajo del subsuelo a través de desaladoras, la concentración de nitratos y la conductividad del pozo que presuntamente alimentaba la desaladora y los metros cúbicos de rechazo de la actividad de desalación al salmueroducto que desemboca en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor".
Segunda pieza
El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen diez días para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa que procesa a 38 encargados, empresarios y administradores de mercantiles agrícolas, así como antiguos altos cargos del PP y el PSOE.
El instructor Ángel Garrote está desarrollando una titánica tarea desde el juzgado, ya que todavía tiene por delante concluir la investigación de la segunda pieza del 'caso Topillo', que afecta a 43 empresas del sector agroalimentario por un nuevo conjunto de vertidos. De momento, ya ha tomado declaración a decenas de empresarios, administradores y encargados de fincas. La contaminación del Mar Menor empieza a tener nombres y apellidos.