El juez investiga al líder del PSOE en Murcia por malversar 250.000 euros en festejos taurinos

"Está elegido por la militancia y puedo asegurar que estoy en todos los grupos de difusión de WhatsApp del partido y el apoyo que ha recibido Pepe es unánime, hasta de las personas más críticas", tal y como ha subrayado el presidente del PSOE murciano, Alfonso Martínez Baños. "Por tanto, vamos a seguir trabajando con absoluta normalidad y con la estrategia diseñada, sin que nadie tuerza nuestra hoja de ruta. Esto tiene el recorrido que tiene, pero es verdad que se trata del secretario general y se le da una trascendencia que posiblemente no se le daría si fuésemos cualquiera de nosotros".

Vélez se afilió a Juventudes Socialistas con 16 años, se ganó la amistad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le ayudó a reconquistar el cetro de Ferraz, y su histórica implicación con el partido le valió un reconocimiento en febrero de 2020: ser nombrado delegado del Gobierno en Murcia, tras haber sido durante seis años alcalde de Calasparra (2014-2020) y durante quince años concejal de esa localidad (1999-2014).

En Madrid apostaron por el político calasparreño como candidato para las autonómicas y el propio José Vélez confirma que no piensa dimitir tras haber sido citado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz: "Esto le viene de maravilla al Partido Popular para tapar las barbaridades y las vergüenzas que están cometiendo esta legislatura; si se piensan que me van a callar, eso será cuando esté muerto y enterrado".

Desde septiembre de 2021, el PP de Murcia está personado en las diligencias como acusación popular. Pero la querella fue interpuesta seis meses antes, en marzo, por dos concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Calasparra: Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva. Ambos ediles recurrieron al penalista Juan Rigabert para iniciar una causa judicial que ha generado un terremoto político, cuyo epicentro está en la Plaza de Toros de La Caverina.

EL ESPAÑOL ha accedido a la querella por prevaricación administrativa y malversación contra el líder socialista, José Vélez; el gerente del PSOE, Jordi Arce, que antes fue concejal de Festejos en Calasparra, y Antonio José Merino, concejal de Hacienda de esa localidad, así como el administrador único de Chipé Producciones.

El abogado Juan Rigabert sostiene en su escrito que los tres políticos se saltaron supuestamente a la torera la Ley de Contratos del Sector Público, primero, al suscribir convenios con Chipé Producciones, y después, cuando alquilaron la plaza a la empresa Ruedo la Caverina y se la subarrendaron a Chipé Producciones sin firmar de por medio un contrato de subarrendamiento.

La Plaza de Toros de Calasparra, propiedad de la empresa Ruedo la Caverina, cada año acoge la Feria Taurina del Arroz y los encierros de las Fiestas Patronales. La organización de los festejos taurinos y la gestión del coso -según la querella- la venía desarrollando Chipé Producciones, en virtud de un contrato con La Caverina, hasta que esta relación se rompió por desavenencias entre ambas mercantiles.

La querella expone que en los años 2017 y 2018, el Ayuntamiento y Chipé Producciones firmaron sendos convenios de colaboración para que la empresa cediera las ganaderías contratadas para la Feria Taurina del Arroz, con el objetivo de que participasen en los encierros que organizaba el Consistorio. A cambio, Chipé percibiría 30.000 euros, en 2017, y 37.000 euros, en 2018-. Tales acuerdos se firmaron con fórmulas supuestamente "ilegales". Así lo afirma la querella:

"Inexistencia de informe técnico que recoja el correspondiente estudio de mercado que justifique el precio. En los expedientes tramitados para la firma de los convenios solo existe el informe de Secretaría y un informe de Intervención, sobre la disponibilidad de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 3381.22636, pero no hay informe técnico alguno que justifique el pago de la cantidad de 30.000 euros, en 2017, ni tampoco el aumento a 37.000 euros, en 2018, cuando se trata exactamente de la misma contraprestación y sin embargo se paga más de un 23%".

"De conformidad con lo anterior, por parte del Ayuntamiento se firmaron dos convenios con la empresa Chipé Producciones utilizando esta fórmula, de manera irregular, con la finalidad de eludir la legislación en materia de contratos del sector público y sin que tampoco constase informe técnico alguno que justificara el pago de esas cantidades concretas como es preceptivo".

En 2018 se rompieron las relaciones entre La Caverina, propietaria de la plaza de toros, y Chipé Producciones, de forma que el Consistorio para garantizar los festejos taurinos y los encierros de las fiestas patronales optó por alquilar el coso taurino por 35.090 euros.

"El procedimiento a llevar a cabo fue el de adquisición directa, sin que conste en el expediente el preceptivo informe pericial con los requisitos que marca la ley, que justificara el pago de esa cantidad. Dicho contrato se firmó el día 12 de julio de 2019, entre don José Vélez Fernández, alcalde por entonces de la localidad, y don Joaquín Caballero Gómez, en representación de la mercantil Ruedo de la Caverina", según prosigue exponiendo la extensa querella de la acusación popular.

"A pesar de la existencia del contrato anterior, entre el Ayuntamiento y la propiedad de la plaza [La Caverina], y sin que exista ningún contrato de subarriendo, y sin que conste tramitación de ningún concurso público para la concesión de la explotación de la plaza de toros y de la Feria Taurina del Arroz, el 30 de julio de 2019, es decir, tan solo 18 días después de la firma del contrato en el que el Ayuntamiento se convertía en el empresario de la plaza, la empresa Chipé Producciones se presenta ante los medios de comunicación como empresaria de la plaza y hace públicos los carteles de la Feria 2019".

"Es decir, en algún momento entre el 12 de julio y el 30 de julio, hubo una cesión de los derechos del contrato por parte del Ayuntamiento a favor de Chipé Producciones. No consta ninguna resolución de Alcaldía, ni expediente de contratación, ni publicación alguna en los boletines oficiales, por la que se pueda tener constancia a través de qué procedimiento el Ayuntamiento cedió a favor de Chipé Producciones, tampoco consta contraprestación alguna de la empresa al Consistorio".

Adjudicación directa

En este punto de la queralla se apunta la siguiente irregularidad contractual: la cesión de los toros para los encierros. "A la vista de que Chipé se había convertido de nuevo en el empresario de la plaza, se vuelve a negociar la cesión al Consistorio de las ganaderías para los encierros matutinos. Casualmente, en esta ocasión, se tramita de manera diferente a los años anteriores. Si en 2017 y 2018 se utilizó de forma irregular la fórmula del convenio, en 2019 se hace mediante contrato menor, justo en el límite de los 15.000 euros más IVA, el cual permite la adjudicación directa".

"La cantidad correspondiente al año 2019 por la cesión de las ganaderías era sorprendentemente baja con respecto a los 37.000, del año 2018, y los 30.000 euros, de 2017. Pero claro, la baja solo era aparente, puesto que previamente se le había cedido de forma gratuita la explotación de la plaza de toros [a Chipé], por la que el Ayuntamiento pagaba 35.090 euros a la mercantil Ruedo de la Caverina".

Todo ello lleva al abogado a alertar al juez de que las arcas municipales desembolsaron 53.240 euros: "Lo cual supuso un incremento del 45% con respecto al año 2018, y casi un 75% con respecto al año 2017, sin que exista informe pericial, tasación o valoración alguna que justificase el pago de esas cantidades, y sin que tampoco se tramitara expediente alguno para la concesión de la explotación de la Plaza de Toros de La Caverina y de la Feria Taurina del Arroz, impidiendo al resto de empresas del sector poder optar a dicha explotación".

En la querella también se aporta un listado de pagos de la cuenta denominada 'Encierros y otros Festejos Taurinos', donde el Ayuntamiento ha venido abonando con dinero público facturas relacionadas con la explotación privada de la plaza para las corridas de toros. El montante denunciado inicialmente asciende a 48.150 euros, pero el letrado Juan Rigabert aclara que durante la instrucción han aparecido más facturas, lo que sumado al alquiler de la plaza y la cesión de los novillos para los encierros, eleva a 250.000 euros el importe que está en la diana de estas diligencias judiciales por prevaricación administrativa y malversación.

"Como se deduce de los conceptos que constan en las facturas, se trata de pagos que corresponden, bien a la propiedad de la plaza, o bien a la arrendataria y organizadora de la Feria del Arroz, pero nunca al Ayuntamiento de Calasparra, que sin mediar justificación alguna, asumió los gastos de una empresa privada". El listado de facturas bajo sospecha es kilométrico: 3.750 euros a la banda de música por actuar en las novilladas; 4.610 euros por limpiar el coso taurino; 10.890 euros por el seguro de 36 novillos; 1.052 euros por transportar toros desde Huelva...

"Se pagaban facturas sin informe favorable de Intervención: ¿Por qué paga un ente público los gastos de un festejo privado?", se pregunta el abogado Juan Rigabert, que ejerce la acusación popular en representación de los dos concejales de la oposición en el Ayuntamiento: Carlos Alajarín, de Cs, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva. "Yo pensaba que se habían desviado unos 80.000 euros, pero han sido cerca de 250.000 euros: saltándose la Ley de Contratos durante tres años", insiste el penalista.

Rigabert tiene de compañera en el bufete a la abogada María Marín y que a su vez es portavoz del PP en Calasparra, lo que ha provocado que desde el PSOE sostengan que la querella ha sido orquestada para salpicar a José Vélez en la víspera de la campaña electoral de las autonómicas de 2023. De hecho, Marín (PP); Alajarín (Cs) y Alonso Torrente (Calasparra Viva) ya denunciaron al secretario general socialista, cuando era alcalde, junto a los ediles socialistas Jordi Arce y Antonio José Moreno, por el cobro indebido de retribuciones por su dedicación exclusiva en la Corporación.

Aquella denuncia se archivó y este es el principal argumento del PSOE murciano para apoyar a su candidato: esta querella correrá el mismo final. Prueba de ello es que el portavoz parlamentario socialista, Francisco Lucas, ha criticado que "la citación de Pepe Vélez no es más que la extrapolación al ámbito regional de una estrategia de persecución política iniciada por el PP, a nivel local, cuando era alcalde de Calasparra, ante la incapacidad de ganarle unas elecciones en las urnas, y que se ha saldado con el archivo de más de cincuenta casos, entre denuncias y recursos".

El letrado Juan Rigabert asegura que el único motivo por el que la citación de Veléz se ha producido el próximo 17 de febrero de 2023, en víspera de la cita con las urnas, se debe a que tras presentar la querella "el Ayuntamiento de Calasparra se ha dedicado a no entregar la documentación que se le requería desde el juzgado: han tardado meses".

El secretario general de los socialistas murcianos y actual delegado del Gobierno, José Vélez, ha contratado los servicios del afamado letrado Raúl Pardo-Geijo, con el objetivo de llegar sin imputación a la cita electoral. "Ahora mismo solo disponemos de la versión de una parte, un relato, a priori, sesgado y con un claro interés político, omitiendo detalles que harían que los delitos que se imputan fueran inexistentes", tal y como sostiene el penalista.

"Las acusaciones vertidas en la querella se interpretan conforme a su subjetiva cosmovisión, pero tienen una explicación razonable y plausible que aleja todo delito de prevaricación y malversación de caudales públicos y en el momento procesal oportuno lo demostraremos".