El Govern sostiene que el proceso por el 9-N es un "juicio político"

"Es un juicio político desde el primer minuto". Así ha respondido la portavoz y consellera de Presidencia, Neus Munté, a la apertura del juicio oral contra Artur Mas y dos exconsejeras por la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014. Tras la reunión del Ejecutivo catalán de cada martes, Munté ha añadido que siente "vergüenza" por un proceso judicial que, a su entender, tiene "intencionalidad política".

Munté se ha mostrado muy molesta por el proceso contra los organizadores de la consulta y ha recordado las grabaciones entre el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ambos trataban de desacreditar el independentismos a pocos días de ese referéndum no vinculante.

"Desde las cloacas del Estado se intentó que no se pusieran las urnas pero se pusieron y fue un éxito", ha sostenido Munté. "Nos sentimos muy orgullosos de ello pero sentimos vergüenza cuando se constata que se quiso criminalizar y ensuciar la honorabilidad de algunas personas sólo por el hecho de ser independentistas".

La portavoz también ha afeado al Gobierno los "movimientos tácticos" que "siempre benefician a los mismos" en relación a las filtraciones y a los tempos judiciales de las imputaciones. "Deberíamos preguntarnos por qué aparecen ciertas informaciones en ciertos momentos y a ver a quién benefician".

Munté ha añadido que Mas y las dos exconsejeras tienen "todo el apoyo y solidaridad" del Govern y ha opinado que todos los demócratas "deberían ruborizarse" ante este proceso judicial.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N ha dejado a Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau a un paso del juicio, ante los indicios de que cometieron desobediencia y prevaricación al permitir la consulta.

En un auto, contra el que cabe recurso, el magistrado Joan Manel Abril desestima los recursos presentados por las defensas para que se archive el caso y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que, si lo ven oportuno, presenten sus escritos de calificación contra los imputados.