De “chantaje intolerable” e “inmoral” es como ha calificado el Gobierno andaluz la advertencia lanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que si no hay investidura pronto, las comunidades deberán hacer un ajuste mayor. La estrategia de presionar por el flanco autonómico para así lograr el desbloqueo parece fracasar por el momento en Andalucía. Su presidenta, Susana Díaz, lo ha dejado muy claro: no está dispuesta a recortar “ni un solo euro más”.
Este es, además, el segundo frente que mantiene abierto el Ejecutivo andaluz contra Montoro. Desde que hace apenas una semana se conociera el cierre anticipado al mes de julio de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 (el cierre es en noviembre), ha puesto el grito en el cielo por las inversiones y fondos que, supuestamente no llegarían a Andalucía.
Ya han tirado de calculadora, y aunque no se verán afectadas las transferencias relativas al sistema de financiación autonómica, el adelanto del cierre de los PGE si repercutirá en dos líneas de ingresos: los programas cofinanciados y las inversiones. Eso supone, según los cálculos de la Junta, más de 2.500 millones, de los que 800 millones de programas cofinanciados entre cada ministerio y la consejería del ramo en los convenios firmados en las conferencias sectoriales, y 1.820 millones son por la inversión global pendiente de ejecución.
De ahí la reacción airada de Díaz ante lo que puede entenderse como un segundo mecanismo de extorsión a las comunidades. “Se llama así, chantaje”, ha afirmado con rotundidad ante el planteamiento del titular de Hacienda de que “si no me dan el Gobierno, ajusto las cuentas a las comunidades y aprieto el cinturón a los ciudadanos”. “Por ahí no vamos a pasar”, ha zanjado, calificando acto seguido de “inmoral” que use esta fórmula para relacionarse con las comunidades en un momento delicado como el actual.
La líder del Ejecutivo andaluz ha aconsejado al PP, Montoro y a Mariano Rajoy que se valgan mejor del “diálogo y el entendimiento” y se pongan a “trabajar” para buscar los apoyos que les son necesarios en lugar de presionar a las comunidades. Como viene haciendo desde el 26J, le ha vuelto a recordar su “responsabilidad” de formar gobierno y le ha pedido que “no descargue la responsabilidad en nadie”, en este caso, en los “hombros” del PSOE y de Pedro Sánchez.
Las comunidades como "rehenes"
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reprobado a Cristóbal Montoro por “usar como rehenes a las comunidades” para presionar la formación de gobierno y ha asegurado que el ministro “tiene toda la documentación preparada para remitir al Congreso, un órgano que está operativo, el documento para que este ratifique el nuevo plan de estabilidad”.
“No se entienden las palabras de Montoro en las que dice que si no se constituye gobierno no se podrán aplicar los nuevos objetivos de déficit. Ya se aprobaron en abril en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tanto el objetivo de las comunidades como lo que se iba a llevar a Bruselas”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.
Desde el PP-A, su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, ha considerado la advertencia de Montoro que no es más que “constatar una realidad” y “es coherente” ante el momento que atraviesa el país. Crespo ha defendido las palabras del ministro porque “tener un gobierno posibilita que todo se establezca y se establezca bien, que se hable entre las comunidades autónomas y el Estado, y que se vea qué posibilidades hay en este momento y se decida cómo se reparte”.