El Gobierno andaluz ha dado hoy luz verde al decreto que corrige la Ley de Medidas Relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta medida rebajará la carga tributaria de las herencias, ampliando las deducciones por la herencia de vivienda habitual y lleva al 99% las reducciones en las explotaciones agrarias. Aparte de su valor económico, tiene un valor político. Aunque no están sentados en el Consejo de Gobierno, el logro hay que atribuírselo en gran medida a Ciudadanos, que ha logrado que se cambie un impuesto que llevaba 35 años sin tocarse.
Con este decreto, se materializa así el acuerdo que cerraron PSOE y C’s en la pasada campaña electoral y que fue resultado del grupo de trabajo creado hace seis meses (la formación naranja fijó que se cerrara antes del pasado 30 de junio). Fue un compromiso de ambos partidos para la investidura de Susana Díaz y ha sido uno de los caballos de batalla de C’s. De hecho, presionaron bastante el otoño pasado durante la negociación de los presupuestos andaluces. El PSOE siempre estuvo reticente a rebajar este impuesto,y hubo un pulso entre los dos partidos para ver si era posible que fuera efectivo para este año y no para 2017, como se quería desde la Consejería de Hacienda. Al final, el resultado ha sido de tablas.
La aplicación de este decreto tendrá dos fases. A partir del 1 de agosto será efectiva la ampliación de las deducciones por la herencia de vivienda habitual y establece una reducción automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias. A partir del 1 de enero de 2016 será la segunda fase de la reforma, que se tramitará en la Ley del Presupuesto de Andalucía y que corregirá el error de salto que actualmente afecta al tributo. De esta forma, se armonizará la ponderación de las deducciones y los requisitos de acceso a las bonificaciones, de manera que aumentará el mínimo exento de tributación para las herencias recibidas por parientes directos, que pasará de 175.000 euros a 250.000 euros. Además, para bases imponibles de entre 250.000 y 350.000 euros habrá una reducción de 200.000 que corregirá el salto en esta franja de herencias.
Para el partido de Albert Rivera, este decreto supone dos importantes logros en materia fiscal: Andalucía deja de ser la comunidad autónoma donde más se pagaba por el impuesto de sucesiones y también por el IRPF. Fue Ciudadanos quien logró que se rebajaran dos puntos del IRPF en el tramo autonómico para las rentas de menos de 60.000 euros.
De ahí que la reacción del presidente y portavoz del grupo de C's en el Parlamento Andaluz, Juan Marín, no haya sido otra que ensalzar la “justicia social” que supone esta reforma “después de 35 años en los que el gobierno socialista no ha querido nunca hacer reformas fiscales”. “Gracias a la presión de Ciudadanos para los presupuesto para 2016 hemos conseguido que se atienda esta reivindicación, que no solo afecta al campo andaluz, sino a todas las familias andaluzas”, ha dicho, recordando que es la primera vez también que un “grupo de trabajo” ha dado resultado entre dos partidos.
Dumping fiscal
Sin embargo, el logro de Ciudadanos y PSOE queda lejos de la aspiración del PP de la eliminación total de este impuesto. En esto, desde el Gobierno andaluz lo tienen claro: esta reforma es “buena, justa y progresiva” y la supresión de este impuesto no es de su competencia por mucho que lo pidan y se empeñen los populares, con campaña de firmas incluida. La pelota tienen claro desde el Ejecutivo de Susana Díaz que está en el tejado del Gobierno central y los partidos que así lo quieran, tienen que plantearlo a nivel estatal.
El Gobierno central es el único que puede armonizar este impuesto y evitar el dumping fiscal entre comunidades. No es sólo Andalucía quien lo cree, también desde el gobierno de Castilla-La Mancha se apuntó en abril en esta dirección: a nivel estatal el Gobierno debería fijar un mínimo en el impuesto de sucesiones y donaciones que gestionan las comunidades para así evitar que las regiones hagan dumping.
Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Montero no creen que en Andalucía haya habido fuga de empresas y fortunas a otras comunidades, como ha venido denunciando el PP. Es más creen que los movimientos de población que ha habido de Andalucía a otras comunidades han tenido más relación con la crisis.
Para el Gobierno andaluz, este impuesto por el momento es irrenunciable porque, como ha explicado Montero, es necesario “para financiar los servicios públicos” y es una pieza en el modelo de financiación. “Si se quita esta fuente, habrá que buscar otra fuente financiera", ha apostillado.
Impacto en las arcas autonómicas
Este decreto tendrá un impacto negativo en las arcas andaluzas. Según las cuentas de la Consejería de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, serán 125 millones los que dejarán de ingresarse y esta pérdida se compensarán gracias a una mejor recaudación derivada de la recuperación económica.
Mientras, el número de beneficiarios, del promedio de 5.500 las personas que pagan el impuesto, será de 3.100 personas las que quedarán exentas de su pago, es decir, un 56,5 por ciento del total de contribuyentes.