La Junta Electoral Provincial de Guipúzcoa ha frenado este miércoles la candidatura de Arnaldo Otegi a las elecciones autonómicas del País Vasco. Ha rechazado que pueda formar parte de las listas electorales y comunicado a la coalición que encabeza, EH Bildu, la necesidad de subsanar esa irregularidad antes de proceder a la proclamación de las planchas presentadas por los distintos partidos.
Otegi no podrá presentarse a las elecciones
El acuerdo, adoptado por unanimidad entre sus cinco miembros, asegura que Otegi se “encuentra incurso en una causa de inelegibilidad” al estar condenado a una pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (derecho a presentarse y ser elegido).
Una condena que se extiende desde el 4 de septiembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2021 según la liquidación practicada por la Audiencia Nacional y de la que ha tenido conocimiento al serle notificada junto a la sentencia por la Junta Electoral Central. Su resolución es muy breve y no entra en otro tipo de consideraciones.
Si el nombre de Otegi aparece, pese a ello, en las listas recogidas hoy por el Boletín oficial del País Vasco es porque el trámite que impone el calendario electoral para el 24 de agosto es simplemente el de la publicación de las distintas candidaturas presentadas, antes de ser sometidas al examen de legalidad.
La Junta, reunida ayer, decidió no aceptar la presencia de Otegi en las listas por considerar que no cumple los requisitos exigidos por la ley, al comprobar que existe una sentencia firmes que le inhabilita e invalida sus derechos. Así se lo ha notificado esta mañana a los representantes de la candidatura de la coalición abertzale, que habían sido citados a las 9,30 de la mañana para conocer la resolución adoptada.
Su rechazo no entra en el fondo del asunto porque su función es meramente administrativa. El órgano electoral se limita a constatar la existencia del fallo judicial. Sobre su mesa ha estado el auto de la Audiencia Nacional en el que se ejecuta la inhabilitación, remitido en mayo por la Junta Electoral Central, y el informe de la Fiscalía General de Estado. En ambos se hace constar que el secretario general de Sortu y líder de la izquierda abertzale está inhabilitado hasta 2021 para ocupar un cargo público y tiene suspendido su derecho al sufragio pasivo, siendo por tanto inelegible por los ciudadanos, que no pueden acudir a votarle.
Podría decirse que Otegi ha perdido su primera batalla para ser elegido parlamentario vasco el 25-S, pero aún quedan dos semanas de recorrido en los tribunales si, como parece, la izquierda abertzale está dispuesta a agotar el procedimiento y a explotar el “victimismo” que produce esta situación.
La estrategia de sus abogados de no recurrir en enero el auto de la Audiencia Nacional sobre su inhabilitación, ha postergado el debate a la convocatoria electoral y ha convertido a Otegi en el protagonista de la precampaña.
La sucesión de recursos e impugnaciones prolongarían su protagonismo durante la campaña, como han denunciado PNV y PSE-EE. El Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Josu Erkoreka, ha insistido en el deliberado intento de EH Bildu de sacar ventaja electoral de la pugna jurídica.
DOS SEMANAS DE DEBATE
La legislación electoral concede a los partidos un plazo que expira este domingo para subsanar las irregularidades observadas por la Junta después del examen de la documentación presentada. La proclamación de las candidaturas tendrá lugar el lunes, antes de su publicación el martes en el BOPV.
Si la Junta insiste en la incompatibilidad de Otegi es previsible que EH Bildu eleve el caso a la justicia ordinaria, siendo competentes los juzgados de los Contencioso-Administrativo de San Sebastián. Si se enmienda a sí misma, serán la Fiscalía y algunos partidos quienes pidan la intervención de los tribunales.
Su pronunciamiento antes del 2 de septiembre abriría un nuevo plazo que culminaría con la decisión del Tribunal Constitucional, que es quien tiene la última palabra. Tendría de tiempo hasta el día 8, en vísperas del arranque de campaña, para resolver el recurso de amparo.
Los partidos vascos están divididos en torno a la presencia de Otegi en las listas electorales. Mientras el PNV y Podemos defienden su derecho a concurrir a las urnas, el PP y Ciudadanos se muestran contrarios. UPyD también lo era y había anunciado recursos para evitarlo pero su renuncia participar en las elecciones vascas le impiden hacerlo. El PSE-EE ha optado por una solución salomónica, de no intervención, dejando el pronunciamiento en manos de la Justicia y acatando éste sea cual sea sin posicionarse. Colectivos de víctimas del terrorismo, como Covite, se han manifestado radicalmente en contra.
CANDIDATO HASTA EL FINAL
Mientras, Otegi y EH Bildu han asegurado que nadie les obligará a cambiar su candidato a lehendakari, dispuestos a rentabilizar la polémica, en lo que se ha considerado como un nuevo desafío al Estado de los radicales vascos.
De hecho, la coalición abertzale actúa como si su líder no tuviera ningún impedimento. Toda la cartelería está enfocada en su figura y su previsión es seguir actuando hasta el final, sea cual sea el fallo judicial, como si el secretario general de Sortu encabezase su lista en Guipúzcoa. Él es el principal reclamo para afrontar la sangría de votos que Podemos ha producido en sus filas en las dos últimas citas electorales.
En realidad y si pierde el pulso jurídico Otegi dejará paso en las papeletas a otro candidato. Lo más previsible es que sea sustituido por la actual número dos, la periodista de informativos de ETB, Maddalen Iriarte.
PUGNA JURÍDICA
El aspirante a lehendakari por EH Bildu fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA, en el “caso Bateragune” . El Supremo rebajó su pena de cárcel a seis años y medio y Otegi abandonó la penitenciaria de Logroño el pasado 1 de marzo.
El cumplimiento de una inhabilitación anterior impidió que la adjunta a la sentencia empezara a computarse antes de septiembre de 2014, por lo que según la Audiencia Nacional y la Fiscalía, sus derechos a sufragio pasivo y a ejercer un empleo o cargo público estarán suspendidos hasta febrero de 2021.
En la sentencia por el caso Bateragune no se especifican los cargos públicos sobre los que pesa la inhabilitación; una ausencia que, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, permitió a Iker Casanova, con una condena similar, acceder al Parlamento Vasco.
Los abogados de la defensa invocan el caso del parlamentario de EH Bildu como precedente, pero el Ministerio Fiscal establece que la diferencia estriba en que el fallo judicial contra Otegi va más allá al incorporar la suspensión de su derecho al sufragio pasivo, una circunstancia que impide que los ciudadanos puedan acudir a votarle en las urnas y convierte al líder abertzale en “inelegible”.