José Manuel Soria consiguió la designación como candidato al consejo del Banco Mundial gracias a la antigüedad como funcionario (trienios) que se le permitió acumular durante 26 años de carrera política, según fuentes de la Comisión de Evaluación de los representantes de España en las Instituciones Financieras Internacionales.
Soria es uno de los técnicos comerciales del Estado más antiguos del escalafón gracias a este privilegio recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. El ex ministro sólo ha servido como técnico comercial del Estado durante cinco años en la década de 1980.
Los dos méritos claves valorados por la Comisión de Evaluación para preferir a Soria frente a otros candidatos han sido la antigüedad acumulada y sus servicios como ministro de Estado, dos aspectos donde obtuvo una gran ventaja gracias a su carrera política, indicaron fuentes del organismo.
El Gobierno insiste en que a Soria no se le podía negar su designación como candidato en el Banco Mundial porque "le correspondía por escalafón". El Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 87 que los funcionarios que desempeñen cargos políticos o sean elegidos como representantes públicos pasarán a la situación de servicios especiales. Este estado les permite seguir acumulando trienios (antigüedad) y promociones en su destino original.
La norma afirma que "el tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación".
El caso de Eligio Hernández
El Estatuto Básico del Empleado Público también prevé que quienes se encuentran en esta situación "tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidada".
Y añade que las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios.
La ventaja en el escalafón administrativo obtenida por Soria gracias a su carrera política recuerda la polémica que se produjo en abril de 1992 cuando el gobierno de Felipe González nombró fiscal general del Estado a Eligio Hernández en sustitución de Leopoldo Torres. El Consejo de Ministros consideró que Hernández cumplía los requisitos legales porque le computó como “ejercicio efectivo” como jurista los siete años que se había dedicado a la política (como gobernador civil y delegado del gobierno en Canarias).
En 1994, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento por considerar que no cumplía el requisito de 15 años de ejercicio efectivo de la profesión.