Marcos Benanvent, exgerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, implica al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, a los exvicepresidentes del Consell Víctor Campos y Gerardo Camps y al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus en el cobro y reparto de comisiones ilegales que provenía de adjudicación de colegios.
Del mismo modo, señala directamente al exconseller de Educación y diputado del PP Alejandro Font de Mora como una de las personas que presionaba para adjudicar obras de centros educativos.
Así se desprende de varias conversaciones telefónicas intervenidas a Benavent y que obran en la pieza principal del conocido como caso Imelsa, sobre la que se ha levantado el secreto de sumario y que investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Principalmente se centra en irregularidades en la actividad contractual y de gestión de las empresas públicas pública Construccions I Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana (Ciegsa) e Imelsa.
En uno de los 18 tomos de esta pieza, se incluye una declaración de Benavent en la que se le interroga por diferentes conversaciones telefónicas que mantuvo con el ex vicepresidente segundo de la Diputación y exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla en relación con comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obras de colegios.
Benavent expone claramente que hay "intereses cruzados" en relación a las adjudicaciones y señala que "tras toda adjudicación había una comisión". En concreto, en una conversación, Caturla le indica: "El último mensaje es que todo esto se lo mandemos al conseller de Hacienda, Gerardo, ¿Me entiendes? porque lo quieren controlar todo y entonces, sí el mismo ha dicho que él ha oído al Presidente como le ha dicho a Gero que le controle".
Preguntado por estas afirmaciones, Benavent expone que cuando se menciona al 'Presidente', se trata de 'Francisco Camps', y explica que están tratando asuntos relativos al reparto de comisiones que se derivan de la adjudicación de colegios. Señala que unas veces recogía directamente --Benavent-- determinadas cantidades de dinero que entregaba a Rus, y que otras veces el dinero "era para otras personas".
Y sobre la frase 'el Presidente le ha dicho a Gerardo que lo controle', explica que están hablando de quién controla el reparto de comisiones, y de que eran Gerardo Camps y Víctor Campos los que determinaban a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso.
PEDÍA "PASTA" A CAMPOS
También señala, en relación con otra conversación, que Rus pedía en ocasiones "pasta" a Campos que se "destinaba a todo": "a gastos personales, a gastos del partido, en definitiva a todo, a lo que les diese la gana. Como éste a veces no se la daba, Rus hablaba, según Benavent, con Camps y éste le decía que "lo que él quiera".
En concreto, en la conversación, Benavent expone a Caturla: "Él --Rus-- ha hablado con Víctor de pasta, no le hace mucho caso, y el martes después del comité se encontró con el presidente --Camps--, se fue caminando con él y le comentó el tema, que está hasta los huevos de Víctor, y le dijo que lo que él quiera, que lo que Alfonso quiera".
Así, Benavent asegura que Campos ha entregado dinero negro a Rus directamente, puesto que éste último le comentó que quedaba con el exvicepresidente para que éste le diera dinero. "El papel de Víctor --Campos-- era recaudar dinero para el partido, ya fuera provincial o regional", indica.
DINERO 'B'
Sobre los gastos del partido, el exgerente de Imelsa explica que el exvicepresidente primero de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina era quien administraba el dinero 'b' del partido y cuando lo necesitaba "se lo reclamaba a Rus". "Se pagaban --agrega-- actos del partido y, en ocasiones, el sonido contratado en los mismos se pagaba en negro. La persona a la que se pagaba era Fernando Agramunt, hermano de Pedro Agramunt, que fue senador y anterior presidente del partido".
Respecto a Font de Mora, Benavent explica que era una de las personas que presionaba para adjudicar obras de centros educativos. Pone el ejemplo de una adjudicación a Luján. "El conseller llamó para que a Luján le adjudicasen dicha obra. Esto vino motivado porque Luján estaba en el patronato y no le adjudicaban nunca nada, por lo que reclamaba ser adjudicatario". Sin embargo, el exgerente no recuerda exactamente la obra de la que se trataba.
También afirma que en la empresa Ciegsa se contrataron a personas que desempeñaban su trabajo "en otro lugar", y pone el ejemplo de un ex agente de Policía Nacional que se le contrató en la entidad pero que realmente se encontraba trabajando en la sede del PP en Valencia.
Por otro lado, en otra conversación se refiere a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá -el Tribunal Supremo acaba de abrir una causa penal contra ella por presunto delito de blanqueo de capitales en otra pieza de Imelsa-, sobre la que dice que presionó para que se le diera una subvención de cerca de 100.000 euros anuales a un hijo de su escolta a través de un convenio relacionado con las motos.
Camps: no conocía ni caja "B ni C ni H"
El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado que no tiene ninguna constancia de cajas "B ni C ni H" en la contabilidad del PP de la Comunitat Valenciana, mientras él estuvo al frente del partido.
Sobre esas supuestas implicaciones, Francisco Camps ha dicho en declaraciones a Efe que "jamás" ha tenido ningún contacto con Marcos Benavent ni ha desempeñado ninguna función como "recaudador" del partido, ni ha "llevado dinero a ningún sitio".
El expresident ha desmentido "rotundamente" cualquier implicación en este caso y asegurado que solicitará al juzgado que "se deduzca testimonio de todo aquel que manche" su nombre o le implique en esos supuestos hechos delictivos.
Camps ha negado saber nada ni de "contratos, ni favores, ni cajas b, ni financiación irregular, ni cobros".
Por todo esto, el expresident ha manifestado su intención de querellarse contra quien le "implique directa o indirectamente", quien le calumnie o le injurie o manche "incluso levemente" su honor.
El caso Imelsa se estructura en una pieza principal, que hoy ha dejado de ser secreta, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana (Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat), y cinco piezas separadas.
En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos.
También se investiga un supuesto tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo de capitales y delito electoral en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Font de Mora: "No he consentido nunca ningún tipo de ilegalidad"
El diputado del PP Font de Mora ha asegurado no tener "absolutamente ninguna noticia" de los hechos que le atribuye Benavent y ha afirmado que en su gestión "siempre" ha procurado "llevar una política de honradez y de honestidad a nivel personal e institucional". "No he consentido nunca ningún tipo de ilegalidad", ha destacado.
Font de Mora ha asegurado -en declaraciones realizadas en los pasillos de las Corts- que a lo largo de las "múltiples reuniones" que ha mantenido con empresas que realizan obra pública educativa, promovió una "a nivel multitudinario" para pedir que "si en algún momento se recibía algún tipo de petición de dinero manifiestamente ilegal", se le dijera y él "tomaría medidas".
"Fue una reunión en la Calderona, y a la hora del café dije: 'el propósito de esta reunión es decirles que si en algún momento alguien les pide algo que no corresponde, les pide dinero, me lo tienen que decir porque yo haré que esta persona desaparezca en la administración y que tenga la reprensión jurídica que corresponda", y hubiera hecho eso efectivamente'", ha aseverado.
Preguntado por cómo afrontará este proceso, Font de Mora ha apuntado que tendrá que consultar con un abogado para saber cómo proceder porque "evidentemente" le están imputando un delito.