El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, ha imputado al expresidente de la Diputación y del PP provincial, Alfonso Rus, y a un empresario por un delito de blanqueo de capitales en la pieza separada C, la única que, junto a la pieza principal, permanecía secreta hasta este jueves.
Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, el juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron Fabricación y Desarrollo del Mueble (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Artinvest 2007, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.
El instructor de la operación Taula, Víctor Gómez, considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1,8 millones de euros 50 participaciones que Artinvest, a su vez, había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una “operación simulada”.
Según recoge el auto, “existen indicios racionales de que la primera operación”, la constitución de Artinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM, “también fue una operación ficticia. Supuestamente fue orquestada para realizar una operación de blanqueo de dinero que el grupo investigador relaciona como presuntamente procedente de la actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como Alcalde de Xàtiva”.
Esta pieza se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso. En ella están imputados (investigados) por un presunto delito de blanqueo de capitales Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.
En el sumario, cuyo secreto se levantó ayer, la UCO hace referencia a esta operación y sostiene que no queda suficientemente acreditado la procedencia de “semejante cantidad de dinero” que “a todas luces parece ser que había sido ingresado en efectivo aunque por un importe de 600.000 euros menos”. Es la diferencia entre los 1,8 millones y los 1,2 millones de recompra. Los agentes relacionan estas operaciones con el momento de su llegada a la Diputación. “Se conoce que había una trama de cobro de comisiones ilegales antes incluso de la toma de posesión como presidente de la Diputación”, recogen en un informe. Los propios investigadores ya advertían en este documento que esta forma de operar era “susceptible de ser calificada como blanqueo de capitales de dichas comisiones ilegales”.