La evolución del ‘caso Soria’, que un sector del propio PP convirtió en el ‘caso De Guindos’, servía hace unos días a Albert Rivera para ilustrar a Pedro Sánchez y al PSOE las ventajas de su eventual abstención para que se forme un gobierno popular. En el programa Más de Uno de Onda Cero, Rivera le dijo a Carlos Alsina que la fragmentación parlamentaria actual permite “equilibrios que enriquecen la política”.

“Si el Partido Socialista entendiera que desde la oposición se puede controlar al Gobierno, que el Parlamento puede legislar contando sin el visto bueno del PP, que Ciudadanos y el PSOE pueden ejercer una oposición constructiva ante el PP en los grandes temas de Estado, podemos pasar a una política de entendimiento y también de control”, dijo Rivera.  

Como Forrest Gump, a quien su madre le inculcó que “la vida es como una caja de bombones”, Rivera debe pensar que la política lo es. Su ingenuidad radica no tanto en que la situación actual sea una caja de sorpresas, que hay que tomar como vengan, como en la convicción de que de ella van a salir bombones. Ciudadanos ha asumido que su sino sea el de contribuir a la gobernabilidad de España, basculando entre el PSOE y el PP de la manera más constructiva posible. Y esto le obliga al optimismo permanente, lo que a veces supone tragar sapos y otras, silbar con aire distraído.

Puede decirse que en España hay un 'complejo político-funcionarial' que maneja la situación del país a su antojo. Es un subconjunto del 'establishment' y de "la casta" que definió Podemos

Ni Rivera ni Ciudadanos ha participado nunca en un gobierno importante y eso es lo que quizá justifique su visión tan optimista de la situación. Es cierto que España no está acostumbrada a gobiernos en minoría o débiles, pero quienes han formado parte de ejecutivos anteriores saben que estos pueden decidir muchísimas cosas sin control del Parlamento.

Parafraseando la idea del “complejo industrial-militar” que denunció al final de su mandato el ex presidente norteamericano Dwight Eisenhower, puede decirse que en España opera un “complejo político-funcionarial” que maneja la situación del país a su antojo. Se trata de un subconjunto de lo que se conoce como el establishment y es parte de lo que Podemos definió como “la casta”, concepto que tomó de un periodista de derechas que lo usaba en sus programas de radio.   

Un buen ejemplo de la existencia de este “complejo político-funcionarial” ha sido el reciente ‘caso Soria’. Una opaca Comisión de Evaluación formada por altos funcionarios con claro sesgo oficialista reparte discrecionalmente los puestos en las instituciones internacionales entre 650 miembros de una cofradía de la élite funcionarial.

Cuando la propia militancia se indigna, el presidente del Gobierno y el ministro responsable no dicen toda la verdad y siembran aún más confusión. Cuando al final rectifican dicen estar dispuestos a ofrecer explicaciones, pero hacen todo lo posible para condicionar el escenario en que ha de producirse la rendición de cuentas.

Si un Gobierno en funciones es capaz de convertir en letra muerte el control del Ejecutivo por el Parlamento, ¿qué no harán con un Gobierno en minoría?

Si un partido político (doy por descontado que el PSOE intentaría hacer lo mismo) es capaz de atrincherarse de esta manera con un gobierno en funciones, manejando los tiempos institucionales de la Cámara, convirtiendo en letra muerta el principio constitucional de que las Cortes “controlan la acción del Gobierno” (en funciones o no), ¿qué no harán con un gobierno en minoría que podría valerse además de las inercias del funcionariado?

Desde “el complejo político-funcionarial” las cosas se ven muy distintas y hay barrios institucionales muy mal iluminados en España. Ciudadanos ya debería tener una evaluación bastante completa de su experiencia de colaboración en Andalucía y Madrid, de los goles que ha encajado y de los que logró meter.

Además, al cabo de un año en minoría, un nuevo Gobierno tendría a su disposición un arma poderosísima: el presidente podría disolver el Parlamento cuando quisiera. Bastaría una campaña de victimización con el tema “no me dejan gobernar” para justificar la convocatoria de nuevas elecciones y que la ciudadanía tenga un nuevo héroe: un presidente esclavizado por la oposición.

Las terceras elecciones van a ser un hecho debido a que nuestra cultura política no tiene visos de cambiar y el peso de Ciudadanos es insuficiente para provocarlo. Podrán celebrarse en diciembre de 2016 o en diciembre de 2017, pero está claro que en la situación actual, gobernar no va a ser fácil. La economía sigue creciendo, pero las decisiones que debería adoptar un nuevo Ejecutivo son tan impopulares e incómodas (y, mientras más tiempo pasa, más difíciles de tomar se vuelven) que un Gobierno débil sólo va a ser una larga campaña electoral más.