Testigos de Taula declaran que oyeron hablar del 3% y de “pasar por ventanilla” para tener obras

Cuando Máximo Caturla, uno de los principales investigados en Taula, dejó de estar al frente de la empresa pública de la Generalitat creada para la construcción de centros educativos, a su sustituto le venían los empresarios a ofrecerle directamente en el despacho el 3% por las adjudicaciones. Al menos, esto es lo que asegura uno de los testigos del caso, un arquitecto que trabajó en esta sociedad pública (CIEGSA) durante diez años y que era el encargado de supervisar las obras.

“Decía que las empresas entraban en el despacho y le ofrecían el 3%, a lo que él se negaba, dando a entender que este era el modo habitual de proceder en la etapa anterior a su gestión”, declaró este testigo ante los agentes de la UCO en una declaración que está incorporada al sumario de la pieza principal de esta investigación sobre una presunta trama de cobro de comisiones. Esta misma persona asegura que también escuchó a jefes de obra diciendo que tenían que generar sobrecostes para compensar “lo que se pagaba en maletines”.

No es el único testigo que habla abiertamente del supuesto cobro de comisiones. Otro trabajador de CIEGSA manifestó a los agentes que se hablaba de que las empresas “pasaban por ventanilla”. A estas declaraciones se suma la de un trabajador de una de las firmas investigadas en la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. Este testigo manifestó ante la UCO: “Aunque no lo pueda demostrar porque era un acuerdo tácito, en la empresa se hablaba de que se conseguían las obras pagando comisiones ilegales”.

Los investigadores sostienen que la construcción de colegios e institutos, y las consiguientes mordidas, fue una parte muy importante de esta supuesta trama dirigida a financiar al PP y por el propio enriquecimiento de los participantes, entre ellos, el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, que estaría en la cúspide. De hecho, un informe de la UCO concluye que Rus habría orquestado el cobro de comisiones en la empresa pública de la conselleria de Educación como su vía de financiación para alcanzar la Diputación. Él lo niega y asegura que Marcos Benavent, el yonqui del dinero, presunto recaudador del PP de Rus y comisionista arrepentido, miente. Los testigos, por su parte, han narrado las “presiones” que sufrieron desde que Caturla llegó a CIEGSA y las sospechas del trasiego de maletines.

Así, el arquitecto que trabajó durante diez años en la sociedad explica que, en la "era Caturla", las empresas licitaban constantemente con una baja del 16% y que luego había presiones, tanto por parte de las empresas como de los nuevos responsables de CIEGSA, para compensar esa bajada. La forma de hacerlo, dice, era mediante un modificado de obra “que normalmente venía impuesto de Conselleria”. Este trabajador avisó de que se podía penalizar a las empresas por los incumplimentos pero nunca se hizo. También relató ante los agentes que recuerda haber escuchado “en ocasiones” a los jefes de obra de las empresas “que tenían que generar sobrecostes para compensar lo que se pagaba en maletines”.

Este testigo cuenta que las presiones e irregularidades eran tales que llegó un momento en que los técnicos comenzaron a aprobar proyectos utilizando el término “aparentemente”. Y que, cuando se marchó Caturla y llegó su sustituto, a éste le iban los empresarios al despacho a ofrecerle el 3%.

Despedido tras negarse a un sobrecoste

Otro extrabajador de CIEGSA que fue despedido por negarse a autorizar un sobrecoste a una firma vinculada a Cotino, también ha contado a la UCO que escuchó la expresión “pasar por ventanilla”. Este testigo fue despedido en 2005, según dijo, el día después de una reunión con Caturla y el representante de Sedesa, Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino) en la que le pidieron aumentar en 600.000 euros una adjudicaición. Se negó y al día siguente, explica en su declaración ante la Guardia Civil, fue despedido. Que cuando fue despedido, recibió llamadas de empresas y arquitectos que le transmitían su alegría porque de repente y de forma generalizada tenían un 10% más de gasto autorizado.

Es llegados a este punto cuando este testigo explica a la UCO que relaciona este cambio “con la información que le llegaba de que se estaba haciendo pasar por ventanilla por segunda vez a determinadas empresas”, y que eso era lo que le llegaba por “comentarios coloquiales de los propios empresarios”.

"En Fontanars, hierba, por mis huevos"

Son viarios los extrabajadores que han relatado presiones e interferencias en los procesos de adjudicación de colegios en la Comunidad Valenciana. Pero este trabajador despedido tras negarse a autorizar el sobrecoste ha aportado a la investigación las anotaciones que realizó en dos de las primeras reuniones que Caturla mantuvo con el personal cuando llegó a la consellería y a CIEGSA. En una de ellas se lee que, según el escrito, Caturla les dijo: “En esta empresa manda el conseller, y el conseller hace lo que le sale de los cojones, y si alguien no está de acuerdo, dimite, se le da un cheque y en paz (…) Y cuando el conseller no está, mando yo”. También anotó de esa reunión que el investigado dijo que “se iba a primar a las empresas valencianas frente a las extranjeras”.

De la otra reunión anotó varias cosas. La primera, que todos los concursos y obras recaían sobre una persona que se trajo Caturla, y que esto iba a ser así “por cojones y por mis huevos”. Otra anotación: “La baja de Sedesa no es temeraria, (lo digo)”. También escribió: “Fontanars, hierba, “por mis huevos”.

Cuando le preguntan por el significado de esta última frase, el extrabajador explica que Máximo Caturla era concejal de Fontanars dels Alforins y que se “empeñó” en poner césped artificial en aquel colegio, cuando en realidad no se ponía en ninguno por lo costoso que resultaba.

Más quejas. Otro trabajador acudió directamente al expresiente del Consell, Fancisco Camps, a decirle que antes de que llegara Caturla las cosas se hacían bien. Según la declaración que se recoge en el sumario, Camps le respondió que estuviera tranquilo, que Máximo Caturla era un buen amigo suyo. Antes ya se había quejado ante el conseller de que los colegios “eran muy lujosos”, mientras no se estaba restaurando ningún centro. En esta ocasión, la respuesta fue: “El programa de la consellería es así”.

Cambios para controlar los contratos

Todos los testigos interregados en la investigación sobre las comisiones en CIEGSA han explicado cómo, con la llegada de Caturla, se hicieron cambios en la estructura de forma que los concursos y adjudicaciones estaba controlado por este grupo de cuatro trabajadores. “Cuando Máximo Caturla llegaba, los cuatro técnicos le tenían preparado a lo largo de una mesa redonda todas las certificaciones de obra, él entraba y las iba firmando alrededor de la mesa mientras los técnicos las sujetaban, sin hacer ningún tipo de comprobación”, dice este extrabajador que explica a los agentes que Caturla estaba bajo la dependencia de Alfonso Rus desde que éste le prometió que si ganaba la Diputación en 2007 le nombraría como su número dos.

La UCO sostiene que esta presunta trama de financiación ilegal del PP en la CIEGSA juega un papel destacado, estaría orquestada a nivel provincial por Alfonso Rus y siendo “ineludible” la participación de Caturla junto con Benavent.

Por otro lado, los investigadores también cuentan con testigos que hablan del 3% en el lado de las empresas que figuran como las que presuntamente pagaron estas comisiones. Un ingeniero de Construcciones Luján (cuyo presidente fue uno de los detenidos) ha manifestado ante la UCO que en la empresa “se hablaba de que se conseguían las obras pagando comisiones ilegales”, si bien no lo puede probar porque era un “acuerdo tácito”. Este testigo afirma además que la comisión solía rondar el 3%.

Esta empresa figura entre las sospechosas de haber pagado mordidas a cambio de contratos en CIEGSA. La firma ha facturado además para la Diputación de Valencia y su sociedad Imelsa (otro de los focos del presunto cobro de comisiones, además de contrataciones irregulares), y del Ayuntamiento de Xàtiva. La empresa figura también entre las que hicieron pagos al club de fútbol que presidía Alfonso Rus, según un informe de la UCO.