El Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido inadmitir la querella presentada por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, contra el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firmó el informe en el que se le vinculaba en la 'operación Taula'.
"Queda acreditado que el comportamiento del denunciado agente de la UCO al redactar el informe del 18 de enero de 2016, remitido al Juzgado de Instrucción número 18, no es constitutivo de ilícito penal y, en concreto, de los delitos que le imputa el denunciante, no siendo reprochable su conducta y por eso procede el archivo de las presentes actuaciones", dice la resolución dictada por la jueza María del Carmen García Mingo a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El citado informe le relaciona con el cobro de mordidas procedentes contratos adjudicados por CIEGSA y que el ex presidente marcaba el criterio de funcionamiento o control sobre las adjudicaciones. Camps acusaba al agente que firmó ese informe de prevaricación, falsedad en documento oficial y calumnias, argumentos que han sido rechazados ahora por la jueza.
“Vamos a ver, o aquí el Presidente -Camps- (…) marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterales”. Esta frase, una de las que aparecen en las grabaciones de la 'operación Taula', forma parte de una conversación entre el autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, y Máximo Caturla, uno de los presuntos recaudadores de comisiones en la empresa de infraestructuras educativas de la Generalitat (Ciegsa). Y es esta conversación la que ha llevado a los investigadores a hablar de un conflicto entre dos partes del PP valenciano y de “intereses cruzados” en el cobro de comisiones.